Catalina Giraldo Silva es una psicóloga bogotana de 30 años. Ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Su solicitud de eutanasia fue rechazada por el hecho de que su diagnóstico no es terminal ni incurable. Por eso a través de tutela reclama el suicidio asistido, aspirando que la Corte Constitucional permita ahora que los problemas de salud mental sean considerados causa válida.
La depresión es la enfermedad mental más frecuente en Colombia: Afecta al 4,7% de la población (mayor que el promedio mundial de 3,8%), lo que equivale a más de 2,5 millones de personas. Los trastornos de ansiedad son aún más comunes: El 19,3% de la población entre 18 y 65 años reporta haber tenido algún trastorno de ansiedad en su vida. En los últimos cinco años, más de 2,28 millones de colombianos han sido diagnosticados con ansiedad. Y el trastorno límite de la personalidad (TLP), tiene una prevalencia en Colombia del 2,1%, una de las más altas de Latinoamérica.
La solicitud, por tanto, supone abrir la puerta a la masificación de la eutanasia y el suicidio asistido. De hecho, quienes han fabricado su caso, el Lobby DescLAB, ya ha declarado que el caso busca sentar un precedente para que "la muerte digna" sea accesible para personas con padecimientos mentales. Lucas Correa, el abogado de la psicóloga, Ex-becario del Programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Open Society Foundations (Conocido instrumento del magnate George Soros para impulsar el progresismo y el globalismo a nivel internacional) y fundador del Lobby, ya ha declarado a Infobae que “el caso de Giraldo podría establecer un precedente histórico en Colombia, al estructurar un marco legal que permita a los pacientes acceder a esta opción de manera segura y regulada." A confesión de parte, relevo de prueba: Catalina Giraldo sólo es el instrumento útil al lobby homicida DescLAB, que ya participó de la demanda que llevó a la despenalización del suicidio asistido en C-164 de 2022, para extender su uso de forma masiva. En sus propias palabras, “El requisito es tener una enfermedad grave e incurable y la mayoría de las enfermedades mentales clasifican como enfermedades graves e incurables.”
El reciclaje de la retórica sentimentaloide que ya han utilizado en casos como el del aborto es tan obvio, que ni siquiera temen caer en el absurdo: “Nosotros decimos, con conocimiento de causa, que las personas que se van a quitar su vida, porque tienen ideas suicidas, terminan haciéndolo de manera solitaria, insegura y desprotegida”, dijo el lobbista Correa. En el caso del aborto se recurría al mito de los “abortos inseguros”, argumentando que las mujeres podían morir al asesinar a sus hijos por fuera del sistema de salud, pero en el caso del suicidio ¿Qué es un “suicidio inseguro”? El resultado es exactamente el mismo, tanto para el suicida como para sus familias. Lo que buscan organizaciones como DescLAB es que la eutanasia y el suicidio se conviertan en “procedimientos” que puedan prescribirse a los millones de personas que sufren algún tipo de enfermedad mental.
Ahora que la tutela ha sido seleccionada para revisión por la Sala Octava de la Corte Constitucional y la ponencia asignada a la magistrada Paola Meneses, Correa reclama que la magistrada se declare impedida para conocer el caso por haberse pronunciado en contra del suicidio asistido en el salvamento de voto a la Sentencia C-164 de 2022. Según el lobby homicida, la magistrada no es imparcial para conocer y juzgar el caso, debido al anterior pronunciamiento. Sin embargo, lo mismo podría decirse de todos los magistrados que participaron de la discusión en torno de la misma sentencia. La imparcialidad aplica en las dos vías, tanto respecto de los que se pronunciaron en este sentido, como en el contrario, como los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Natalia Ángel Cabo.
Lo que se quiere es ocultar el hecho de que la propia demanda acaba por demostrar en la práctica lo que la magistrada Meneses advertía en su salvamento de voto:
No existe razón alguna que legitime servir como facilitador, llevando a la víctima (quien se suicida) a gestionar su muerte. El que con inducción o ayuda efectiva se suicida, no actúa bajo parámetros de autonomía o autodeterminación que le permitan hacerse responsable exclusivo de su muerte. La voluntad del ejecutor está diezmada por la maniobra inductiva o colaborativa, actuando de manera enceguecida y conducida por quien de manera consciente facilita lo suficiente para garantizar la muerte.
En verdad, no existe consentimiento del suicida en la medida en que no es autónomo en la decisión y ejecución para consumar su muerte. Es el sujeto activo del delito de ayuda al suicidio quien teniendo plenas facultades termina imponiendo su voluntad, si se quiere menesterosa o solidaria algunas de las veces, llevando de la mano a su víctima al precipicio de la muerte. Estas circunstancias justificaban la preservación del juicio de reproche penal, y de ninguna manera la condición asociada a una actividad como la medicina convalida y hacen acorde a los principios y valores que defiende la Constitución Política, la inducción, ayuda o apoyo efectivo para incentivar, materializar o promover la muerte; efecto que termina por derivarse del sentido del fallo adoptado.
Precisamente a lo que se dedica un Lobby como DescLAB: Aprovecharse de personas en condición de vulnerabilidad psicológica para inducirlas a solicitar la eutanasia y el suicidio asistido. La Open Society Foundations, que George Soros le ha heredado a su hijo Álex Soros, ha destinado 45 millones de dólares a proyectos para promover la eutanasia y el suicidio asistido en el mundo, y DescLAB no es más que su tentáculo en Colombia. Si toda la argumentación en favor de la eutanasia y el suicidio asistido gira en torno de la autonomía de la voluntad, resulta obvio que una afectación psicológica como el trastorno depresivo vicia de raíz el consentimiento exigido, pues de ningún modo puede considerarse libre. Como dice el mismo alfil de Soros, “Esta es una carrera porque Catalina no cometa suicidio de manera violenta”, como si la violencia dejase de serlo por vestirse de bata blanca.
