ALERTA: Congresistas quieren crear una “Comisión de la Verdad” para investigar abusos en el clero

Un grupo de 11 congresistas de izquierda, han presentado el Proyecto de Ley 331 de 2026 Cámara con el fin de crear una “Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y  reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”. El proyecto busca crear un órgano adscrito a la Defensoría del Pueblo con el fin de investigar a la Iglesia Católica y producir documentos que soporten una narrativa de señalamiento y acusación a la Iglesia Católica como “entorno especialmente propicio para los abusos”.

Los autores del proyecto son los congresistas Laura Isabel Vera Zapata (Pacto Histórico), María Fernanda Carrascal Rojas (Pacto Histórico), Mauricio Andrés Toro Orjuela (Alianza Verde), Alix Yirley Vargas Torrado (Partido Liberal), Andrea Padilla Villarraga (Alianza Verde), David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), Deyci Alejandra Omaña Ortiz (Pacto Histórico), Jennifer Dalley Pedraza Sandoval (Dignidad & Compromiso), Kamelia Edith Zuluaga Navarro (Pacto Histórico), Luis Carlos Rúa Sánchez (Alianza Verde), Sandra Claudia Chindoy Jamioy (Pacto Histórico).

Esta es la segunda vez que se presenta esta misma iniciativa, luego de que la presentada en la anterior legislatura fuera archivada por falta de trámite. Frente a la versión anterior, le han corregido la adjudicación de competencias correspondientes a los órganos judiciales y se han eliminado ciertas acusaciones temerarias que carecían de ninguna fundamentación. Sin embargo, los elementos esenciales del proyecto se mantienen, y son los que aseguran la ausencia total de verdad como intención de los proponentes.

En primer lugar, los congresistas pretenden estar atendiendo una problemática que no son capaces de demostrar. En la exposición de motivos se presentan algunas cifras acerca del abuso sexual infantil, así como el informe de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño 2026, y los datos aportados por la Fiscalía General de la Nación sobre personas indiciadas por delitos sexuales bajo la etiqueta “religioso” como profesión. Sin embargo, tanto los datos aportados por el ICBF como los de la Fundación PLAN, evidencian la irrelevancia estadística del abuso por parte de clérigos o religiosos frente a la problemática del abuso sexual infantil en Colombia: Frente a más de 75.000 casos de delitos sexuales contra menores entre 2022-2025, la Fiscalía reporta 110 religiosos procesados por delitos sexuales entre 2006-2026, englobando indiciados, investigados, en juicio o condenados.

Los congresistas, a pesar de que en el artículo 1 afirman que el proyecto se aplica “a todas las confesiones religiosas con presencia en el territorio nacional (…) sin distinción de jerarquía o denominación”, y en artículo 4 hablen de “Enfoque de laicidad y neutralidad estatal”, apuntan directamente a la Iglesia Católica como objetivo de sus investigaciones. En el propio artículo 1 se habla de “instituciones, comunidades, diócesis, arquidiócesis, congregaciones o entidades vinculadas”. En el artículo 5 se mencionan los “archivos eclesiásticos” y se faculta a la Comisión para “acceder a instalaciones de instituciones religiosas o clericales”. No se utilizan para tales enumeraciones sino exclusivamente las denominaciones que corresponden a la religión cristiana en general, y a la estructura jerárquica de la Iglesia Católica en particular. De igual modo, en la exposición de motivos se menciona únicamente a la Iglesia Católica como ejemplo de confesión religiosa investigada por abusos sexuales.

El propósito de la Comisión es la sistematización de la información con el fin de elaborar un informe sobre el abuso sexual en contextos religiosos, es decir, justificar la existencia del problema que, en principio, le da origen. No es, por tanto, posible esperar por parte de la Comisión ninguna objetividad o imparcialidad en la determinación de unos hechos de los cuales depende la justificación de su propia existencia y actividad. Si la tal comisión encontrara que no existe una problemática significativa de abuso sexual en contextos religiosos, tendría que admitir que gastaron en vano el dinero de los contribuyentes durante cinco años. Por el contrario, el artículo 10, que establece la anterior vigencia, también prevé que “podrá ser prorrogada por el mismo tiempo, siempre que no se haya cumplido el objetivo e intención principal de la creación de la Comisión”.

