Editorial: ¿No es provida la Iglesia Católica?

El pasado 2 de octubre, el Papa León XIV respondió a unos periodistas que le preguntaban sobre el otorgamiento de una condecoración a un político abortista por parte del arzobispo de Chicago Blaise Cupich:

"Alguien que dice 'Estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la pena de muerte' no es realmente provida", sentenció el pontífice. Luego, añadió una crítica directa al trato de otros grupos vulnerables: "Alguien que dice 'Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos', no sé si eso es ser provida".

El argumento no es nuevo, hace parte del argumentario habitual del sector progresista del episcopado estadounidense para justificar su complacencia con los políticos abortistas, al afirmar que la doctrina moral es como la túnica inconsútil de Cristo, que no puede fragmentarse en temas específicos, sino que debe ser tomada como un todo. Este argumento, curiosamente lejos de ser utilizado para defender en rigor la integridad de la moral católica, es esgrimido con la intención opuesta: minimizar el problema del aborto al ponerlo al mismo nivel que otras causas de “justicia social” como la inmigración, el desempleo, la pena de muerte, etc. El resultado no es el rigorismo sino el indiferentismo moral. Los obispos izquierdistas se excusan de no combatir el aborto, argumentando que los derechistas tampoco defienden las otras causas.

Esta postura, que el Papa León XIV ha hecho suya, ya fue desmentida por Benedicto XVI en su exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis:

83. Es importante notar lo que los Padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana- Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29). Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado.

En la cual recoge una idea que ya estaba presente en la Nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política:

Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos «los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio». Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad» exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.

Es de aquí de donde surgió el concepto de los “principios no negociables”, expresión algo desafortunada pues implicaría que hay otros principios que sí se podrían negociar, que esencialmente trata de expresar la realidad de que en las agendas políticas modernas se defiende la permisividad y la promoción de actos que son intrínsecamente perversos y contrarios al derecho natural. No hay punto de comparación entre defender el asesinato de un inocente y defender el control de la inmigración ilegal, o la licitud de la pena de muerte.

Ahora, es precisamente este último punto el que resulta de mayor gravedad, no sólo porque el Papa está poniendo al mismo nivel el asesinato deliberado de un ser humano inocente, con la ejecución, por parte de la autoridad pública, de un criminal condenado por la justicia, sino porque la licitud moral de la pena de muerte es algo que ha sido afirmado por la Iglesia a través de los siglos. Y no podría ser de otra manera, pues el mismo Jesús ante Pilato le recordó que la autoridad para sentenciar a muerte le había sido dada “de lo alto” (Jn 19, 11), y ya en la cruz, San Dimas reconoció que su condena muerte, a diferencia de la de Cristo, era justa y merecida (Lc 23, 41). Recordamos pues, algunos de los ejemplos más notables de reafirmación de esta doctrina infalible.

Haz el bien y recibirás sus alabanzas; de hecho, la autoridad es un ministro de Dios para bien tuyo; pero si haces el mal, teme, pues no en vano lleva la espada; ya que es ministro de Dios para aplicar el castigo al que obra el mal. (Romanos 13, 1-4).

Hay algunas excepciones, sin embargo, a la prohibición de no matar, señaladas por la misma autoridad divina. En estas excepciones quedan comprendidas tanto una ley promulgada por Dios de dar muerte como la orden expresa dada temporalmente a una persona. Pero, en este caso, quien mata no es la persona que presta sus servicios a la autoridad; es como la espada, instrumento en manos de quien la maneja. De ahí que no quebrantaron, ni mucho menos, el precepto de no matarás los hombres que, movidos por Dios, han llevado a cabo guerras, o los que, investidos de pública autoridad, y ateniéndose a su ley, es decir, según el dominio de la razón más justa, han dado muerte a reos de crímenes. (San Agustín. La Ciudad de Dios. Libro I, c. 21)

De la potestad secular afirmamos que sin pecado mortal puede ejercer juicio de sangre, con tal que para inferir la vindicta no proceda con odio, sino por juicio, no incautamente, sino con consejo. (Inocencio III, Profesión de fe propuesta a Durando de Huesca y a sus compañeros valdenses, Denzinger 795)

Pues toda parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y por ello cada parte existe naturalmente para el todo. Y por esto vemos que, si fuera necesaria para la salud de todo el cuerpo humano la amputación de algún miembro, por ejemplo, si está podrido y puede inficionar a los demás, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien: cada persona singular se compara a toda la comunidad como la parte al todo; y, por tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común; pues, como afirma 1Co 5,6, un poco de levadura corrompe a toda la masa. (Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica, II-II, q.64, a.2)

Esta clase de pecadores, de quienes se supone que son más perniciosos para los demás que susceptibles de enmienda, la ley divina y humana prescriben su muerte. Esto, sin embargo, lo sentencia el juez, no por odio hacia ellos, sino por el amor de caridad, que antepone el bien público a la vida de una persona privada. (Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica, II-II, q.25, a.6, ad 2)

Aun en el caso de que se trate de la ejecución de un condenado a muerte, el Estado no dispone del derecho del individuo a la vida. Entonces está reservado al poder público privar al condenado del «bien» de la vida, en expiación de su falta, después de que, por su crimen, él se ha desposeído de su «derecho» a la vida. (Pío XII, Discurso a los participantes en el I Congreso Internacional de Histopatología del Sistema Nervioso. Los límites morales de los métodos médicos, n. 28, en 13 de septiembre de 1952)

Así pues, el Papa León debería reconocer que, según sus criterios, la Iglesia Católica no es provida, o al menos no lo fue durante 2000 años, hasta que Francisco decidió modificar el Catecismo para sustituir la doctrina infalible de la Iglesia por sus opiniones políticas personales. Esta es la verdadera gravedad del asunto: Más allá de las consideraciones prudenciales acerca de la conveniencia de la aplicación de la pena de muerte en la actualidad (Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI la consideraban prácticamente innecesaria en la situación actual), la licitud moral de la pena de muerte es una verdad infalible que compromete a la escritura, a la Tradición Apostólica y al magisterio solemne de la Iglesia. Afirmar que la pena de muerte es “inadmisible” como han hecho Francisco y ahora León XIV, es afirmar que durante siglos el magisterio infalible de la Iglesia, de hecho, falló y sostuvo una enseñanza errónea. Y si la Iglesia pudo errar en ese asunto, podrá errar en todo lo demás. Se trata de un disparo directo contra la línea de flotación, no del movimiento provida, no del Partido Republicano, sino de la propia autoridad de la Iglesia.

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15 de Octubre: Audiencia Pública en la Comisión Primera de la Cámara sobre el Proyecto de protección constitucional de la vida desde la fecundación

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha convocado a una Audiencia Pública sobre el Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara, que busca establecer la protección constitucional de la vida humana desde el momento de la fecundación. El proyecto busca modificar el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia para introducir la expresión “La vida humana existe desde la fecundación y gozará de protección constitucional durante todas las etapas de su desarrollo. El ser humano en gestación es sujeto de especial protección constitucional.”

La Audiencia Pública es una sesión informal que permite a los Congresistas escuchar a los representantes de la sociedad civil y los ciudadanos que a título particular quieran intervenir para expresar su parecer respecto de los proyectos en trámite o los temas discutidos por el Congreso. El número de las intervenciones y la calidad de los intervinientes también permite a los congresistas probar el apoyo social y por parte de los grupos de interés que pueden tener las diferentes iniciativas.

La Audiencia Pública se llevará a cabo el Jueves 15 de Octubre de 2026 en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional. Podrán participar todos los que se inscriban oportunamente y envíen copia de sus intervenciones al correo debatescomisionprimera@camara.gov.co antes de las 4:00 PM del miércoles 14 de Octubre. Para inscribirse, pueden hacerlo a través del siguiente link: https://forms.gle/mfEV7RJDN2Rium9T9

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Editorial: ¿Qué significa realmente la expresión «¡Viva Cristo Rey!»?

El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la decisión del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que ordenaba al presidente Abelardo de la Espriella, y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, ofrecer públicas disculpas públicas por el acto religioso realizado durante la ceremonia de posesión presidencial el pasado 7 de agosto. Aunque el Presidente ya había ofrecido tales disculpas en una alocución pública el domingo 30 de agosto, en la cual volvió a despedirse gritando “¡Viva Cristo Rey!”, la sentencia deja sin efecto la peor parte del fallo del juez laboral: La que ordenaba al presidente “expedir una directiva dirigida a los servidores públicos, con el propósito de garantizar el respeto por la neutralidad religiosa en los actos oficiales.”

Esta nueva sentencia, que vemos previsible que terminará siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, puede servir de respaldo para la defensa de las ceremonias de carácter religioso en los establecimientos públicos. El fallo además, toca tangencialmente la gran contradicción fundamental en torno de la supuesta “neutralidad religiosa” del Estado, pues señala que justo antes de la ceremonia religiosa objeto de la tutela, el protocolo exigía al mandatario jurar ante Dios el respeto de la constitución. Pero también, que el Congreso de la República “por antonomasia representa la voluntad popular y conocido como el recinto de la democracia colombiana, institución que integra todos los matices y tendencias ideológicas dado su carácter democrático”, y que “El acto de posesión presidencial es preponderantemente político”, y por ende “son más libres a la hora de sentar posiciones políticas o responder críticas de la oposición”.

