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Proyectos en Trámite en el congreso

jueves, 19 de noviembre de 2026

Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate la prohibición de tratamientos de “cambio de sexo” para menores de edad

El día de ayer, 18 de noviembre, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado que busca prohibir los tratamientos y procedimientos de “afirmación de género” (hormonización o mutilación genital) para menores de edad. Con el proyecto, llamado “ley Laura” por la niña de 15 años que demandó a la Clínica Valle de Lili tras haber sufrido secuelas permanentes como consecuencia de tales procedimientos, se quiere impedir que los menores de edad queden expuestos a intervenciones médicas de consecuencias irreversibles bajo el pretexto de la "afirmación de género". 

El debate inició con la discusión de una proposición de archivo y otra de suspensión presentada por los senadores Wilson Neber Arias, Alejandra Omaña Ortiz, Orlando Miguel de la Hoz García y Ferney Silva Idrobo, del Pacto Histórico. La bancada izquierdista argumentaba que el proyecto que el proyecto de ley afectaba los “derechos fundamentales” y por lo tanto, no sólo era competencia de la Comisión Primera del Senado, sino que debía ser tramitada como Ley Estatutaria. La comisión rechazó ambas proposiciones, por lo cual la bancada del Pacto Histórico intentó torpedear el debate presentando una proposición de Audiencia Pública para aplazar el debate, proposiciones de eliminación para cada uno de los artículos del proyecto, y proposiciones de modificación de cada uno de los artículos para desvirtuar completamente el sentido del proyecto de ley.

La comisión rechazó en bloque la avalancha de proposiciones del Pacto Histórico y en su lugar se aprobaron las modificaciones propuestas por la senadora Nadya Blel Scaff, que modificaban la redacción del artículo primero, agregaban un parágrafo para determinar el procedimiento de suspensión segura de los tratamientos que estuvieren en curso al entrar en vigencia la ley y otra para establecer un principio de proporcionalidad en el régimen sancionatorio. El proyecto fue aprobado con el voto favorable de los senadores Ana Paola Agudelo García, Selmen David Arana Cano, Zandra María Bernal Rincón, Nadya Georgette Blel Scaff, Andrés Eduardo Forero Molina, Leonardo De Jesús Gallego Arroyave, Norma Hurtado Sánchez, Santiago Montoya Montoya, y Claudia Margarita Zuleta Murgas. En contra votaron los senadores Martha Isabel Peralta Epieyú, Duvalier Sánchez Arango, Ferney Silva Idrobo, Sandra Claudia Chindoy Jamioy y Orlando Miguel De La Hoz García. Con lo cual el proyecto fue aprobado con 9 votos positivos y 5 votos negativos.

Asimismo, al cierre de la votación del título y el paso a segundo debate, se aprobó una proposición de la senadora Norma Hurtado Sánchez para conformar una mesa técnica y audiencia pública —con convocatoria a entidades como el Ministerio de Salud, INVIMA, Supersalud, ICBF, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Corte Constitucional, DNP, OPS y diversas sociedades médicas y científicas— con el fin de estudiar los aspectos éticos, constitucionales, legales y de evidencia científica.

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Comisión Primera de la Cámara aprobó proyecto de prohibición del alquiler de vientres en primer debate


Ayer, 18 de noviembre, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 215 de 2026 Cámara que busca prohibir la práctica del alquiler de vientres. El proyecto fue aprobado por unanimidad y contó con el respaldo de los partidos de derecha, como el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Conservador y el Centro Democrático, así como los partidos de izquierda, como el Pacto Histórico y el Partido Liberal.

Al inicio del debate, la discusión de centró en el tratamiento que se le debía dar al Proyecto de Ley, si como proyecto de ley ordinaria o como proyecto de ley estatutaria. El proyecto fue radicado originalmente como proyecto de ley ordinaria, pero a la hora de hacer el reparto, la secretaría general de la Cámara de Representantes lo envió a la comisión como Proyecto de Ley Estatutaria, considerando que reglamentaba derechos fundamentales. Sin embargo, los ponentes consideran que el proyecto no se propone reglamentar ningún derecho fundamental, sino únicamente la prohibición y penalización de una conducta determinada, por lo cual debía tramitarse como Proyecto de ley ordinaria.

La diferencia en términos de procedimiento es de la mayor importancia: Los proyectos de ley estatutaria deben aprobarse siempre por mayoría calificada (50%+1 de los miembros de la corporación) y deben surtir los cuatro debates en una misma legislatura (un año). Por otro lado, si el proyecto era tramitado como ley ordinaria, debía postergarse dentro de la agenda de la comisión, pues los proyecto de ley estatutaria tienen prelación. Al final, ese último factor terminó primando, y la comisión decidió continuar el trámite del proyecto como Ley estatutaria.

Para la discusión del articulado se presentaron múltiples proposiciones. La representante Ana Leidy Erazo Ruiz, del Pacto Histórico, pretendía modificar la terminología de todo el proyecto para sustituir “maternidad subrogada” por “gestación subrogada” y “madres gestantes” por “personas en capacidad de gestar”, con el argumento de que “los hombres trans” (es decir, mujeres biológicas) también gestan, y podrían ser también objeto de la práctica. Al final, los ponentes accedieron a la propuesta de la senadora Jennifer Pedraza para cambiar “maternidad subrogada” en todo el proyecto por “gestación por sustitución”. Y en el artículo 7 se sustituye la expresión “madre” por “mujer”.