De ahí, que los congresistas partan de una cierta “presunción de culpabilidad”, por ejemplo, al echar en un mismo saco a sacerdotes denunciados, investigados y condenados, o al crear incentivos para la denuncia a través del artículo 13. Tales informes, registros y demás documentos producidos por la Comisión tendría, según el artículo 12 del proyecto, “valor de prueba trasladada en los incidentes de reparación integral”, lo cual apunta a la creación de megaprocesos, similares a los ocurridos en los EE.UU. contra la Iglesia Católica o lo Boy Scouts en los cuales se da por descontada la culpabilidad de la institución, se reúne a miles de personas que se declaran como víctimas en el proceso, para repartir los fondos de reparación que terminan en su mayoría en manos de las firmas de abogados.

En anteriores ocasiones hemos recalcado que la Iglesia, y especialmente el alto clero, necesitan una purificación. Hemos además reconocido que la Iglesia debe ser considerada legalmente responsable cuando se demuestra el encubrimiento de abusos sexuales. Sin embargo, proyectos como éste no prometen ni de lejos el conocimiento de la verdad, lo cual sólo puede esperarse de un proceso judicial con todas las garantías tanto para las víctimas como para los acusados, sino que únicamente buscan establecer una narrativa que fundamente una agenda política prestablecida. Si a principios de año, el proyecto 315/2025 Cámara contaba con el respaldo del gobierno Petro, esperamos que con el cambio de administración el gobierno de De la Espriella retire el apoyo al mismo.

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Editorial: La neutralidad religiosa no existe

Tal y como habíamos advertido en nuestro editorial del pasado 24 de junio, no se puede ser proclamar a Cristo Rey y a la vez declararse leal a la Constitución Política de 1991, la cual fue concebida como instrumento ideológico para la secularización de la sociedad colombiana. Ya a menos de un mes de su posesión presidencial, Abelardo de la Espriella ha tenido que enfrentar esa contradicción, pues un juez le acaba de ordenar que pida disculpas públicas por “violar la neutralidad religiosa del Estado”, así como expedir una directiva presidencial para ordenar a todos los servidores públicos el abstenerse de actos semejantes.

No vamos a ahondar en la oposición esencial entre la agenda ideológica desplegada a partir de la Constitución y la restauración moral y espiritual de la nación colombiana. No se puede esperar que al mantener el tronco intacto, nos vayamos a librar de sus perniciosos frutos. Quisiéramos detenernos en lo que significa ese supuesto principio de la “neutralidad religiosa del Estado”, en virtud del cual se pretende expulsar a Cristo y a la virgen María de la esfera pública.

La idea de la “neutralidad religiosa del Estado” fue formulada por la Corte Constitucional, precisamente en la sentencia a partir de la cual se rechaza la Consagración Oficial de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Según la Corte, la neutralidad del Estado frente a todas las religiones es la única forma de garantizar la igualdad entre todas las religiones. Así, cualquier manifestación a favor o en contra de una confesión religiosa determinada, violaría la imparcialidad del Estado.

Para la Corte, la tal neutralidad no puede garantizarse con la participación, en igualdad de condiciones, en múltiples actos de diferentes confesiones religiosas, como la “oración multirreligiosa” llevada a cabo en la posesión presidencial, en la cual participaron un obispo y un presbítero católicos, un pastor protestante y un rabino judío:

Por ello no es de recibo el argumento, según el cual la norma impugnada mantendría una igualdad de oportunidades entre todas las religiones, porque en el futuro cualquiera de ellas podría obtener también una consagración oficial de similar naturaleza. Ese criterio desconoce, de un lado, que una consagración religiosa oficial presenta un cierto sentido de exclusividad debido al carácter orgánico que tienen las creencias religiosas, por lo cual no podría un Estado consagrarse oficialmente a varias confesiones religiosas sin incurrir en decisiones contradictorias. Pero, incluso si se aceptara  que esas múltiples consagraciones son posibles, el argumento no es válido porque parte de un supuesto equivocado: considera que el pluralismo del Estado colombiano en materia religiosa es el resultado de una especie de competencia entre todas las religiones por acceder a los privilegios del Estado, cuando lo cierto es que tal pluralismo supone y deriva de la neutralidad estatal en esta materia. Sólo de esa manera se garantiza la autonomía, la independencia y la igualdad de todas las confesiones religiosas. Por ello los poderes públicos no pueden hacer manifestaciones públicas en favor o en contra de alguna confesión religiosa. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido. (Corte Constitucional, C-350/94, 7)

En este punto, puede verse con claridad como la pretendida “neutralidad” del Estado salta de la “imparcialidad” a la total “neutralización”. No se admite siquiera la presencia simultánea de diferentes confesiones religiosas, que la Corte acusa como contradictoria, sino que se exige la extinción de toda presencia de lo religioso en el ámbito del poder público.