Sin decirlo explícitamente, el Tribunal reconoce que las pretensiones laicistas de extirpar toda huella de la religión del espacio público, establecen un criterio de exclusión que acaba dejando por fuera de la representatividad democrática a la inmensa mayoría de la población, que no sólo profesa una religión, sino que la considera un aspecto fundamental e irrenunciable de sus vidas. En nombre del “Estado laico y neutral” se acaba por negar el supuesto pluralismo que tal neutralidad afirmaba proteger.

Ahora bien, existe un apartado de la sentencia que resulta, sin embargo, terriblemente preocupante, pues pretender la defensa de las expresiones religiosas vaciando de todo contenido el acto religioso, es tal vez peor que su directa prohibición. El tribunal afirma:

“En cuanto a la aclamación de Abelardo De La Espriella cuando dice: ‘Viva Cristo Rey’ tiene su origen en México en los albores del siglo XX, convertido en grito de resistencia de los creyentes católicos antes de ser asesinados por los pelotones de fusilamiento de la dictadura antirreligiosa que gobernó dicha nación. Sin embargo, desde el punto de vista secular o laico, puede entenderse como un referente de resistencia ante la injusticia y resiliencia ante la adversidad; igualmente, puede tener como propósito resaltar el coraje de quienes defienden hasta el final sus valores y principios. Corresponden a figuras o recursos de la retórica propios del discurso político para conectar más fácilmente con la ciudadanía, construir imágenes de lucha o imprimir mayor fuerza o expresividad al mensaje político que se está transmitiendo”.

Es absurdo que al mismo tiempo que se reconozca el contexto específico de las medidas anticatólicas del gobierno de Plutarco Elías Calles en México, se quiera sustraer todo contenido religioso a la expresión. Mas aún, la última parte del párrafo de la sentencia, parecería afirmar justamente aquello que es motivo de nuestros temores y reservas con el nuevo gobierno: Que la expresión “¡Viva Cristo Rey!” se haya convertido en simple eslogan de campaña, sin ningún contenido político real.

La expresión “¡Viva Cristo Rey!” surgió en los años 20, antes incluso del estallido de la Guerra Cristera en México, al interior de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, donde fieles laicos, como el Beato Anacleto González Flórez luchaban por la defensa de la Fe Católica frente a la persecución laicista del gobierno revolucionario del PRI. Tras el inicio de la rebelión cristera en 1926, la expresión se convirtió en el grito de guerra de los Cristeros.

Esto no quiere decir que la expresión sea un simple eslogan, como pretende hacer ver el Tribunal. Precisamente la elección de la imagen de Cristo Rey como bandera política corresponde en el tiempo a la formulación del dogma de la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo, primero por el Papa León XIII en su encíclica Annum Sacrum, y reafirmada posteriormente con el establecimiento de la festividad de Cristo Rey en la encíclica Quas Primas por parte del Papa Pío XI en 1925. La expresión “¡Viva Cristo Rey!” es justamente la expresión que manifiesta el compromiso por el reinado de Cristo y la oposición al laicismo y la “neutralidad” religiosa del Estado:

Una consagración así, aporta también a los Estados la esperanza de una situación mejor, pues este acto de piedad puede establecer y fortalecer los lazos que unen naturalmente los asuntos públicos con Dios. En estos últimos tiempos, sobre todo, se ha erigido una especie de muro entre la Iglesia y la sociedad civil. En la constitución y administración de los Estados no se tiene en cuenta para nada la jurisdicción sagrada y divina, y se pretende obtener que la religión no tenga ningún papel en la vida pública. Esta actitud desemboca en la pretensión de suprimir en el pueblo la ley cristiana; si les fuera posible hasta expulsarían a Dios de la misma tierra. (León XIII, Annum Sacrum)

Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos; y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más: hubo algunos de éstos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron Estados que creyeron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. (Pío XI, Quas Primas)

Rey es quien gobierna una sociedad por su propio derecho personal, ejerciendo legítimamente todos los poderes: Legislar, ejecutar y juzgar. Afirmar que Cristo es Rey, es reconocer que Él, en tanto que hombre, ha recibido de Dios “todo poder en el Cielo y en la Tierra” (Mt 28, 18), que Él tiene derecho de reinar sobre todas las realidad humanas, sobre la sociedad en su conjunto, sobre la política y sus instituciones. No tiene sentido gritar “¡Viva Cristo Rey!” sin afirmar que todas las autoridades políticas se deben a su suprema autoridad y a Él deben estar sujetas; que el orden político y jurídico debe fundarse en el Derecho Natural como reflejo del propio Verbo de Dios en las criaturas, y reconocer a las realidades establecidas por el Derecho Divino, como la Iglesia Católica fundada por el mismo Cristo, con pleno derecho para llevar el Evangelio por toda la Tierra, “para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el Cielo, en la tierra y en el abismo” (Fil 2, 10). Finalmente, no se puede gritar “¡Viva Cristo Rey!” sin afirmar el deber de los gobernantes de pedir pública y oficialmente a Cristo que reine sobre nuestras sociedades, reconociendo que sólo su gracia santificante puede garantizar el verdadero Bien Común.

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ALERTA: Congresistas quieren crear una “Comisión de la Verdad” para investigar abusos en el clero

Un grupo de 11 congresistas de izquierda, han presentado el Proyecto de Ley 331 de 2026 Cámara con el fin de crear una “Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y  reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”. El proyecto busca crear un órgano adscrito a la Defensoría del Pueblo con el fin de investigar a la Iglesia Católica y producir documentos que soporten una narrativa de señalamiento y acusación a la Iglesia Católica como “entorno especialmente propicio para los abusos”.

Los autores del proyecto son los congresistas Laura Isabel Vera Zapata (Pacto Histórico), María Fernanda Carrascal Rojas (Pacto Histórico), Mauricio Andrés Toro Orjuela (Alianza Verde), Alix Yirley Vargas Torrado (Partido Liberal), Andrea Padilla Villarraga (Alianza Verde), David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), Deyci Alejandra Omaña Ortiz (Pacto Histórico), Jennifer Dalley Pedraza Sandoval (Dignidad & Compromiso), Kamelia Edith Zuluaga Navarro (Pacto Histórico), Luis Carlos Rúa Sánchez (Alianza Verde), Sandra Claudia Chindoy Jamioy (Pacto Histórico).

Esta es la segunda vez que se presenta esta misma iniciativa, luego de que la presentada en la anterior legislatura fuera archivada por falta de trámite. Frente a la versión anterior, le han corregido la adjudicación de competencias correspondientes a los órganos judiciales y se han eliminado ciertas acusaciones temerarias que carecían de ninguna fundamentación. Sin embargo, los elementos esenciales del proyecto se mantienen, y son los que aseguran la ausencia total de verdad como intención de los proponentes.

En primer lugar, los congresistas pretenden estar atendiendo una problemática que no son capaces de demostrar. En la exposición de motivos se presentan algunas cifras acerca del abuso sexual infantil, así como el informe de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño 2026, y los datos aportados por la Fiscalía General de la Nación sobre personas indiciadas por delitos sexuales bajo la etiqueta “religioso” como profesión. Sin embargo, tanto los datos aportados por el ICBF como los de la Fundación PLAN, evidencian la irrelevancia estadística del abuso por parte de clérigos o religiosos frente a la problemática del abuso sexual infantil en Colombia: Frente a más de 75.000 casos de delitos sexuales contra menores entre 2022-2025, la Fiscalía reporta 110 religiosos procesados por delitos sexuales entre 2006-2026, englobando indiciados, investigados, en juicio o condenados.

Los congresistas, a pesar de que en el artículo 1 afirman que el proyecto se aplica “a todas las confesiones religiosas con presencia en el territorio nacional (…) sin distinción de jerarquía o denominación”, y en artículo 4 hablen de “Enfoque de laicidad y neutralidad estatal”, apuntan directamente a la Iglesia Católica como objetivo de sus investigaciones. En el propio artículo 1 se habla de “instituciones, comunidades, diócesis, arquidiócesis, congregaciones o entidades vinculadas”. En el artículo 5 se mencionan los “archivos eclesiásticos” y se faculta a la Comisión para “acceder a instalaciones de instituciones religiosas o clericales”. No se utilizan para tales enumeraciones sino exclusivamente las denominaciones que corresponden a la religión cristiana en general, y a la estructura jerárquica de la Iglesia Católica en particular. De igual modo, en la exposición de motivos se menciona únicamente a la Iglesia Católica como ejemplo de confesión religiosa investigada por abusos sexuales.

El propósito de la Comisión es la sistematización de la información con el fin de elaborar un informe sobre el abuso sexual en contextos religiosos, es decir, justificar la existencia del problema que, en principio, le da origen. No es, por tanto, posible esperar por parte de la Comisión ninguna objetividad o imparcialidad en la determinación de unos hechos de los cuales depende la justificación de su propia existencia y actividad. Si la tal comisión encontrara que no existe una problemática significativa de abuso sexual en contextos religiosos, tendría que admitir que gastaron en vano el dinero de los contribuyentes durante cinco años. Por el contrario, el artículo 10, que establece la anterior vigencia, también prevé que “podrá ser prorrogada por el mismo tiempo, siempre que no se haya cumplido el objetivo e intención principal de la creación de la Comisión”.