La propuesta de la izquierda es paradójica y pone en serios aprietos la efectividad de la ley propuesta. Son precisamente las que se identifican con el feminismo, quienes están abogando en un proyecto de ley por la invisibilización de la maternidad como algo exclusivo de las mujeres. Si los ponentes acceden a tales pretensiones, no solo estarían convirtiendo la ley de prohibición del alquiler de vientres en una ley de promoción de la ideología de género, sino que acabarían contribuyendo al problema, pues, tal y como señalamos en nuestro concepto sobre el proyecto, el fenómeno del alquiler de vientres sólo ha podido ocurrir gracias los lobbies abortista, según el cual una mujer que gesta no es necesariamente madre, y LGBT, según el cual la familia no existe en favor del interés superior de los hijos sino del proyecto de vida de los cónyuges, y los vínculos de filiación no dependen de los vínculos biológicos entre padres e hijos.

También fueron aprobados dos artículos nuevos, un artículo sobre establecer una política de prevención y reparación, y otro acerca del régimen de transición frente a las mujeres que ya estuviesen gestando como resultado de la práctica en el momento de entrada en vigencia de la ley. Preocupa también que, como resultado de esas modificaciones al proyecto, se abra una puerta trasera para que los jueces o las comisarías de familia acaben burlando la disposición del parágrafo segundo, del artículo 6, que reconoce a la mujer gestante como madre de los menores nacidos como resultado de la práctica, pues esto terminaría por hacer viable la continuidad de la práctica en el país.

El proyecto fue aprobado con 22 votos a favor y ninguno en contra. A favor votaron los representantes Daniel Felipe Briceño Montes, Ana Leidy Erazo Ruiz, Heráclito Landinez Suárez, David Gerardo Cote Rodríguez, Alejandra Gabriela Abasolo Gómez, Manuel Orlando Correa Bedoya, Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, Aida Marina Quilcué Vivas, José Jaime Uscátegui Pastrana, Eimy Julieth Suarez González, Miguel Ángel Pinto Rueda, Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, Carol Stefanny Borda Acevedo, Laura Daniela Beltrán Palomares, Daniel Mauricio Monroy Hernández, Jorge Augusto Palacio Garzón, Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata, Gabriel Becerra Yáñez, Camilo Alfonso Torres Prada, Daniel Felipe Bernal Montealegre y José Gregorio Orjuela Pérez.

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martes, 17 de noviembre de 2026

Editorial: ¿Mantener la segregación “por la unidad de la Iglesia”?


En el vuelo de regreso de Lima a Roma, al cierre de su viaje por Uruguay, Argentina y Perú, el Papa León XIV dio su habitual conferencia de Prensa, en la cual resumió su misión en una frase que ha recorrido los titulares: “Es mi ministerio sanar, unir a las personas y superar las polarizaciones”. Habló de “construir puentes” y de “buscar la reconciliación”. Sin embargo, en esa misma rueda de prensa, el periodista francés Jean-Marie Guénois le preguntó si pensaba revisar el motu proprio Traditionis Custodes, y el Pontífice respondió que “fue una decisión del Papa Francisco y seguiremos aplicándola”. El pontífice justificó su decisión diciendo que “por la unidad de la Iglesia, la inmensa mayoría de los católicos del mundo celebra según el rito del Vaticano II”, y recordó que el documento contempla la posibilidad de dispensas. En el fondo, invoca el mismo argumento con que Francisco justificó el motu proprio en su carta a los obispos: “Es para defender la unidad del Cuerpo de Cristo que me veo obligado a revocar la facultad concedida por mis predecesores”.

Cinco años después de la expedición de Traditionis Custodes resulta absolutamente evidente que el motu proprio no ha contribuido en lo más mínimo a la unidad de la Iglesia, sino que, por el contrario, ha creado divisiones nuevas allí donde Summorum Pontificum había conseguido una verdadera Pax Liturgica. Benedicto XVI había conseguido que los fieles de uno y otro rito pudiesen convivir como parte de una misma comunidad parroquial, y en su lugar, Francisco ordenó que los fieles “arraigados en la forma de celebración anterior” fueran expulsados de los templos parroquiales y segregados del resto de la Iglesia, como si el querer celebrar la misa según el rito romano, según el canon de San Gregorio Magno, según la liturgia que San Gregorio VII convirtió en signo de unidad de la Cristiandad occidental, que San Pío V codificó como vínculo de unión con la Sede romana, los hiciera “menos católicos” que el resto.

Precisamente ese hecho, es el que suscita la pregunta del periodista francés: Son varias las voces dentro del episcopado que han señalado que precisamente, por recuperar la unidad de la iglesia, es que resulta indispensable la derogatoria de Traditionis Custodes en favor de una libertad más amplia para la Misa Tradicional, como Mons. Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco, o Mons. Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata. Resulta además irónico, cuando el propio León XIV, en la misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján dijo “Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno, son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea por asumir”. Habría que preguntar ¿Es la Misa Tradicional parte de esas “diversas sensibilidades presentes en la Iglesia” que “son una riqueza”? Si lo es ¿Por qué se le restringe de forma injustificada?

El Papa afirma que “existe una vía para quienes deseen solicitar una dispensa”, pero según Traditionis Custodes los obispos no pueden autorizar nuevos grupos ni erigir parroquias personales, la Misa en el rito antiguo queda excluida, en principio, de las iglesias parroquiales; los sacerdotes ordenados después del motu proprio deben pedir autorización al obispo, que a su vez debe consultar a la Santa Sede. Además, las respuestas de la Congregación para el Culto Divino de diciembre de 2021 prohibieron la confirmación y el orden según los libros antiguos, y en 2023 un rescripto reservó de modo especial a la Sede Apostólica la dispensa de estas restricciones. Es decir, que el mecanismo de la “dispensa” sólo parece funcionar en una vía: la de restringir y nunca la de permitir. No por nada, el lenguaje utilizado tanto por Francisco, como por Mons. Arthur Roche, fue el de afirmar tales dispensas como una solución temporal tendiente a la extinción progresiva de la Misa Tradicional.