Nótese la gran deshonestidad de la Corte, pues al señalar que “una consagración religiosa oficial presenta un cierto sentido de exclusividad debido al carácter orgánico que tienen las creencias religiosas” está admitiendo que la fe no es simplemente una preferencia personal, como podría ser la elección de una carrera, la práctica de un deporte o el gusto en términos gastronómicos. La cuestión sobre Dios es también la cuestión sobre el hombre: Su naturaleza, su razón de ser, su propósito en este mundo, su destino último. No puede separarse la fe de la Moral, de la idea de lo que es bueno o malo para la vida del ser humano. O como dijo en su momento el jurista español, Juan Vásquez de Mella:

El Estado neutro y el maestro neutro son dos formas de la irracionalidad, pues el hombre normal afirma, niega o duda, porque piensa y no declara en huelga el entendimiento en presencia de la realidad que interroga. El Estado que se declara neutral en todas las cuestiones que más interesan al  hombre, diciendo que ignora la verdad en Religión o en Moral, y, por lo tanto, en los fundamentos del Derecho, es un Estado que se jubila a sí propio, declarándose inepto para gobernar. (Obras Completas, Vol. 2, Págs. 343-344)

La Corte acierta al reconocer que es absurdo que el Estado participe al mismo tiempo de diferentes oraciones o celebraciones de diferentes religiones. Pero debería admitir igualmente que es absurdo que el no participar en ninguna sea garantía alguna de neutralidad. Si otorgarle un lugar de honra a la Santísima Virgen en los actos públicos es una declaración práctica de Catolicismo, ¿Qué es el vaciamiento de Dios que pretende la Corte sino una declaración práctica del ateísmo?

Esa es la deshonestidad, revestida de “neutralidad”, es la que ostentan los demandantes que atacan la realización de una oración en la posesión presidencial, a la vez que callaron cuando el presidente Petro tuvo en 2022 su “posesión espiritual” con rituales indígenas, o cuando la justicia se negó a exigir retractaciones al Presidente al blasfemar contra Jesús y María Magdalena.

No existe la neutralidad moral ni religiosa del Estado. Cada acción o decisión del Estado, cada ley expedida, cada acto de gobierno, emanan de una concepción metafísica de lo que es el ser humano y de lo que es bueno o malo según esa concepción. Detrás de la neutralización de la religión en la vida pública se esconde el propósito de sustituir los fundamentos metafísicos del orden social colombiano, por otros importados de la teología liberal: El non serviam (“no serviré”) que inauguró la rebelión de Lucifer ante Dios.

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Editorial: El Catolicismo contra el Rosario de hombres

"cum ergo venerit dominus vineæ quid faciet agricolis illis; ajunt illi malos male perdet et vineam locabit aliis agricolis qui reddant ei fructum temporibus suis." Mt. 21, 40-41.

El diario El Catolicismo, órgano oficioso de la Arquidiócesis de Bogotá, ha publicado un Editorial en el cual critica la iniciativa de convocar al rezo público del santo rosario a modo de protesta contra la persecusión anticristiana impulsada por gobiernos como el de Claudia López en la alcaldía de Bogotá, autor intelectual del cierre del oratorio en el aeropuerto El Dorado, o el nacional de Gustavo Petro que amenaza por cerrar la capilla del Congreso de la República. El articulo, que recuerda a una reciente publicación del medio estadounidense The Atlantic que comparaba la camándula de los católicos con el rifle de asalto AR-15, pretende alertar sobre una tendencia nociva en la movilización política del laicado católico, pero termina convirtiéndose en síntoma autoevidente de la necesidad de tal movilización, dada la orfandad del pueblo católico por la negligencia palpable del clero, que reniega de aquello que ha prometido mantener y transmitir.

“Convirtieron el Rosario en un arma de protesta”, dijo recientemente un prelado, viendo las imágenes de unas personas situadas en la calle para protestar contra algo que no era de su agrado. Y es cierto. Se ha convertido en una especie de hábito el que algunos católicos se agrupen ante instituciones, clínicas, edificios estatales y, camándula en mano, expresen su protesta por una u otra cuestión. Aunque hay que reconocer la valentía de situarse en la calle para levantar la voz de protesta cuando hay ofensas a la religión y a la Iglesia, cabe preguntarse si una oración como la del Rosario fue diseñada para tal fin, pero, sobre todo, si esos plantones generan a la larga algo positivo o una mayor repelencia con la fe y la Iglesia.