De ahí, que los congresistas partan de una cierta “presunción de culpabilidad”, por ejemplo, al echar en un mismo saco a sacerdotes denunciados, investigados y condenados, o al crear incentivos para la denuncia a través del artículo 13. Tales informes, registros y demás documentos producidos por la Comisión tendría, según el artículo 12 del proyecto, “valor de prueba trasladada en los incidentes de reparación integral”, lo cual apunta a la creación de megaprocesos, similares a los ocurridos en los EE.UU. contra la Iglesia Católica o lo Boy Scouts en los cuales se da por descontada la culpabilidad de la institución, se reúne a miles de personas que se declaran como víctimas en el proceso, para repartir los fondos de reparación que terminan en su mayoría en manos de las firmas de abogados.

En anteriores ocasiones hemos recalcado que la Iglesia, y especialmente el alto clero, necesitan una purificación. Hemos además reconocido que la Iglesia debe ser considerada legalmente responsable cuando se demuestra el encubrimiento de abusos sexuales. Sin embargo, proyectos como éste no prometen ni de lejos el conocimiento de la verdad, lo cual sólo puede esperarse de un proceso judicial con todas las garantías tanto para las víctimas como para los acusados, sino que únicamente buscan establecer una narrativa que fundamente una agenda política prestablecida. Si a principios de año, el proyecto 315/2025 Cámara contaba con el respaldo del gobierno Petro, esperamos que con el cambio de administración el gobierno de De la Espriella retire el apoyo al mismo.

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Arrestan al productor Samuel Adrián, director del documental “Colombia: Fábrica de niños trans”

El pasado domingo 13 de septiembre, en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, fue arrestado el cantautor protestante Samuel Adrián, director del documental “Colombia: fábrica de niños trans”. La detención responde a un incidente de desacato por negarse a eliminar partes del documental en las que se denuncia la experimentación médica con menores de edad.

“Colombia: fábrica de niños trans” es un documental publicado en la plataforma Fundamento el 7 de diciembre de 2025 y luego de forma gratuita en YouTube el 17 de mayo de 2026. A lo largo del documental se denuncia la industria que se ha creado en Colombia en torno de los tratamientos y procedimientos de hormonización y mutilación genital o mamaria en niños, en particular la Clínica Valle del Lili en la ciudad de Cali. En particular, se destaca cómo se responsabiliza a los menores por los procedimientos y las consecuencias irreversibles de éstos, en una edad y etapa de su propio desarrollo en los cuales no logran comprender el impacto de tales en sus vidas.

El documental también ayudó a dar a conocer el caso de “Laura”, una adolescente de 15 años que fue sometida a bloqueadores de pubertad y hormonización con testosterona y luego una cirugía de “masculinización pectoral” (mastectomía) por parte de la clínica Valle del Lili. Posteriormente, la joven se arrepintió de los procedimientos realizados y comenzó a destransicionar, pero como algunos de sus efectos son irreversibles, presentó una demanda contra la clínica.

El arresto es consecuencia del desacato de Samuel Adrián a la orden del juzgado 13 Civil del Circuito de Cali que le ordenaba sacar de circulación el documental, o suprimir aquellas partes en las que se mostraba o menciona al Dr. Mario Angulo, endocrinólogo pediatra de la Clínica, especialmente las imágenes, obtenidas con una cámara escondida, en las cuales el Dr. Angulo explicaba los procedimientos, los riesgos y las consecuencias irreversibles en los menores de edad.

Según el Juzgado 16 Civil Municipal de Cali, y el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali, Samuel Adrián violó los “derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad, a la imagen y a la autodeterminación” del Dr. Mario Angulo, al exponerlo públicamente en su nombre, imagen, voz y el logo de la entidad para la cual trabaja. Para el juez, el documental “individualiza al accionante, lo identifica como profesional, lo vincula nominativa y visualmente con una institución concreta y lo inserta en una narrativa audiovisual que, lejos de permanecer en el ámbito de la crítica protegida, proyecta sobre él una carga axiológica negativa particularmente intensa”.

Sin embargo, la sentencia judicial parece omitir el hecho de que el Dr. Mario Angulo es una persona públicamente reconocida, que su vinculación con la Clínica y con los procedimientos de “cambio de sexo” en menores de edad fueron primeramente expuestos por el propio Angulo en múltiples entrevistas a los medios de comunicación, como el Canal NTN24. Valga recordar que cuando en 2017 denunciamos la apertura de esta unidad en la Clínica, citamos al propio Dr. Angulo como fuente pública de la información. Luego nada de lo expuesto en el documental versa sobre aspectos privados de la vida del médico, o qué él mismo no haya dado a conocer por otras vías. Como expresó la defensa de Adrián, la tutela no cuestiona la veracidad de lo grabado, sino que busca "impedir que el material llegue al público".

Luego de conocerse el arresto, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X:

"Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores".

El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional.

Hago un llamado al… pic.twitter.com/vWGIG70YHq

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

De la Espriella afirmó que conceptos jurídicos como el "libre desarrollo de la personalidad" y la "autonomía progresiva" han generado "profundos vacíos legales" que el Estado debe resolver por la vía legislativa. Lo sorpresivo de las declaraciones es que ya se encuentra radicado en el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, radicado por más de 30 congresistas de la bancada del gobierno, en el cual se prohíben de forma tajante tales procedimientos. Sin embargo, en lugar de expresar el apoyo del ejecutivo a la iniciativa legislativa, el presidente habla de “establecer límites”, lo que sugeriría dejar rendijas abiertas para la continuidad de tales prácticas.

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Radican proyecto en el Congreso para proteger el derecho de los padres a elegir el tipo de educación sexual para sus hijos

El pasado 25 de agosto, un grupo de congresistas radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 273 de 2026 Cámara "Ley los Padres Educan", con el cual se busca garantizar el derecho preferente de los padres de familia a educar a sus hijos y a participar activamente en la formación que reciben en los colegios, especialmente en materia de educación sexual. La iniciativa responde a la creciente imposición, por parte del Estado, de la anticoncepción, el aborto, la promoción del libertinaje sexual y la ideología de género a través de los contenidos educativos.

El proyecto es autoría de los representantes a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal (Partido Conservador), José Jaime Uscátegui Pastrana (Centro Democrático),Óscar Darío Pérez Pineda (Centro Democrático), Luz Marina Gordillo Salinas (Centro Democrático), Arledy Alvarado Patiño (Centro Democrático), Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso (Partido Conservador), Juan Manuel Londoño (Partido Conservador), David Cote Rodríguez (Centro Democrático), Juan Felipe Corzo Álvarez (Centro Democrático) y los senadores Esteban Quintero Cardona (Centro Democrático), Gonzalo Baute González (Cambio Radical) y  Zandra María Bernal Rincón (Centro Democrático).

El proyecto reconoce el derecho preferente de los padres “de educar a sus hijos menores de edad y participar activamente en la formación de la educación sexual, promoviendo una enseñanza integral orientada en la afectividad, la responsabilidad, el respeto por la propia intimidad y el fortalecimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes." y ordena al Estado y los establecimientos de educación preescolar, básica y media “garantizar el derecho a la autonomía de los padres a educar a sus hijos menores de edad.” Por lo cual “los contenidos educativos y prácticas pedagógicas que se adopten y utilicen en las cátedras, currículos y/o contenidos transversales, sobre la educación para la sexualidad, deberán contar con la participación y acompañamiento de los padres o tutores legales, promoviendo principios y valores familiares.”

El proyecto establece la obligación de que los establecimientos educativos informen al inicio de cada año lectivo sobre el programa de formación de la educación para la sexualidad adoptado, el enfoque y contenido específico del programa, la identificación de los individuos y/o instituciones que impartirán los contenidos o realizarán las actividades, y las fechas en que se abordarán los contenidos en clases u otras actividades. También les ordena “habilitar un mecanismo formal, claro y accesible”  por el cual los padres, tutores o guardadores puedan manifestar la oposición de forma oportuna frente a los contenidos que se planea impartir en materia de educación sexual, “sin que ello conlleve sanciones o afectaciones académicas a los menores”.

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23 de septiembre: Conmemoración del centenario de la Guerra Cristera en Bogotá

(Periódico La Esperanza) En conmemoración del centenario de la Guerra Cristera (1926–1929), el Círculo Tradicionalista Santafé de Bogotá invita a una velada dedicada a la memoria de quienes defendieron la Fe católica en medio de la persecución religiosa.

Intervendrá el Dr. Austreberto Martínez Villegas, historiador de la Ciudad de México, quien ofrecerá una conferencia sobre la Guerra Cristera, sus antecedentes y desarrollo, así como sobre la defensa de la Fe católica frente a la persecución religiosa emprendida por el régimen mexicano.