Esta contradicción ya fue señalada por Mons. Robert Mutsaerts, Obispo Auxiliar de s-Hertogenbosch:

El texto altamente agresivo no es solo una ruptura con la "reforma de la reforma" propuesta por el Papa Benedicto XVI, sino también un paso en falso pastoral. El “Papa de la Misericordia” muestra poca misericordia para aquellos que abrazan el Rito Romano Tradicional. Esta pérdida de confianza no sólo afecta a los tradicionalistas, sino que incrementa la incertidumbre de los fieles. Si lo que ayer fue recomendado ya no aplica hoy, nada es seguro.

Para la muestra, en marzo pasado el propio León XIV escribía a los obispos franceses, diciendo “Que el Espíritu Santo les inspire soluciones concretas que permitan la inclusión generosa de aquellos sinceramente apegados al Vetus Ordo, en respeto a las directrices del Concilio Vaticano II en materia de liturgia”, y aún así, el pasado 25 de octubre, el obispo de Luçon, ha ordenado el fin de la celebración de la misa tradicional en la capilla de la Sagrada Familia del castillo de Ramberge, en la Vendée, que llevaba 43 años de continuidad.

Parecen cumplirse, a modo de extraña profecía, las palabras de nuestro señor Jesucristo: “¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra; o si le pide un pez, le dé una culebra? Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan!” (Mt 7, 9-11) Santo Padre: Los fieles de Misa tradicional no somos más que hijos pidiendo a sus padres el pan de la eucaristía, ¿Por qué se nos responde con piedras?

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miércoles, 11 de noviembre de 2026

ALERTA: Congresistas presentan proyecto de ley para celebrar la Reforma Protestante de Martín Lutero

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Ochenta y dos congresistas, liderados por la senadora Sara Castellanos, hija de los fundadores de la Misión Carismática Internacional (conocida como G12), han presentado el Proyecto de Ley 320 de 2026 Senado “Por medio del cual se declara el 31 de octubre de cada año como día nacional de la biblia y se resalta su aporte a la cultura y la lengua en Colombia y se dictan otras disposiciones.” Aunque el proyecto pareciera celebrar la Biblia como un punto en común entre todas las confesiones cristianas y insiste en múltiples ocasiones en que la declaratoria no se vincula a ninguna confesión religiosa en particular, la selección del 31 de octubre como fecha para la celebración la vincula con la Reforma de Martín Lutero, y constituye, indudablemente, un acto de proselitismo del Protestantismo, particularmente en contra de la Iglesia Católica.

La elección del 31 de octubre se relaciona históricamente con el inicio de la Reforma protestante, asociado tradicionalmente con la publicación de las noventa y cinco tesis de Martín Lutero en 1517. Este acontecimiento constituyó un hito en la historia del cristianismo occidental y estuvo vinculado con transformaciones posteriores en las formas de interpretación, traducción, circulación y lectura de los textos bíblicos. (…) En consecuencia, la referencia histórica al 31 de octubre permite situar la conmemoración en un contexto relevante para el estudio de la interpretación y circulación de la Biblia. No obstante, el propósito de la iniciativa no consiste en conmemorar institucionalmente una confesión religiosa ni en adoptar una interpretación particular de la Reforma protestante, sino en promover el conocimiento de la Biblia desde sus dimensiones histórica, lingüística, literaria y cultural, con respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el pluralismo reconocidos por la Constitución Política.

Si se quisiera establecer una fecha para la celebración de las Sagradas Escrituras existen muchísimas otras fechas más apropiadas. La Iglesia celebra la Biblia durante el mes de Septiembre en honor a San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, la primera traducción completa de la Escritura del Griego al Latín, cuya fiesta se celebra el 30 de Septiembre. También se podría vincular al Papa San Dámaso, cuyo dies natalis se celebra el 11 de diciembre, quien fue el que en 382 estableció el primer canon bíblico reuniendo el Viejo y el Nuevo Testamento. Si hablamos de la Traducción de la Biblia al español, podría entonces celebrarse el 4 de abril a Alfonso X el Sabio, quien encargó la primera traducción con la Biblia Alfonsina.

Por el contrario, Martín Lutero eliminó varios libros del canon bíblico, como la epístola de Santiago, simplemente porque no correspondían con su concepción herética de la relación entre la gracia y la libertad humana. El acto de protesta de Martín Lutero, no sólo es absolutamente remoto y ajeno a la historia nacional, sino que las mismas fuentes invocadas por el proyecto de ley para demostrar su importancia en la historia nacional, como los autores de los sermones de 1808-1821 (Fernández de Sotomayor, José Gabriel Silva o José Antonio Gómez), se horrorizarían de que se les vinculase de algún modo a la celebración de la reforma protestante.