Parece olvidar el anónimo prelado, citado por el medio, que la analogía bélica con la vida cristiana es utilizada desde el mismo San Pablo: "Tomad, también, el yelmo de la salvación y la la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios; siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos." (Ef. 6, 17-18.) Si les repugna a los prelados que los católicos tomen el rosario como arma, es porque han olvidado que “la vida del hombre en la tierra es milicia” (Job 7, 1.) y les preocupa el agrado o desagrado del Mundo que la gloria de Dios (Jn 5, 44.). En efecto, si Cristo se hubiera preocupado jamás por la repelencia que sus palabras pudieran causar en el público, no habría dicho una sola, ni habría hecho milagros en sábado, y, en fín, habría hecho todo lo posible por evitar su crucifixión. Los apóstoles habrían callado la resurrección de Cristo, dada la repelencia del Sanedrín, Pablo habría callado la predicación ante la repelencia de los atenienses, y el Evangelio, en resumen, habríase extinguido ante la repelencia producida en las autoridades romanas.

El editorial parece reconocer que el enmudecimiento acomodaticio del clero sólo ha producido repelencia por parte de los fieles laicos, que de un momento a otro se han visto pastoreados por mercenarios. “Hoy en día se ha visto un despertar notable de los laicos para ser la voz de protesta de la Iglesia pues a veces consideran las intervenciones de los pastores muy genéricas y diplomáticas, sin efectos reales sobre ciertos problemas por solucionar.” pero acto seguido nos da justamente la razón de tal abandono de funciones por parte de los pastores: “Sin embargo, pareciera que hoy en día la Iglesia tiene que ser la abanderada del diálogo en todo momento, pero sobre todo en cuestiones problemáticas que causan tensiones”.

¡Omnipotente mantra del “diálogo”, que habría salvado a Cristo de la crucifixión y librado a los Apóstoles del martirio! ¡Qué lástima que en la primitiva Iglesia apostólica no hubiesen conocido su poder disolvente (¿Cuántas veces aparece la palabra en el Evangelio?)! Gracias al novísimo descubrimiento del diálogo podemos lograr que el Evangelio y el antievangelio se  sintetizen en un nuevo paradigma que no sea una cosa ni la otra pero que parezca ambas a la vez. ¡Tarde llegaron a la Iglesia los apóstoles Hegel y Habermas a enseñarnos que el diálogo exige la determinación mutua de las partes dialogantes, y exige por lo tanto la disposición a la indeterminación permanente (pues las verdades no se dialogan)!

El diálogo es la antítesis de la evangelización. Los Hechos de los Apóstoles dan cuenta de las múltiples conversaciones que tuvieron al predicar el Evangelio. El corpus riquísimo de los apologetas no es más que la compliación de las discusiones que sostuvieron contra aquellos que sentían “repelencia con la fe y la Iglesia”. Empero, nunca ninguno de ellos renunció a afirmar la verdad del Evangelio y la necesidad de la Fe católica para la salvación de las almas, ni cambiar sus palabras por miedo al rechazo y la repelencia.

Podrá creer el lector que me excedo al oponer el espíritu de diálogo con la evangelización, y presumir en el editorialista tal negación del mandato evangélico. Afortunadamente, a confesión de parte, relevo de prueba, y no es sino escuchar al mismo autor para verificar tal antonimia (negrillas nuestras):

Por eso, insistimos, el diálogo para crear, fortalecer o sanar vínculos de la fe y la sociedad, o la fe y las instituciones, o la fe y el Estado, debe ser la herramienta –no arma- para lograr acuerdos benéficos para que los creyentes puedan vivir su fe en medio de la sociedad sin mayores inconvenientes. La Iglesia toda debe ser conciente de que estamos en un mundo cambiante y que se hace necesario encontrar las formas adecuadas para continuar su misión en todas partes. En Colombia, la Constitución y las leyes admiten y protegen los derechos religiosos de las personas y en ese marco hay que actuar.

Así como lo leen: No se trata de que los católicos pretendan que toda la sociedad colombiana vuelva al seno de la Iglesia, "que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre." (Flp. 2, 11), se trata de que nos acomodemos a ser un ingrediente más del decorado multirreligioso del “Estado laico”, una alternativa más en el menú de la Libertad Religiosa. Estamos en un mundo cambiante, y ya no son los tiempos en que la Iglesia guiaba al mundo, sino que ahora la Iglesia ha de dejarse guiar por el Mundo. Se trata de dejar que el mundo cambie y “progrese” en su carrera precipitada al abismo, si así lo pide la Constitución y la ley, mientras nos dejen tranquilos vivir “nuestra fe” (en minúscula claro, porque el posesivo indica que no es la virtud teologal de ‘la Fe’, sino una mera opción particular) sin “inconvenientes” (imposible leerlo sin la voz del personaje de Thomas Cromwell en Un hombre para la eternidad).