Participará asimismo el profesor Jesús Herrera, miembro del Círculo, quien abordará el contexto colombiano y los episodios de persecución religiosa sufridos por la Iglesia en Colombia, poniendo de manifiesto los vínculos y contrastes entre las experiencias de México y Colombia.

La conferencia se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 6:00 PM en el Centro Parroquial de los Santos Ángeles Calle 28 # 32A - 07. (Bogotá). La entrada es libre, aunque se reciben aportes voluntarios para el apoyo de las actividades del círculo. La inscripción puede realizarse a través del siguiente formulario, o en el correo circulot.santafedebogota1538@gmail.com.

 

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Ilva Myriam Hoyos entrará a remplazar a Viviane Morales en el Ministerio de Educación

El día de ayer, el presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al anunciar la renuncia de Viviane Morales al cargo de Ministra de la Educación. Viviane Morales fue uno de los nombramientos más criticados por la izquierda, al considerar que su afiliación al cristianismo protestante representaba una amenaza para la imposición de la Ideología de Género en las instituciones educativas, una agenda compartida por los últimos gobiernos, desde Juan Manuel Santos hasta Gustavo Petro. En su lugar, el presidente ha nombrado a Ilva Myriam Hoyos, un nombramiento que no podemos dejar de celebrar como un enorme acierto, y hasta ahora, el mejor nombramiento de todo el gabinete actual.

A pesar de los ataques desde el progresismo, Viviane Morales nunca ha sido una defensora firme de la vida y la familia que muchos quisieran creer. Viviane Morales se hizo famosa en 2016 como promotora del Referendo “por el derecho a un padre y una madre” con el cual se buscaba revertir la aprobación de la adopción por parejas del mismo sexo por parte de la Corte Constitucional. El referendo alcanzó el umbral de firmas requerido, pero fue hundido en el tercer debate en el Congreso bajo presiones del gobierno Santos. Esa relevancia le permitió a Morales presentarse como candidata presidencial para las elecciones de 2018.

Sin embargo, la trayectoria previa de Viviane Morales en el congreso siempre mostró una inclinación mucho más liberal, y una clara tendencia, que denunciamos en su momento, a instrumentalizar el “voto cristiano” para ponerlo al servicio del santismo. En 2014, Viviane Morales acompañó la campaña de Juan Manuel Santos y difundió un video dirigido a los “cristianos y cristianas de Colombia” negando que él apoyara el aborto o el matrimonio homosexual, a pesar de que, como denunciamos en su momento, ambas agendas tuvieron pleno apoyo e impulso durante su administración.

En el Congreso, Morales fue autora del Proyecto de Ley 20 de 2015 Senado para reglamentar la objeción de conciencia, en el cual se recogía todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema de aborto, restringiendo el derecho fundamental a su mínima expresión en el caso de los médicos que objeten la práctica del aborto y la eutanasia. Además los obligaba a registrarse como objetores, y a colaborar con la práctica del homicidio, prenatal o geriátrico, suministrando todo el discurso oficial sobre la práctica y remitiendo al paciente a un médico que sí haga la práctica. Morales también aprobó el Proyecto de Ley 56 de 2016 Senado sobre Técnicas de Reproducción Asistida a pesar de que rechazaron una proposición suya para excluir el alquiler de vientres.

Pero sobre todo su actividad fue determinante para el robo del resultado del Plebiscito en 2016. Luego de la victoria del NO en el Plebiscito sobre los acuerdos con la FARC, Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio se apropiaron de los votos del NO, y pactaron con las FARC una “aclaración” del “enfoque de género” en los acuerdos, como si se refiriera exclusivamente al reconocimiento y protección especial de la mujer como víctima del conflicto. Gracias a su ambición política, queriendo adjudicarse la victoria electoral, Santos pudo desconocer el resultado en las urnas y aprobar los acuerdos por la puerta de atrás (el Congreso).

A diferencia de Morales, la Dra. Ilva Myriam Hoyos, en su calidad de Procuradora Delegada para la Familia, difundió un documento de 38 páginas, en el que analizaba en profundidad la inclusión de la ideología de género en los acuerdos con las FARC. Hoyos advirtió el “enfoque de género” se convertiría en una plataforma política de activismo ideológico para el movimiento feminista y lgtbi, que le ofrecería un marco jurídico y abundantes recursos públicos para la “transformación de imaginarios”, para “legitimar en todos los ámbitos de la vida social la identidad diversa”, así como para la promoción de la “no estigmatización en razón de la orientación sexual y la identidad de género diversa”.

A diferencia de Viviane Morales, que ha utilizado las causas conservadoras como plataforma de campaña política, para apoyar después a un gobierno progresista como el de Juan Manuel Santos, la Dra. Ilva Myriam Hoyos ha defendido con firmeza la vida y la familia, aún a riesgo de comprometer su cargo como Procuradora Delegada.

Así pues, la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación es prácticamente inmejorable. Mientras que el nombramiento de Viviane Morales fue altamente criticado por la falta de experiencia en el sector educativo, la Dra. Hoyos ha sido docente en las universidades del Rosario, la Gran Colombia, ESAP, los Andes, Santo Tomás y el Externado en Colombia, así como en la Universidad de Salamanca y la Universidad de Navarra en España, la Universidad Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. También fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Es, por lo tanto, una reconocida educadora, además de su larga trayectoria en el servicio público y como experta en instituciones de la Iglesia Católica.

Así pues, celebramos este nombramiento, que podemos calificar como el primer gran acierto del nuevo gobierno, y extendemos nuestros deseos de que el paso de la Dra. Ilva Myriam Hoyos por el Ministerio de Educación esté coronado de los mejores frutos para nuestro país.

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Editorial: La neutralidad religiosa no existe

Tal y como habíamos advertido en nuestro editorial del pasado 24 de junio, no se puede ser proclamar a Cristo Rey y a la vez declararse leal a la Constitución Política de 1991, la cual fue concebida como instrumento ideológico para la secularización de la sociedad colombiana. Ya a menos de un mes de su posesión presidencial, Abelardo de la Espriella ha tenido que enfrentar esa contradicción, pues un juez le acaba de ordenar que pida disculpas públicas por “violar la neutralidad religiosa del Estado”, así como expedir una directiva presidencial para ordenar a todos los servidores públicos el abstenerse de actos semejantes.

No vamos a ahondar en la oposición esencial entre la agenda ideológica desplegada a partir de la Constitución y la restauración moral y espiritual de la nación colombiana. No se puede esperar que al mantener el tronco intacto, nos vayamos a librar de sus perniciosos frutos. Quisiéramos detenernos en lo que significa ese supuesto principio de la “neutralidad religiosa del Estado”, en virtud del cual se pretende expulsar a Cristo y a la virgen María de la esfera pública.

La idea de la “neutralidad religiosa del Estado” fue formulada por la Corte Constitucional, precisamente en la sentencia a partir de la cual se rechaza la Consagración Oficial de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Según la Corte, la neutralidad del Estado frente a todas las religiones es la única forma de garantizar la igualdad entre todas las religiones. Así, cualquier manifestación a favor o en contra de una confesión religiosa determinada, violaría la imparcialidad del Estado.

Para la Corte, la tal neutralidad no puede garantizarse con la participación, en igualdad de condiciones, en múltiples actos de diferentes confesiones religiosas, como la “oración multirreligiosa” llevada a cabo en la posesión presidencial, en la cual participaron un obispo y un presbítero católicos, un pastor protestante y un rabino judío:

Por ello no es de recibo el argumento, según el cual la norma impugnada mantendría una igualdad de oportunidades entre todas las religiones, porque en el futuro cualquiera de ellas podría obtener también una consagración oficial de similar naturaleza. Ese criterio desconoce, de un lado, que una consagración religiosa oficial presenta un cierto sentido de exclusividad debido al carácter orgánico que tienen las creencias religiosas, por lo cual no podría un Estado consagrarse oficialmente a varias confesiones religiosas sin incurrir en decisiones contradictorias. Pero, incluso si se aceptara  que esas múltiples consagraciones son posibles, el argumento no es válido porque parte de un supuesto equivocado: considera que el pluralismo del Estado colombiano en materia religiosa es el resultado de una especie de competencia entre todas las religiones por acceder a los privilegios del Estado, cuando lo cierto es que tal pluralismo supone y deriva de la neutralidad estatal en esta materia. Sólo de esa manera se garantiza la autonomía, la independencia y la igualdad de todas las confesiones religiosas. Por ello los poderes públicos no pueden hacer manifestaciones públicas en favor o en contra de alguna confesión religiosa. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido. (Corte Constitucional, C-350/94, 7)

En este punto, puede verse con claridad como la pretendida “neutralidad” del Estado salta de la “imparcialidad” a la total “neutralización”. No se admite siquiera la presencia simultánea de diferentes confesiones religiosas, que la Corte acusa como contradictoria, sino que se exige la extinción de toda presencia de lo religioso en el ámbito del poder público.