La iniciativa está firmada por los senadores Sara Jimena Castellanos Rodríguez, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Jonathan Ferney Pulido Hernández, María Clara Posada Caicedo, Carlos Manuel Meisel Vergara, David Alejandro Barguil Assis, Esteban Quintero Cardona, Christian Munir Garcés Aljure, Enrique Gómez Martínez, Santiago Montoya Montoya, Gonzalo Dimas Baute González, Juan Carlos García Gómez, María Angelica Guerra López, Hernán Darío Cadavid Márquez, Yessid Enrique Pulgar Daza, Marcos Daniel Pineda García, Santiago Barreto Triana, Juan Fernando Caicedo Callejas, Oscar Leonardo Villamizar Meneses, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Selmen David Arana Cano, Enrique Cabrales Baquero, Laura Ester Fortich Sánchez, Daniel Restrepo Carmona, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, María Irma Noreña Arboleda, Ana Paola García Soto, John Moisés Besaile Fayad, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Juan Fernando Espinal Ramírez, Zandra María Bernal Rincón, Carlos Mario Farelo Daza, Antonio José Correa Jiménez, Leonardo De Jesús Gallego Arroyave, Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, y los Representantes a la Cámara Carol Stefanny Borda Acevedo, Camilo Andrés Gómez Mosquera, Hilda Gutiérrez, Yamit Noe Hurtado Neira, Jesús Salim Lorduy Martínez, Hernando González, David Gerardo Cote Rodríguez, Luis Miguel López Aristizábal, Estefanel Gutiérrez Pérez, Pedro Alejandro Murcia Lamprea, Milene Jarava Diaz, Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Diego Fran Ariza Pérez, José Gregorio Orjuela Pérez, José Luis Abdalla Olivera, Manuel Orlando Correa Bedoya, Alejandro Castillo Gaitán, María Janeth Sabogal Robles, Jhonn Alexander Molina Betancur, Alejandro De La Ossa Lacayo, Esneyder Gómez Salamanca, Daruin Castellanos Romero, Edinson Rodríguez Canchimbo, Juan David Londoño Arango, Jorge Armando Figueroa Angarita, Juan Manuel Londoño Jaramillo, Alfredo Ape Cuello Baute, José Luis Duarte Contreras, Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, José Alejandro Martínez Sánchez, German Rogelio Rozo Anis, Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, Marco Emilio Hincapié Ramírez, Alejandra Gabriela Abasolo Gómez, José Jaime Uscátegui Pastrana, José Octavio Cardona León, Martha Isabel Ruiz Solera, Elizabeth Jay-Pang Diaz, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, José Fredy Arias Herrera, Kelyn Johana González Duarte, Carlos Alberto Pantoja Cortes, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Chadan Francisco Rosado Taylor, Ana Ligia Mora Martínez.

Sorprende por tanto, la aparición de congresistas reconocidamente católicos entre los firmantes del proyecto, pues además, la fecha del 31 de octubre viene a superponerse a una de las festividades más importantes del calendario litúrgico católico, como es la Vigilia de la Solemnidad de Todos los Santos, que junto con la Solemnidad de Todos los Santos (1 de Noviembre) y la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos (2 de noviembre) constituyen algunas de las festividades más antiguas de la liturgia de la Iglesia, y que han dejado su impronta en el Patrimonio Cultural colombiano, como la tradición del “Ángeles somos” en Cartagena, o la tradición de los animeros en Antioquia.

Por mucho que en la exposición de motivos se pretenda argumentar la importancia cultural de la declaratoria, estamos ante la clara sustitución de nuestra propia cultura y tradiciones, por parte de otras ajenas, importadas del mundo protestante. “Excusa no pedida, acusación manifiesta” dice el proverbio, y tanto la exposición de motivos como el articulado parecen no hacer más que negar que el proyecto sea lo que parece: proselitismo del protestantismo. Aunque el número de congresistas parece garantizar el trámite de la misma, esperamos que, a menos que la fecha se desvincule por completo de la Reforma luterana, el proyecto no llegue a aprobarse.

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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Medios de comunicación progresistas difaman a la campaña 40 días por la vida en Pasto


La campaña 40 Días por la Vida en la ciudad de Pasto está siendo objeto de ataques por parte de los medios de comunicación “Tendencia digital Nariño” y “Último minuto Nariño”. Estos medios de comunicación, de orientación abiertamente izquierdista, han publicado en sus redes sociales noticias falsas en las cuales acusan a los participantes de la campaña de “agredir verbalmente” y “hostigar” a las personas que se acercan a la sede de Profamilia.

En sus publicaciones realizadas el 27 de octubre, los medios llaman “minoría fundamentalista” y “fanáticos religiosos que buscan imponer su moral particular sobre la salud pública” a los participantes en la campaña de oración. Los acusan de “presunto maltrato y hostigamiento verbal” contra las pacientes del centro de abortos, las cuales “denuncian haber sido agredidas psicológicamente con consignas intimidantes, juicios morales y descalificaciones”. Sin embargo, ninguno de los medios presenta evidencia, o siquiera citas textuales de las declaraciones de las supuestas víctimas, las cuales describen vagamente. Además, en las fotos que acompañan las publicaciones se observa a un grupo de 8 personas, mientras se ve con toda claridad que la sede de Profamilia se encuentra cerrada, y en otra fotografía a los participantes orando tranquilamente en la acera contraria.

Los organizadores de la campaña 40 Días por la Vida, han publicado un comunicado rechazando las acusaciones, y exigiendo a los responsables detrás de ambos medios de comunicación “cesar los discursos de odio y la persecución contra quienes defienden la vida.”