Que el Estado permita el “matrimonio” entre personas del mismo sexo, mientras nos dejen celebrar nuestro matrimonio religioso. Que legalicen el aborto, pero que no lo obligen a los médicos y hospitales católicos. Que eliminen toda expresión pública y oficial de la Fe católica, que ordenen el cierre de las Iglesias y pretendan dictar la forma en que se ha de celebrar el rito y repartir los sacramentos (Duque fecit),  pero eso sí (¡horror!) que no le vayan a cobrar impuestos al clero. No es fortuito que el editorial reproduzca la línea marcada previamente por lo medios estadounidenses: Estamos ante la vieja heterodoxia del Americanismo contra la que advirtió León XIII:

El fundamento sobre el que se fundan estas nuevas ideas es que, con el fin de atraer más fácilmente a la sabiduría católica a aquellos que disienten de ella, la Iglesia debe acercarse un poco más a la humanidad de este siglo ya maduro, aflojar su antigua severidad y hacer algunas concesiones a los gustos y opiniones recientemente introducidas entre los pueblos. Muchos piensan que estas concesiones deben ser hechas no sólo en asuntos de disciplina, sino también en las doctrinas que conforman el "depósito de la fe". Ellos sostienen que sería oportuno, para ganar las voluntades de aquellos que disienten de nosotros, omitir ciertos puntos de la doctrina como si fueran de menor importancia, o moderarlos de tal manera que no conservarían el mismo sentido que la Iglesia constantemente les ha dado. (…) No puede en absoluto considerarse como carente de culpa el silencio con el que ciertos principios de la doctrina católica son intencionalmente omitidos y oscurecidos con un cierto olvido. Pues uno y el mismo es el Autor y Maestro de todas estas verdades que son abrazadas por la disciplina cristiana: «el Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre» (Jn 1,18). Estas verdades son adecuadas para todos los tiempos y todas las naciones, como se ve claramente por las palabras de Nuestro Señor a sus apóstoles: «Id, pues, y enseñad a todas las naciones; enseñándoles a observar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,19). Testem Benevolentiae Nostrae.

Pues, sin oposición por parte de la Constitución del Estado, sin impedimento alguno por parte de la ley, defendida contra la violencia por le derecho común y por la justicia de los tribunales, le ha sido dada a vuestra Iglesia una facultad de vivir segura y desenvolverse sin obstáculos. Pero, aun siendo todo esto verdad, se evitará creer erróneamente, como alguno podría hacerlo partiendo de ello, que el modelo ideal de la situación de la Iglesia hubiera de buscarse en Norteamérica o que universalmente es lícito o conveniente que lo político y lo religioso estén disociados y separados, al estilo norteamericano. Pues que el catolicismo se halle incólume entre vosotros, que incluso se desarrolle prósperamente, todo esto debe atribuirse exclusivamente a la fecundidad de que la Iglesia fue dotada por Dios y a que, si nada se le opone, si no encuentra impedimentos, ella sola, espontáneamente, brota y se desarrolla; aunque indudablemente dará más y mejores frutos si, además de la libertad, goza del favor de las leyes y de la protección del poder público. Loginqua Oceani.

Hay otros liberales algo más moderados, pero no por esto más consecuentes consigo mismos; estos liberales afirman que, efectivamente, las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la vida y la conducta del Estado; es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. De esta noble afirmación brota la perniciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. Es fácil de comprender el absurdo error de estas afirmaciones. Libertas Praestantissimum.

El Americanismo, versión sibilina y disimulada del Liberalismo de tercer grado, pretende que la Iglesia abrace la libertad liberal de cultos, y abandone su pretensión acerca de la Constitución católica de los Estados; que ante el temor del laicismo agresivo, que proscribe toda religión, abracemos la “laicidad” positiva, que promueve la pluralidad de religiones. Es ese mismo Americanismo el que se ha implantado en Colombia con la Constitución de 1991 como proyecto político neutralizador del Catolicismo en la sociedad colombiana, y que, como lo evidencia el artículo, se ha instalado en el clero colombiano para convencerlo de la Fe no es lucha sino tranquilidad, y no hay que alborotar el avispero mientras nos dejen facturar en paz.

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