Nótese la gran deshonestidad de la Corte, pues al señalar que “una consagración religiosa oficial presenta un cierto sentido de exclusividad debido al carácter orgánico que tienen las creencias religiosas” está admitiendo que la fe no es simplemente una preferencia personal, como podría ser la elección de una carrera, la práctica de un deporte o el gusto en términos gastronómicos. La cuestión sobre Dios es también la cuestión sobre el hombre: Su naturaleza, su razón de ser, su propósito en este mundo, su destino último. No puede separarse la fe de la Moral, de la idea de lo que es bueno o malo para la vida del ser humano. O como dijo en su momento el jurista español, Juan Vásquez de Mella:

El Estado neutro y el maestro neutro son dos formas de la irracionalidad, pues el hombre normal afirma, niega o duda, porque piensa y no declara en huelga el entendimiento en presencia de la realidad que interroga. El Estado que se declara neutral en todas las cuestiones que más interesan al  hombre, diciendo que ignora la verdad en Religión o en Moral, y, por lo tanto, en los fundamentos del Derecho, es un Estado que se jubila a sí propio, declarándose inepto para gobernar. (Obras Completas, Vol. 2, Págs. 343-344)

La Corte acierta al reconocer que es absurdo que el Estado participe al mismo tiempo de diferentes oraciones o celebraciones de diferentes religiones. Pero debería admitir igualmente que es absurdo que el no participar en ninguna sea garantía alguna de neutralidad. Si otorgarle un lugar de honra a la Santísima Virgen en los actos públicos es una declaración práctica de Catolicismo, ¿Qué es el vaciamiento de Dios que pretende la Corte sino una declaración práctica del ateísmo?

Esa es la deshonestidad, revestida de “neutralidad”, es la que ostentan los demandantes que atacan la realización de una oración en la posesión presidencial, a la vez que callaron cuando el presidente Petro tuvo en 2022 su “posesión espiritual” con rituales indígenas, o cuando la justicia se negó a exigir retractaciones al Presidente al blasfemar contra Jesús y María Magdalena.

No existe la neutralidad moral ni religiosa del Estado. Cada acción o decisión del Estado, cada ley expedida, cada acto de gobierno, emanan de una concepción metafísica de lo que es el ser humano y de lo que es bueno o malo según esa concepción. Detrás de la neutralización de la religión en la vida pública se esconde el propósito de sustituir los fundamentos metafísicos del orden social colombiano, por otros importados de la teología liberal: El non serviam (“no serviré”) que inauguró la rebelión de Lucifer ante Dios.

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Presentan proyecto de ley para prohibir los procedimientos de “cambio de sexo” en menores

Un grupo de 30 Congresistas de diferentes partidos políticos han presentado el día de ayer el PL 211/2026 Senado a través del cual se busca la prohibición de toda terapia o procedimiento de “cambio de sexo” en menores de edad. La iniciativa se llama “Ley Laura: niños no experimento” en referencia al caso de “Laura”, una adolescente de 15 años que fue sometida a bloqueadores de pubertad y hormonización con testosterona y luego una cirugía de “masculinización pectoral” (mastectomía) por parte de la clínica Valle de Lili. Posteriormente, la joven se arrepintió de los procedimientos realizados y comenzó a destransicionar, pero algunos de sus efectos son irreversibles, y por eso presentaron una demanda contra la clínica.

El proyecto prohíbe en todo el territorio nacional el uso en menores de edad, de 1) Bloqueadores de la pubertad, 2) Terapias o procedimientos hormonales de “afirmación de género” y 3) Cirugías de “afirmación de género o cambio de sexo”. Se definen los procedimientos de “afirmación de género” como “intervenciones médicas orientadas a modificar las características sexuales de una persona para adecuarlas a una identidad de género distinta a su sexo biológico, mediante, 'medios farmacológicos o quirúrgicos.”

Aunque el proyecto define el concepto de sexo como “aquellas características genéticas y fenotípicas que diferencian, a hombres mujeres, siendo a nivel cromosómico el hombre XY y la mujer XX”, es cuestionable la adopción del lenguaje ideológico a través de expresiones como “afirmación de género”, que aunque sean del uso corriente por los adscriptos a la ideología de género, pretenden, a través de su deliberada ambigüedad, esconder la realidad material de lo que se hace en los menores, como la mutilación genital o mamaria.

El régimen sancionatorio no castiga a las familias ni a los adolescentes involucrados, sino que recae específicamente sobre los médicos y las instituciones de salud al tipificar la conducta como “falta grave contra la ética profesional” bajo la Ley 23 de 1981. En caso de reincidencia, los médicos podrían perder su licencia para ejercer la medicina hasta por cinco años, y las IPS enfrentarían la suspensión o revocatoria del certificado de habilitación.

La propuesta coincide con las medidas que se´han venido adoptando en múltiples países para la prohibición de estas prácticas. En Estados Unidos, 27 Estados han aprobado diversas leyes para prohibir los procedimientos de “cambio de sexo” en menores de edad. En Argentina, el gobierno de Javier Milei aprobó una medida similar el año pasado. En el Reino Unido, el gobierno prohibió la venta y suministro de bloqueadores de pubertad para menores de 18 años por vía privada. En Brasil, el Consejo Federal de Medicina prohibió también los mismos procedimientos en pacientes menores de 18 años. También se han presentado múltiples iniciativas legislativas similares en Italia, Suiza o Chile.

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Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado (Prohibición cambio de sexo en menores)

Los congresistas de la bancada provida han presentado un proyecto de Ley con el propósito de prohibir las terapias de “cambio de sexo” en menores. La norma prohíbe tajantemente el uso de bloqueadores de la pubertad, terapias o procedimientos hormonales de “afirmación de género” o las cirugías de mutilación genital, y las tipifica como falta grave contra la ética profesional.

Es importante destacar el número de congresistas que firmaron la autoría del proyecto (30) ya que evidencia un amplio respaldo a su trámite dentro del congreso. Aunque el proyecto comienza definiendo el concepto de sexo como “aquellas características genéticas y fenotípicas que diferencian, a hombres mujeres, siendo a nivel cromosómico el hombre XY y la mujer XX”, consideramos cuestionable la adopción del lenguaje ideológico a través de expresiones como “afirmación de género”, que aunque sean del uso corriente por los adscriptos a la ideología de género, pretenden, a través de su deliberada ambigüedad, esconder la realidad material de lo que se hace en los menores, como la mutilación genital.

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Proyecto de Ley No. 211 de 2026 Senado

"Por medio de la cual se establecen medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes frente a las intervenciones médicas de afirmación de género y se dictan otras disposiciones." Ley Laura, Niños, No Experimento

Autores: H.S. ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, H.S. JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS, H.S. MARÍA ANGÉLICA GUERRA LÓPEZ, H.S. ESTEBAN QUINTERO CARDONA, H.S. JUAN ESPINAL RAMÍREZ, H.S. CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS, H.S. RAFAEL NIETO LOAIZA, H.S. SARA CASTELLANOS RODRÍGUEZ, H.S. JUAN CARLOS GARCÍA GÓMEZ, H.S. GONZALO BAUTE GONZÁLEZ, H.S. SANTIAGO MONTOYA MONTOYA, H.S. ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ, H.R. LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZABAL, H.R. CAROL STEFANNY ACEVEDO, H.R. DAVID GERARDO COTE RODRÍGUEZ, H.R. JHON JAIRO BERRÍO LÓPEZ, H.R. DARUIN CASTELLANOS ROMERO, H.R. MELISSA ORREGO EUSSE, H.R. NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, H.R. HILDA GUTIÉRREZ, H.R. ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ, H.R. ÓSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA, H.R. FRANKLIN LOZANO DE LA OSSA, H.R. JUAN FELIPE CORZO ÁLVAREZ, H.R. JOSÉ JAIME USCÁTEGUI PASTRANA, H.R. ALFREDO APE CUELLO BAUTE, H.R. GUILLERMO LEÓN BLANCO VALENCIA, H.R. DANIEL FELIPE BRICEÑO MONTES, H.R. JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA, H.R. JORGE RODRIGUE TOVAR VÉLEZ.

Proyecto Original (26 de agosto de 2026) – Gaceta ()

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De la “Constitución vivente” a la “Tradición viva”: La instauración del relativismo en la Iglesia

A pesar del adagio Roma locuta causa finita, tras el decreto de excomunión expedido por la Congregación para la Doctrina de la Fe en contra de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, luego de las ordenaciones episcopales sin mandato pontificio del 1 de Julio pasado, la controversia parece nunca terminar. A pesar de las declaraciones del Papa León XIV afirmando que “debemos seguir adelante”, como dejando atrás el asunto de los lefebvristas, el tema ha seguido vivo tanto en redes como en medios de comunicación.

Como parte de la discusión en las redes sociales se ha invocado a menudo un argumento que se pretende como la crítica definitiva, demoledora, de las posturas tradicionalistas. Se trata de una idea que pareciera gozar de una gran capacidad de persuasión entre los católicos, y sobre la cual conviene detenerse por las graves consecuencias que se derivan de la misma. Nos parece además importante analizar esta argumentación, dado que para los que hemos realizado algún activismo en el campo político, no nos es del todo ajeno: Se trata de un viejo conocido.