Desde el liderazgo de Unidos por la Vida Pasto, nos permitimos manifestar que, ante los recientes señalamientos en contra de la campaña de 40 Días por la Vida, difundido por los medios “tendencia digital Nariño y último minuto Nariño” y sus redes sociales, y como colaboradores de ésta y sobre nuestra presencia en los alrededores de Profamilia en Pasto, nos permitimos aclarar lo siguiente:

  1. La oración es un acto de amor: Nuestra labor se fundamenta exclusivamente en la oración, el ayuno y la vigilia PACÍFICA. No promovemos el conflicto ni la confrontación.
  2. La información presentada por “tendencia digital Nariño y último minuto Nariño” es falsa.
  3. Cada voluntario asume un compromiso firmado con el objetivo de garantizar jomadas de paz y acogida a las mujeres que voluntariamente se acercan.
  4. La fotografía que difunde “tendencia digital Nariño y último minuto Nariño” frente a las instalaciones de PROFAMILIA PASTO fue tomada un día no hábil, sin atención al público donde se observa que su puerta de acceso está cerrada. Ningún funcionario o usuario pudo si quiera notar la presencia.
  5.   El propósito de la campaña y nuestra colaboración es transmitir un mensaje de esperanza, recordar a cada mujer que no está sola, que su vida importa y que existen personas dispuestas a escucharla y acompañarla.

Por consiguiente, RECHAZAMOS categóricamente las acusaciones que se imponen sobre los voluntarios; EXIGIMOS a los responsables detrás del autodenominado medio “tendencia digital Nariño y último minuto Nariño” cesar los discursos de odio y la persecución contra quienes defienden la vida.

Como ciudadanos, tenemos derecho a vivir nuestra fe, expresar pacíficamente nuestras convicciones religiosas y educar a nuestros hijos en los valores cristianos, en armonía con los derechos y libertades de los demás; por ello compartir nuestra fe no significa imponerla, sino dar testimonio mediante las palabras y las obras de lo que Dios mismo ha obrado en nuestras vidas, sin coaccionar la conciencia de nadie.

Valoramos a la mujer en todas sus dimensiones: su dignidad, su educación, su trabajo, sus proyectos, su vida familiar, sus capacidades y su valor como persona.

Queremos contribuir a que encuentre redes de apoyo y alternativas concretas, sin desconocer sus circunstancias ni sus necesidades particulares. Nuestra defensa de la Vida no sólo es una cuestión moral, es también el ejercicio del derecho de las libertades de conciencia, cultos y de expresión. (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución política de Colombia)

Desde que inició en Colombia la campaña de 40 días por la Vida en 2015, ha sido objeto de múltiples ataques y denuncias por parte de la industria del aborto. El diario El Espectador ha atacado en varias oportunidades a la campaña, al punto de asociarla sin ningún sustento a hipotéticos actos de violencia. En 2017 denunciamos cómo Profamilia, aliada con el lobby jurídico DeJusticia, habían emprendido una campaña para atacar políticamente la campaña 40 Días por la Vida, con el fin de frenar el número de bebés salvados del aborto, que habría tenido sus frutos en la prohibición de la campaña por parte del alcalde de Manizales en 2018, y el borrador de resolución publicado por el gobierno de Iván Duque en 2019, en el cual se criminalizaba directamente cualquier tipo de actividad o apoyo destinado a disuadir a las mujeres de abortar.

Resulta además irónico que mientras los participantes de la campaña 40 Días por la Vida, se limitan a orar en silencio o en voz baja en la vía pública (Protegido por el Artículo 19 de la Constitución Política), y a cierta distancia de los centros de aborto (Nunca se ha obstaculizado físicamente el acceso a los mismos), se les acuse de agredir y hostigar, mientras que existe evidencia fílmica de cómo los grupos feministas han ido en varias oportunidades a atacar verbalmente a los participantes en la campaña. De hecho, los medios de comunicación y las organizaciones izquierdistas que buscan criminalizar el acto de rezar en la vía pública, son los mismos que defienden el bloqueo de vías o el daño de bienes públicos y privados como parte del “derecho a la protesta”.

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martes, 3 de noviembre de 2026

Tras perder la votación, Pacto Histórico desarma el quórum para la aprobación del Proyecto de protección del Derecho a la Vida desde la Fecundación

El pasado jueves 29 de octubre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sesionó para debatir el Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara, que busca modificar el artículo 11 de la Constitución Política y explicitar la protección del Derecho a la Vida desde la Fecundación. Para la discusión se presentaron dos informes de ponencia, el mayoritario presentado por los representantes David Gerardo Cote, Carol Stefanny Borda, Guillermo León Blanco, Milton Virgilio Carreño y Martha Isabel Ruiz, que invitaba a la aprobación del proyecto, y el minoritario presentado por las representantes Laura Daniela Beltrán y Alejandra Gabriela Abasolo en el que pedían el archivo del proyecto.

El proyecto había sido agendado inicialmente para su discusión el miércoles 28, pero ante la ausencia de los congresistas, el proyecto no se pudo discutir por falta de quórum y fue aplazado para el día siguiente. El jueves, la discusión inició con el debate de la proposición de archivo, respaldada por la bancada del Pacto Histórico. Al observar que había una mayoría en la comisión en favor de aprobar el proyecto, la ponente Laura Daniela Beltrán intentó frenar su aprobación al solicitar el aplazamiento de la discusión, para dar lugar a otros proyectos. Sin embargo, su proposición de modificación del orden del día fue negada por la comisión.

