El diario El Espectador ha publicado un artículo en el cual evalúan la hipótesis de que la principal organización abortista del país, Profamilia, esté haciendo negocio con la venta y administración de medicamentos anticonceptivos, razón por la cual estarían en oposición a que el Ministerio de Salud regule sus precios. Lo sorprendente no es lo segundo, cosa que hemos afirmado desde los inicios de este proyecto, sino que El Espectador haya sido capaz de admitir tal hipótesis que cuestiona su radical agenda anti-vida.
El Ministerio de Salud ha emprendido una política de control de precios de los medicamentos en la cual ha entrado en conflicto con varias farmacéuticas, y si existe un rubro que para los laboratorios es la gallina de los huevos de oro, es el de los anticonceptivos. En efecto, mientras la inmensa mayoría de los productos farmacéuticos están hechos para una demanda eventual, la anticoncepción convierte en “enfermedad” el funcionamiento natural del cuerpo femenino, haciendo que cada mujer en edad fértil sea una posible compradora todos los meses.
No por nada, Profamilia consiguió vender más de 43.700 millones de pesos en anticonceptivos en 2016, gracias a un acuerdo con Bayer que le permite vender el 70% de los anticonceptivos y abortivos que ellos producen, diez de los cuales son vendidos exclusivamente por Profamilia. Como hemos señalado en otras oportunidades, Profamilia obtiene rédito de absolutamente todos los “servicios” que presta, particularmente la anticoncepción y el aborto, que suman el 56% de sus ingresos.
No se entiende ahora, que El Espectador pretenda darse por sorprendido de que Profamilia se rehúse a perder sus millonarios ingreso por cuenta de la venta de anticonceptivos, cuando ha dado toda clase de muestras de su total afán de lucro. En 2015 pidió por ejemplo, que el Misoprostol dejara de ser un medicamento de control especial, y como si no fuera ya suficiente, en el pasado mes de abril el Movimiento de Católicos Solidaridad encontró que Profamilia, en alianza con la Universidad de los Andes, habían interpuesto una demanda de constitucionalidad para que la Corte autorizara la compraventa de órganos y tejidos de bebés abortados, el mismo negocio de su filial americana Planned Parenthood.