El argumento más o menos es el siguiente:

Los tradicionalistas, al afirmar que su desobediencia al papa es en realidad fidelidad a la tradición, están construyendo su propia idea de tradición, seleccionando qué quieren aceptar y qué quieren rechazar del magisterio de la Iglesia. La Tradición Apostólica no es aferrarse a formas inmutables, sino que es una tradición viva, interpretada por el magisterio de los Papas y los concilios. Pretender señalar contradicciones entre la tradición y el magisterio, es convertir la propia opinión en el criterio de interpretación de la tradición de la Iglesia.

Sorprende que haya católicos que caigan en esta clase de argumentos después de que ya hemos tenido que ver su aplicación el ámbito secular. El "magisterio vivo" suena muy parecido a la "Constitución viviente" con la que los tribunales constitucionales han venido a interpretar que el derecho a la vida significa legalizar el aborto y la eutanasia, que los artículos protegiendo a la familia como célula fundamental de la sociedad significan aprobar el "matrimonio" homosexual, que la Libertad Religiosa significa perseguir a la Iglesia, etc.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4.1 dice: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.", y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 interpretó este artículo diciendo que Costa Rica debía legalizar el aborto. ¿Si considero que esta es una contradicción, estoy pretendiendo ser yo, y no la Corte, el intérprete legítimo del Pacto de San José?

La contradicción entre dos proposiciones no es una verdad de fe o moral, o una sentencia canónica, tampoco algo que dependa de la autoridad de una ley o un acto de una autoridad política, es un hecho que se determina por las reglas propias de la lógica. Pretender que sólo hay contradicción cuando la autoridad diga que la hay es subordinar la lógica y los fundamentos axiológicos de la razón a la autoridad, que por ello mismo dejaría de ser autoridad y se convierte en mero poder. La consecuencia inevitable de ese razonamiento es la instauración del relativismo absoluto, donde si la autoridad lo dice, un hombre se convierte en mujer, dos hombres pueden engendrar un niño, o Dios puede querer la diversidad de religiones.

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Es falso que Jesús se opusiera a la profesión militar o al uso de las armas

El jesuita Francisco de Roux, ex general de la Compañía de Jesús, y expresidente de la Comisión de la Verdad, ha dado una entrevista a la Revista Cambio, en la cual ha abordado numerosos temas de la política nacional, pero principalmente ha dirigido una crítica directa a la introducción de expresiones y manifestaciones religiosas en el discurso del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque pueda criticarse el uso político de tales expresiones, no deja de ser paradójico que la crítica venga de quien ha sido tal vez el clérigo más políticamente activo de los últimos años. “Lo que puedo decir es que no estoy de acuerdo con la utilización de los símbolos religiosos, y además mal utilizados, para imponer una teoría política que puede ser legítima, pero que no debe mezclarse con Dios. La utilización de Dios en la política es lo más peligroso”, dice una sacerdote que ha detentado cargos de carácter político y que ha participado en política, precisamente como consecuencia de su pertenencia a una entidad religiosa, como la Compañía de Jesús.

En la misma entrevista, aprovecha para criticar la política de “Paz total” del gobierno Petro, defendiendo a su vez los acuerdos de la Habana. 

Me pareció muy bien cómo se llevó el acuerdo de La Habana y la forma como se desarrollaron las negociaciones. Había negociación y había guerra. Eran unos militares que trabajaban por la paz y estaban dirigidos por el gobierno que conducía la paz. En un punto se declaró el cese al fuego total y se procedió a concluir las negociaciones. Eso no se hizo con la llamada paz total. La paz total fue un error. Por eso los militares dejaron de actuar y se consolidaron empresas criminales en los territorios.

Se trata de una falsa oposición que ya hemos venido observando en boca de diferentes sectores políticos, que en las pasadas elecciones aprovechaban para cargar en contra del gobierno Petro, siendo que habían sido entusiastas defensores de los acuerdos de paz. Se quiere utilizar a Petro como chivo expiatorio al cual adjudicar la responsabilidad por la retoma del territorio nacional por parte de los grupos ilegales, y así limpiar de toda culpa a los Acuerdos de La Habana, verdaderos responsables de toda esta situación.

Los mismos que ahora critican la “paz total” de Petro, son los mismos que acusaron al gobierno Duque por “incumplir los acuerdos” y a ello le achacaban el aumento de la violencia. Con esas acusaciones pavimentaron el acceso de Gustavo Petro al poder, como si fuera el único que podía cumplir coherentemente con la agenda política firmada en La Habana. Fue en La Habana donde el gobierno Santos amnistió a los líderes de las FARC y detuvo la aspersión aérea de los cultivos ilícitos. Fue en La Habana donde se les concedió privilegios políticos al secretariado de las FARC, y se les creó un tribunal a la medida, la JEP, gracias al cual no han tenido que pagar por ninguno de sus crímenes. Fue en La Habana donde se creó el sistema de estímulos y beneficios para los criminales que Petro no hizo más que ampliar con la política de “paz total”.

Quisiéramos detenernos en una de las afirmaciones del P. de Roux:

CAMBIO: ¿Por qué le duele particularmente lo de “Cristo Rey”?

F.D.R: Porque Jesús se opuso completamente a lo militar. Jesús es la expresión de una manifestación del misterio de Dios que niega profundamente lo militar. Es la expresión de un Dios absolutamente desarmado.

La afirmación es simplemente falsa. No sólo no consta en ningún pasaje del Evangelio que Jesús se opusiera a la profesión militar. Por el contrario, Jesús alabó la fe del Centurión que identificó el poder de Jesucristo con el mando militar (Mt 8, 5-13), y a diferencia de la mujer adúltera, el publicano o los otros pecadores, Jesús no lo instó a abandonar la milicia, como tampoco lo hizo Juan el Bautista (Lc 3,14), ni San Pedro a la hora de bautizar al centurión Cornelio (Hch 10, 1-48).

San Pablo afirma que el militar “no en vano lleva espada: pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal.” (Rom 13, 4) y el propio Jesucristo así también se presentó en frente de Pilatos, al que le dijo “No tendrías contra mí ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba” (Jn 19, 11), justo después de haberle dicho a Pedro “piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles?” (Mt 26, 52). Jesús no sólo reconoce la legitimidad de la fuerza militar, sino que la autoridad política la usa en virtud de esa autoridad que proviene del mismo Dios. El príncipe tiene sus ejércitos como imagen de Dios que también tiene sus legiones de ángeles.

El mismo Jesús que dice, “Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo.” (Jn 14, 27), es el que dice "No creáis que he venido a traer la paz a la tierra; no he venido a traer la paz, sino la espada." (Mt 10, 34) Por eso dice Santo Tomás:

También quienes hacen la guerra justa intentan la paz. Por eso no contrarían a la paz, sino a la mala, la cual no vino el Señor a traer a la tierra (Mt 10,34). De ahí que San Agustín escriba en Ad Bonifacium: No se busca la paz para mover la guerra, sino que se infiere la guerra para conseguir la paz. Sé, pues, pacífico combatiendo, para que con la victoria aportes la utilidad de la paz a quienes combates. (II-II, q. 40. art. 1, r.3)

El irenismo anti-militarista es una caricatura del Evangelio, una deformación ideológica de la figura de Jesús que defiende una falsa paz, insostenible por su propia iniquidad. Eso es justamente lo que ha ocurrido en Colombia tras los Acuerdos de La Habana con las FARC, y lo que Petro expandió con su llamada “paz total”: Desarmar al Estado colombiano y permitir que los criminales campeen a sus anchas por el territorio, atacando a la población con total impunidad. Se trata de la demostración fáctica de uno de los argumentos de Francisco de Vitoria para fundamentar la licitud de la guerra:

Se prueba en sexto lugar, considerando que el fin de la guerra es la paz y la seguridad de la república, como dice San Agustín en el libro De verbis Domini y en la Epístola ad Bonifacium, y no podría haber esta seguridad si, con el temor de la guerra, no se contuviera a los enemigos de realizar injurias. Además sería completamente inicua la situación en la guerra si, invadiendo los enemigos la república sin justicia alguna, solamente fuese lícito rechazarlos para que no pasasen adelante y no se pudiese perseguirlos para castigarlos.

Se prueba, en séptimo lugar, porque esto conviene al fin y bien de todo el orbe. Porque el orbe no gozaría de felicidad y se vería sumido en la más pésima de las condiciones, si los tiranos, los ladrones y los raptores pudiesen impunemente hacer toda clase de injurias y oprimir a los buenos e inocentes, sin que fuese lícito a estos últimos concertarse para repeler sus agresiones. (De iure belli, 1)

No, no sólo no es verdad que Jesús se opusiera “completamente a lo militar”, sino que por el contrario el mismo vino a deshacer la mala paz, la falsa paz, la que da el mundo, que consiste en el concierto de los criminales. Por eso mismo, por la vinculación intrínseca que existe entre el ejercicio de las armas y el de la justicia, fue que los militares estuvieron entre los primeros paganos en reconocer a Cristo como Dios.