Así pues, luego de las respectivas exposiciones de ambas ponencias, se procedió a la votación de la proposición de archivo. En contra del archivo votaron los representantes JAIME IGNACIO ARIZABALETA FAJARDO DANIEL FELIPE BRICEÑO MONTES, JOSE JAIME USCATEGUI PASTRANA, MIGUEL ANGEL PINTO RUEDA, CAROL STEFANNY BORDA ACEVEDO, MANUEL ORLANDO CORREA BEDOYA, DELCY ESPERANZA ISAZA BUENAVENTURA, ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS, MILTON VIRGILIO CARREÑO SANCHEZ, MARTHA ISABEL RUIZ SOLERA, DAVID GERARDO COTE RODRIGUEZ, MANUEL ORLANDO CORREA BEDOYA, FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA y JULIO CESAR TRIANA QUINTERO. A favor del archivo del proyecto votaron los representantes GABRIEL BECERRA YAÑEZ, HERACLITO LANDINEZ SUAREZ, GERMAN ROGELIO ROZO ANIS, EIMY JULIETH SUAREZ GONZALEZ, LAURA DANIELA BELTRAN PALOMARES, PAOLA ANDREA QUIÑONES D'HARO, YEISSON GERARDO SUA CAJAMARCA ZAPATA, EDGAR GOMEZ CASTILLO, y MONICA KARINA BOCANEGRA PANTOJA. Por lo cual, la votación quedó 14 a 9, rechazando la proposición de archivo presentada por el Pacto Histórico.

Acto seguido se abrió la votación para votar la proposición con que termina el informe de ponencia a favor del proyecto presentada por los representantes David Gerardo Cote y Carol Borda. En ese momento, el Pacto Histórico se retiró de la sesión, por lo cual por el Sí hubo 14  votos, y sólo 2 por el No. A pesar de la mayoría, no se logró mantener el quórum decisorio que, en la Comisión Primera de la Cámara lo constituyen 20 representantes. De forma que al disolverse el quórum, se debe levantar la sesión y la discusión queda aplazada.

No es verdad, por tanto, que la izquierda haya conseguido hundir el proyecto de acto legislativo, como se ufanaba en redes la representante María Fernanda Carrascal. La proposición de archivo fue rechazada, y si no hubiera sido por el sabotaje del quórum por parte de la bancada del Pacto Histórico, el proyecto habría sido aprobado. Otra cosa es que al tratarse de un Proyecto de Acto Legislativo, la ley 5a establece un límite de dos periodos ordinarios sucesivos (una legislatura) para los ocho trámites correspondientes, lo cual hace prácticamente imposible que el proyecto logre pasar los cuatro debates de la primera vuelta antes del 16 de diciembre.

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martes, 27 de octubre de 2026

Concepto oficial de Voto Católico Colombia al Proyecto de Ley 215 de 2026 Cámara sobre prohibición de la maternidad subrogada

Desde Voto Católico Colombia tuvimos la oportunidad de intervenir en la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley 215 de 2026 Cámara convocado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En la Audiencia Pública sólo se concedió dos minutos, mas uno adicional para concluir, como parte de la exposición, de forma tal que buena parte de la exposición que desarrollamos en este concepto tuvo que ser omitida. En este sentido, hemos querido compartirles el texto concepto de nuestro concepto, además de la exposición hecha ante la Comisión.

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miércoles, 21 de octubre de 2026

Movimiento Laicos por Colombia respalda a la Ministra Ilva Myriam Hoyos en su petición de derogar la Resolución 1350 de 2026

El Dr. Carlos Corsi Otálora en su calidad de presidente del movimiento Laicos por Colombia ha enviado una carta a la Dra. Ilva Myriam Hoyos, Ministra de Educación, en respaldo a su petición al presidente Abelardo de la Espriella para derogar la Resolución 1350 de 2026, expedida por el gobierno de Gustavo Petro para imponer la Ideología de Género en todos los niveles del Estado y de las instituciones de salud y educativas. La resolución fue expedida el 10 de julio, poco antes de entregar el poder, y en ella se pretende promulgar por vía administrativa la “Ley Trans” que fue rechazada en el Congreso de la República, con el nombre “Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”. 

El pasado 21 de septiembre, la ministra envió un oficio a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia de la República, en el que solicita «acciones urgentes» para derogar la Resolución 1350 de 2026. El Ministerio de Educación le solicita a la Presidencia adoptar dos medidas concretas e inmediatas. En primer lugar, revisar el acto administrativo mediante el cual se adoptó la política, proceso que deberá contar con la participación activa de los cuatro ministerios involucrados. En segundo lugar, y mientras se adelanta dicha revisión, pide que se expida una directiva presidencial que ordene la suspensión de cualquier medida relacionada con la implementación de la política, así como un inventario de las acciones que ya hayan sido ejecutadas en el marco de la misma.

En su carta, el Dr. Carlos Corsi apoya la iniciativa de derogación de la resolución “que unos grupúsculos habían logrado implantar mediante la Resolución 1350 de 2026, del anterior Gobierno, que, pretendió infiltrar una falsa educación sexual en el Sistema Escolar”. Desde el movimiento también invitan a los ciudadanos a enviar sus mensajes de apoyo a la ministra, con copia al presidente de la república.

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viernes, 16 de octubre de 2026

ATENCIÓN: Ministra de Salud pide mantener la situación legal del aborto frente al proyecto de protección constitucional a la vida desde la fecundación


El pasado 15 de octubre la comisión primera de la Cámara de Representantes convocó a Audiencia Pública sobre el Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara que busca modificar el artículo 11 de la Constitución Política para establecer la protección del derecho a la vida desde la fecundación. Una de las presentación intervinientes fue la del Dr. Ricardo Luque Núñez, delegado del Ministerio de Salud y Protección Social, a nombre de la ministra Ana María Vesga Gaviria. Aunque la presentación fue apenas un resumen del concepto emitido por el ministerio, en él, especialmente en su conclusión, queda claro que la postura del ministerio es que la protección a la vida no riña

Transcribimos la intervención completa del delegado del Ministerio (Subrayas nuestras):

El Ministerio de Salud y Protección Social expresa su pleno respeto por las deliberaciones y decisiones que adopte el Congreso de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales. Por lo tanto, esta intervención constituye una oportunidad para aportar elementos que contribuyen a valorar la iniciativa desde la responsabilidades del sector salud, presentando consideraciones con el propósito de apoyar un examen informado de sus alcances, de su relación con las garantías reconocidas y de las condiciones necesarias para hacer efectiva la protección del embarazo, toda vez que una modificación del artículo 11 puede incidir en la interpretación de otros derechos y en las obligaciones que ya le asisten al Estado en su garantía.

La protección de la vida en gestación ya cuenta con un desarrollo amplio en  el ordenamiento jurídico colombiano. La Constitución y la jurisprudencia reconocen ese deber estatal de protección que se concreta en distintos ámbitos, entre ellos la atención en salud. En consecuencia, el análisis del proyecto del acto legislativo parte de una protección existente cuyo alcance ha sido desarrollado por la Corte Constitucional y que orienta de manera permanente la actuación de las autoridades, entre otras las de este ministerio. Es así que el artículo 11 ya reconoce la inviolabilidad del derecho a la vida. Se considera que la ausencia de una referencia expresa a la fecundación no significa que el ordenamiento carezca de un deber de protección prenatal. Al respecto, la sentencia C-355 del 2006, la C-327 del 2016 y la C-055 del 2022 de la Corte Constitucional, como lo menciona el proyecto de acto legislativo, ya han desarrollado esa protección y su relación con la garantía de las mujeres y personas con capacidad de gestar. En este sentido, se considera que el ordenamiento jurídico vigente ya establece un mandato constitucional de protección de la vida prenatal, cuyo cumplimiento exige del Estado adoptar medidas concretas para hacerla efectiva en armonía con los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

Igualmente se debe tener en cuenta que la protección de la vida en gestación, conforme lo indica el ordenamiento jurídico, se realiza de manera esencial a través de la protección de la mujer embarazada o persona con capacidad de gestar. De esta manera, las acciones que ya se desarrollan de manera permanente se centran en la atención prenatal, la identificación temprana de los riesgos, el tratamiento oportuno de las complicaciones y el acompañamiento durante la gestación. Adicionalmente sobre este tema, el artículo 43 de la Constitución ya establece que la mujer debe recibir especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después del parto. En el sector salud, este mandato ha implicado garantizar una atención que responda a sus necesidades y tenga en cuenta tanto al acompañamiento que requiere como las dificultades que puede enfrentar para acceder a los servicios, así como a las decisiones reproductivas que puede tomar en el marco de su autonomía y en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Cabe la pena señalar que nuestro ordenamiento ya reconoce a la mujer embarazada como sujeto especial de especial protección constitucional y el marco internacional de los derechos humanos reconoce la maternidad segura como un derecho humano. Es así que las acciones que se adelantan para promover una maternidad saludable son una forma concreta de proteger la vida en gestación. En ese sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social adelanta acciones como la atención preconcepcional y controles prenatales, la atención del parto y cuidado después del nacimiento, la prevención de las complicaciones y la atención de emergencias obstétricas, el acceso a servicios y continuidad de la atención, la promoción del parto digno respetado y humanizado que es Ley 2244 del 2022, de esta misma institución, del Congreso de la República, atención integral al duelo por pérdida gestacional o perinatal, articulación de la maternidad segura con los derechos sexuales y reproductivos.

Por otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que la protección de la vida en gestación es gradual e incremental, es decir, que su alcance jurídico varía conforme avanza el embarazo y debe armonizarse con los derechos de la mujer, de acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido por la propia Corte Constitucional. En este sentido, el deber de protección prenatal se desarrolla conjuntamente con la garantía del derecho a la salud de la mujer, su dignidad y sus derechos reproductivos, incluido el respeto por su autonomía para tomar decisiones sobre su reproducción. Se comprende que la gradualidad no significa que se pueda aplazar el cuidado prenatal, ya que la mujer necesita atención desde las primeras etapas y durante todo el embarazo. Lo que exige este criterio es que las medidas jurídicas de protección se examinen junto con sus efectos sobre otros derechos para evitar que una decisión termine dejando sin protección a la mujer.

En tal sentido, en Colombia se reconocen los derechos sexuales y los derechos reproductivos, entre ellos la autonomía reproductiva, que implica reconocer a la mujer como participante en las decisiones que afectan su cuerpo, su salud y su proyecto de vida. Desde la atención en salud, su respeto requiere información comprensible, posibilidades de expresar su voluntad y ausencia de presiones que sustituyan la decisión. Esta autonomía se desarrolla en un marco jurídico que debe ofrecer garantías para su ejercicio. En consecuencia, se estima necesario que la formulación constitucional preserve las condiciones que permiten tomar decisiones informadas y acceder a los servicios ya reconocidos. Desde el sector salud es importante que una eventual reforma no se interprete como habilitación para suspender atenciones, exigir requisitos adicionales o trasladar a la mujer cargas de definición jurídica que corresponden a las autoridades.

Consideraciones constitucionales: El artículo…

H.R. David Gerardo Cote: Bueno, 30 segundos para que redondee, por favor.

Dr. Ricardo Luque Núñez: A ver, entonces eh concluyamos. Bueno, mencionamos, vamos a dejar el documento de todas formas, honorable representante.