Si al P. de Roux le preocupa tanto el uso político del nombre de Dios, podría empezar aplicándose su propio consejo. y en su condición de religioso apartarse definitivamente de la vida política. Podría dejar de caricaturizar la imagen de Jesús como instrumento para defender la paz del mundo, y que a Colombia no ha traído más que el recrudecimiento de la guerra.

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Radican proyecto de ley para prohibir el alquiler de vientres en Colombia

El día de ayer, 15 representantes de diferentes partidos políticos realizaron la radicación del Proyecto de Ley 215 de 2026 Cámara, por medio del cual se busca prohibir la explotación reproductiva a través de la maternidad subrogada. La radicación del proyecto se realizó al finalizar un foro convocado por el Representante a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal, en torno del impacto de este delito de la explotación reproductiva en Colombia.

El foro abrió con la presentación del representante, quien señaló que “la maternidad subrogada es un delito que le roba la dignidad a las mujeres y convierte a los hijos en mercancía”, seguido por el representante David Gerardo Cote quien indicó que el 74% de las personas que recurren al alquiler de vientres en Colombia son extranjeros, mientras que el 70% de las mujeres que son utilizadas para esta práctica son mujeres de bajos recursos y bajo nivel educativo. “La Fiscalía ha detectado patrones que relacionan esta práctica con las redes de trata de personas” añadió.

El foro estuvo centrado en el testimonio de Olivia Maurel, una mujer franco-suiza, nacida en Kentucky, Estados Unidos, como resultado de un alquiler de vientre. “Fui concebida por gestación subrogada, nací como consecuencia de la gestación subrogada y fui intencionalmente separada de mi madre como consecuencia de la gestación subrogada”, dijo.

A lo largo de su vida, la conciencia de desconocer a su madre biológica le causó un profundo vacío y una crisis constante de identidad: “Por muchos años estuve buscando mi identidad. Caí en las drogas y el alcohol, e incluso traté de quitarme la vida en varias oportunidades.” Después de un tiempo, su madre consiguió contactarla a través de una de sus hermanastras. “Ahí comprendí que el embarazo crea una relación. Siempre habíamos sido dos: una hija buscando a su madre, y una madre buscando a su hija.”

Como portavoz de la declaración de Casablanca, ha conocido múltiples casos de este fenómeno a nivel global, pues se trata de una industria valorada en 200 millones de dólares que busca principalmente a las mujeres que están más necesitadas. Denunció los abusos cometidos contra las mujeres que se prestan para la práctica valiéndose de las profundas asimetrías en la relación contractual. “Conozco un cado de un embarazo en el cual, durante el primer trimestre se detectó que al niño le faltaban dos dedos. La pareja contratante decidió no seguir con el embarazo pero la mujer quiso continuar con la gestación, por lo que el caso llegó a los tribunales y finalmente la mujer fue obligada a abortar. Al final resultó que a causa del contrato la mujer ya no era dueña de su propio cuerpo.”

Posteriormente, el abogado Juan Camilo Ramírez abordó la situación actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia acerca del alquiler de vientres, debido a que en Colombia no existe ninguna ley que prohíba, pero tampoco que autorice o reglamente la práctica del alquiler de vientres. Sin embargo, en los múltiples exhortos que ha hecho la Corte al Congreso, acusando que debido a la falta de legislación se han creado nuevos problemas, se ha omitido que muchos de esos problemas han sido causados por las propias inconsistencias en la jurisprudencia de la Corte.

Así, por ejemplo, en 1998 la Corte puso como requisitos que la mujer contratante no pudiese concebir, que la mujer gestante no tuviese vínculo biológico con el niño, que la relación no podía tener ánimo de lucro, o que la mujer gestante no pudiese retractarse una vez iniciada la gestación. Esos mismos requisitos han sido controvertidos por la propia jurisprudencia de la misma corte. Así pues, si el Congreso hubiera expedido esa ley que la Corte reclamaba en 1998, esa misma ley sería hoy inconstitucional según la jurisprudencia actual de la Corte.

Acto seguido, la Dra. Natalia Rueda, coordinadora del grupo de investigación en derecho privado y del observatorio de familia, infancia y adolescencia de la Universidad Externado de Colombia, expuso los abusos de la asimetría en la relación contractual respecto de las mujeres instrumentalizadas para la práctica. “Se dice que las mujeres participan de manera libre e informada, pero se revelan profundas asimetrías, así como trampas procesales y operativas para viciar su consentimiento,  a partir de las cuales se les somete a un régimen de servidumbre corporal que anula los derechos a la intimidad, la salud y la libre locomoción”, dijo.

Describió la industria del alquiler de vientres como “una arquitectura contractual de coacción, subordinación, cosificación y explotación”, en la cual se describe a las mujeres gestantes como “portadora gestacional, recipiente único o sujeto prestador del vientre” y al niño como “producto o el patrimonio genético a entregar.” Denunció cómo los contratos eximen de toda responsabilidad después de las 7 semanas posteriores al parto, frente a cualquier secuela médica o psicológica como consecuencia del embarazo. Adicionalmente, “mientras las agencias cobran entre 60.000 y 80.000 dólares a los clientes extranjeros, parasitan en el sistema de salud, obligando a las mujeres a agendar sus controles y partos a través de sus EPS, exigiendo incluso que la gestante entregue su clave y usuario del sistema Pila para manipular sus aportes.”

Denunció también el abuso de competencias de las comisarías de familia que excediendo sus facultades, entregan en caso de muerte de la madre gestante, con una prueba de ADN, los niños al padre biológico violando la presunción de paternidad, así como la firma de Documentos de cesión de la patria potestad “como si eso fuera jurídicamente posible.”  Y en general, se coacciona a la mujer condicionando los pagos acordados “a que se obtenga el pasaporte del niño, los permisos notariales de salida del país o a que se firme la demanda, o que queden firme la demanda de impugnación de maternidad para borrar el nombre de la madre del registro civil.”

“El protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño define la venta de niños como todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido a cambio de remuneración o retribución. En este caso, al supeditar el dinero a la firma de las escrituras de renuncia, a la entrega física y el pasaporte, el recién nacido se convierte en el elemento sinalagmático principal del contrato,” dijo, recalcando que se trata de contratos de compra-venta de niños, como “el diseño intrínseco de un mercado que no puede existir sin violar los derechos” y en el que las violaciones de la dignidad humana son “la condición de posibilidad y la premisa misma de esta industria.”

La siguiente presentación correspondió a la Dra. Diana Muñoz de la Universidad de la Sabana, quien expuso los resultados de su investigación sobre las implicaciones jurídicas. bioéticas y de gobernanza de la maternidad subrogada en Colombia, en la cual tuvo la oportunidad de entrevistar a muchas mujeres que habían sido utilizadas para estas prácticas, hallando un contraste abismal entre el discurso altruista con el que se capta a las mujeres y la realidad de la relación contractual a las que se las somete. Incluso en situaciones de familiaridad o cercanía a la pareja contratante, la relación queda subordinada al contrato firmado y la necesidad económica es la que acaba por condicionar la relación. En muchos casos, además, el ánimo de lucro se ve enmascarado de muchas formas, sin que por ello desaparezca la relación de subordinación y el abuso de la posición dominante.

Por su parte, la Dra. Juana Acosta, directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana, abrió su ponencia afirmando que “la Corte se equivoca al afirmar que existe un vacío normativo en Colombia sobre la maternidad subrogada”, pues la práctica viola el principio del respeto por la dignidad humana establecido en la constitución y en los tratados internacionales vinculantes para Colombia en materia de Derechos Humanos. Lo que exige la abolición total de la maternidad subrogada.

Refiriéndose al Informe A/80/158 de la Relatora Especial para las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, señaló que “el único modelo posible para proteger los derechos humanos involucrados en esta práctica, tanto los de las mujeres como los de los niños, es el modelo de abolición”, que va mucho más allá de la prohibición o la criminalización. La abolición supone tanto la prohibición a nivel nacional, como la firma de un tratado internacional vinculante en el que los países se comprometen a su erradicación total. Abolir implica desmontar las condiciones que permiten el alquiler de vientres, “combatir la demanda, impedir la publicidad y la intermediación lucrativa, controlar a las clínicas y las agencias, investigar los flujos económicos, proteger a las mujeres frente a la captación y garantizar alternativas para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.”

Finalmente, el Dr. Bernard García, coordinador de la Declaración de Casablanca indicó que la prohibición total de la maternidad subrogada ha venido avanzando por el mundo, tal y como es necesario para combatir una industria de alcance global que recurre a las desigualdades para instrumentalizar a las mujeres vulnerables. Se trata de un negocio global “proyectado en 200,000 millones de dólares para 2034, según Global Markets Inside, que es un estudio de mercado que se ha hecho con tasas de crecimiento del 24% que beneficia a clínicas, bufetes de abogados, intermediarios, etc.” pues al final las mujeres terminan recibiendo alrededor de un 10% de lo que las parejas pagan. Insistió en que no basta con la regulación de la práctica, pues “no se regula algo que es indigno del ser humano, como no se regula la esclavitud, el trabajo infantil o la trata de personas.”

El evento finalizó con una breve intervención de la Representante a la Cámara Carol Borda, quien hizo énfasis en que en el alquiler de vientres “hay una relación de explotación que ve a la mujer como una incubadora y al niño como un producto que si te gusta lo puedes rechazar o lo puedes desechar porque si viene defectuoso, entonces no pasa nada”, y recordó que la práctica del alquiler de vientres “también es una práctica que permite otras formas de explotación como la explotación sexual y comercial de menores”, citando varios casos de abuso sexual de menores por parte de personas que habían comprado bebés a través de la maternidad subrogada.

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Proyecto de Ley Estatutaria 215 de 2026 Cámara (Prohibición del Alquiler de Vientres)

Un grupo de 15 congresistas ha presentado un proyecto de ley con el fin de prohibir el alquiler de vientres, mal llamado maternidad subrogada. La ley crea el tipo penal de “Explotación reproductiva mediante maternidad subrogada” dirigido principalmente a las organizaciones o agentes dedicados a promover la realización de contratos o acuerdos de alquiler de vientres, así como su publicidad y promoción, castigándolo con 120 a 192 meses de cárcel.

Adicionalmente, se crean circunstancias de agravación punitiva tales como el aprovechamiento de mujeres en condición de pobreza o vulnerabilidad, la inclusión de extranjeros en el contrato, la participación de funcionarios o servidores públicos y el beneficio económico obtenido. La norma también deja sin efecto cualquier tipo de acuerdo o contrato establecido para el alquiler de vientres, castiga incluso la participación de nacionales colombianos en actividades de este tipo en el extranjero, y reconoce a la mujer que gesta y da a luz a los hijos como la madre de los mismos.

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Proyecto de Ley Estatutaria No. 215 de 2026 Cámara

“Por medio de la cual se prohíbe la explotación reproductiva mediante maternidad subrogada”

Autores: H.R. Carol Stefanny Borda Acevedo, H.R. Daniel Mauricio Monroy Hernandez, H.R. Daruin Castellanos Romero, H.R. David Gerardo Cote Rodríguez, H.R. José Jaime Uscátegui Pastrana, H.R. Juan David Londoño Arango, H.R. Juan Felipe Corzo Álvarez, H.R. Luis Miguel López Aristizábal, H.R. Luz Marina Gordillo Salinas, H.R. Óscar Darío Pérez Pineda, H.S. Esteban Quintero Cardona, H.S. Gonzalo Dimas Baute González, H.S. Jennifer Dalley Pedraza Sandoval, H.S. Santiago Montoya Montoya, H.S. Sara Jimena Castellanos Rodríguez.

Proyecto original (13 de agosto de 2026) – Gaceta (1127/2026)

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Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara (Protección de la Vida Humana desde la Fecundación)

Los congresistas de la bancada provida han presentado un Proyecto de Acto Legislativo con el fin de modificar el artículo 11 de la Constitución, que quedaría del siguiente modo.

Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable: La vida humana existe desde la fecundación y gozará de protección constitucional durante todas las etapas de su desarrollo. El ser humano en gestación es sujeto de especial protección constitucional. No habrá pena de muerte.

No es el primero de los intentos de reforma de la constitución con el fin de establecer la protección constitucional explícita del nasciturus. Se diferencia de otros proyectos previos en que en esta oportunidad no se ha incluido en la reforma una prohibición expresa del aborto, como en el PAL 06/11 S o el PAL 06/23 S

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Proyecto de Acto Legislativo No. 114 de 2026 Cámara

“Por medio del cual se modifica el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia para fortalecer la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional”

Autores: H.R. Arledy Alvarado Patiño, H.R. Carol Stefanny Borda Acevedo, H.R. Darwin Castellanos Romero, H.R. David Gerardo Cote Rodríguez, H.R. Guillermo León Blanco Valencia, H.R. José Jaime Uscátegui Pastrana, H.R. José Ricardo Ardila Pinedo, H.R. Juan Manuel Londoño Jaramillo, H.R. Juliana Aray Franco, H.R. Luis Miguel López Aristizábal, H.R. Luz Marina Gordillo Salinas, H.R. María Camila Salas Salas, H.R. Martha Isabel Ruiz Solera, H.R. Nelly Patricia Mosquera Murcia, H.S. Christian Munir Garcés Aljure, H.S. Jonathan Ferney Pulido Hernández, H.S. Juan Carlos García Gómez, H.S. Sara Jimena Castellanos Rodríguez

Proyecto original (28 de julio 2026) – Gaceta (1058/2026)

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FIRMA: Presidente De la Espriella, ponga fin a la imposición pública de la ideología de género en Colombia

El gobierno saliente de Gustavo Petro ha expedido La Resolución Conjunta 1350 de 2026. Con el título de "Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos", este acto administrativo de 106 páginas impone por decreto la ideología de género en todos los niveles del Estado y de la sociedad colombiana. El objetivo declarado de la política pública es la transformación de la sociedad y la cultura colombiana en función de la ideología de género, y para ello se propone utilizar todos los instrumentos coercitivos del Estado.

La política no sólo declara la obligación del Estado de garantizar el libertinaje sexual y el adoctrinamiento de los menores, sino que se incluye el ataque directo a todo aquello que se oponga a ello, llámese costumbre, moral, religión, higiene, etc. No existe ninguna salvedad que limite estos "derechos" respecto de los menores de edad. Por el contrario, la política es explícita en declarar que la Educación Sexual comienza desde la “primera infancia”.

La política pública impone el “enfoque de género” como un principio transversal que debe regir todas las instituciones del Estado y, lo que es más grave, todas las entidades privadas que desarrollen actividades de "interés público". No hay escapatoria. Si usted tiene un colegio, una clínica, una empresa, o simplemente recibe recursos del Estado, está obligado a adoptar la ideología de género so pena de sanción.

Firma ahora, y exige al presidente electo, Abelardo De la Espriella que tome medidas concretas para poner fin a la agenda de imposición ideológica de la izquierda progresista.

Excelentísimo Señor Presidente Electo Abelardo De la Espriella,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el profundo respeto que merece su investidura, pero también con la firmeza y urgencia que exige la grave situación que enfrentamos.

Durante su campaña presidencial, usted se comprometió con la protección de la vida, la familia y la libertad de conciencia. Hoy, esa promesa se enfrenta a una prueba de fuego. El pasado 10 de julio, el gobierno saliente, mediante la Resolución Conjunta 1350 de 2026, impuso por decreto una política de ideología de género que atenta directamente contra los valores que usted invocó en la campaña y por los cuales millones de colombianos le dimos nuestro voto.

Esta resolución, de alcance totalitario, impone el “enfoque de género” como un principio transversal que debe regir todas las instituciones del Estado y, lo que es más grave, todas las entidades privadas que desarrollen actividades de "interés público". Se pretende así la transformación de la sociedad y la cultura colombiana en función de la ideología de género, y para ello se propone utilizar todos los instrumentos coercitivos del Estado.

Señor Presidente Electo, la derogación de esta norma el mismo día de su posesión es una medida impostergable. Sin embargo, no podemos contentarnos con apagar una máquina que podría ser reactivada por un gobierno futuro. Por ello, como ciudadanos defensores de la vida y la familia, reclamamos la implementación de las medidas concretas para poner fin de forma definitiva a la imposición pública de la ideología de género. Por ejemplo:

1. Protección de la objeción de conciencia sanitaria: Crear mecanismos que protejan el derecho fundamental a la objeción de conciencia del personal sanitario, tal como lo consagra el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, impidiendo que se considere su ejercicio como un "uso indebido" y garantizando que ningún profesional de la salud sea sancionado por negarse a practicar procedimientos contrarios a sus convicciones éticas o religiosas.
2. Objeción institucional para entidades religiosas: Establecer mecanismos claros para que las entidades religiosas puedan ejercer la objeción institucional, al tenor del literal g) del artículo 7° de la Ley Estatutaria 133 de 1994, garantizando que los colegios, clínicas y otras instituciones de inspiración religiosa no sean obligados a adoptar contenidos o prácticas que contradigan directamente la misión para la cual fueron fundadas.
3. Derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos: Crear mecanismos concretos que permitan a los padres impedir que sus hijos reciban contenidos contrarios a sus convicciones morales, de acuerdo con el literal h) del artículo 6° de la Ley Estatutaria 133 de 1994, garantizando que ninguna institución educativa pueda imponer a los menores enseñanzas que atenten contra la formación ética y moral que sus padres han decidido para ellos.
4. Protección del Derecho a la Inocencia de los niños: Tipificar la exposición de los menores a la propaganda LGBTI+ e Ideología de Género como una forma de abuso sexual y psicológico, según el artículo 18 y el numeral 4 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), protegiendo así a nuestros niños y niñas de la sexualización precoz, el grooming y la instrumentalización ideológica a la que pretenden someterlos.

Señor Presidente: la historia le dará la razón si actúa con la valentía que exigen estos momentos. Esta es su oportunidad de demostrar que su compromiso con la vida y la familia no fue una estrategia de mercadeo electoral, sino una convicción profunda e irrenunciable.

Esperamos una respuesta contundente que proteja a las familias colombianas y que devuelva a nuestra Nación el rumbo de la verdad y la justicia.

Atentamente,

[Tu firma]

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