Es así que mencionamos acá el caso de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, al igual el caso de Beatriz y otros contra El Salvador, y concluimos que en consecuencia se considera importante que la formulación y la aplicación de la eventual reforma preserven la autonomía reproductiva y los derechos reconocidos y eviten incertidumbres o nuevas barreras de atención…

En resumen: el ministerio de salud y proyección social no se opone a que el congreso de la república modifique la constitución para establecer el derecho a la vida desde la fecundación, siempre y cuando se “preserven la autonomía reproductiva y los derechos reconocidos”, es decir, mientras no se afecte la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto al aborto libre hasta la semana 24 de gestación, y en las tres causales de la C-355 de 2006 hasta el segundo inmediatamente anterior al parto (o incluso después, a juzgar por la T-388 de 2009).

¿Es esta la postura del gobierno nacional? ¿Es esa la postura del presidente de la Espriella, que hizo campaña presentándose como “provida”? Pretender que el proyecto de acto legislativo proteja el derecho a la vida del que está por nacer desde el momento de la fecundación y que deje intacta la permisividad del aborto, es hacer al proyecto inane, tal y como dice el concepto del ministerio cuando dice que “la protección de la vida en gestación ya cuenta con un desarrollo amplio en  el ordenamiento jurídico colombiano”. Resulta de una crueldad cínica que se afirme que en Colombia se protege la vida en gestación invocando precisamente aquellas sentencias en que se permite el desmembramiento de niños perfectamente viables fuera del útero bajo la libre decisión de la mujer.

La premisa fundamental de la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006 para desconocer los precedentes jurisprudenciales y despenalizar el aborto, era que en Colombia la vida en gestación se protege como un bien jurídico, no como un derecho fundamental. Según la corte, ante la supuesta incapacidad para definir científicamente el momento en que comienza la vida humana, no podía reconocer al nasciturus como sujeto de derechos, y por lo tanto, en el caso del aborto no había realmente un conflicto de derechos, el derecho del niño y el de la madre, sino un conflicto entre los derechos de la mujer y la vida en gestación como bien jurídico protegido. De ahí, que al no proceder el juicio de proporcionalidad entre dos derechos, la Corte pudiera permitirse sostener que la protección de los derechos de la mujer exigía permitir el asesinato del niño en su vientre.

Según la Corte, no puede tener derecho a la vida el que no puede ser sujeto de derechos, y eso es de lo que se ha valido para permitir el aborto a la libre disposición y voluntad de la madre, pues al no haber un derecho involucrado, nada hay que deba limitar esa libre voluntad y “autonomía reproductiva” de la mujer. Resulta igualmente desvergonzado afirmar que “la protección de la vida en gestación es gradual e incremental”, cuando la propia Corte ha dicho que no existe ningún límite temporal para la realización del aborto y con esa excusa ha avalado la comisión de infanticidio en la sentencia T-388 de 2009.

Eso es lo que busca corregirse a través del Proyecto de Acto Legislativo. No existe protección alguna a la vida en gestación si puede impunemente eliminarse al sujeto de ese derecho a la vida. Hasta que no se reconozca al nasciturus como sujeto del derecho a la vida, no puede decirse que en Colombia exista protección alguna a la vida en gestación.

Si el gobierno nacional de Abelardo de la Espriella pretende que la reforma constitucional del artículo 11 deje intacta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de aborto, debería quitarse el título de “provida” y reconocer que está defendiendo, justificando y apoyando el aborto en Colombia. Así como debería dejar de decir que van a combatir la Ideología de Género, mientras sus ministros y delegados ante el Congreso hablan de “persona con capacidad de gestar”.

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miércoles, 14 de octubre de 2026

Editorial: ¿No es provida la Iglesia Católica?

El pasado 2 de octubre, el Papa León XIV respondió a unos periodistas que le preguntaban sobre el otorgamiento de una condecoración a un político abortista por parte del arzobispo de Chicago Blaise Cupich:

"Alguien que dice 'Estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la pena de muerte' no es realmente provida", sentenció el pontífice. Luego, añadió una crítica directa al trato de otros grupos vulnerables: "Alguien que dice 'Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos', no sé si eso es ser provida".

El argumento no es nuevo, hace parte del argumentario habitual del sector progresista del episcopado estadounidense para justificar su complacencia con los políticos abortistas, al afirmar que la doctrina moral es como la túnica inconsútil de Cristo, que no puede fragmentarse en temas específicos, sino que debe ser tomada como un todo. Este argumento, curiosamente lejos de ser utilizado para defender en rigor la integridad de la moral católica, es esgrimido con la intención opuesta: minimizar el problema del aborto al ponerlo al mismo nivel que otras causas de “justicia social” como la inmigración, el desempleo, la pena de muerte, etc. El resultado no es el rigorismo sino el indiferentismo moral. Los obispos izquierdistas se excusan de no combatir el aborto, argumentando que los derechistas tampoco defienden las otras causas.

Esta postura, que el Papa León XIV ha hecho suya, ya fue desmentida por Benedicto XVI en su exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis:

83. Es importante notar lo que los Padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana- Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29). Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado.

En la cual recoge una idea que ya estaba presente en la Nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política:

Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos «los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio». Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad» exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.

Es de aquí de donde surgió el concepto de los “principios no negociables”, expresión algo desafortunada pues implicaría que hay otros principios que sí se podrían negociar, que esencialmente trata de expresar la realidad de que en las agendas políticas modernas se defiende la permisividad y la promoción de actos que son intrínsecamente perversos y contrarios al derecho natural. No hay punto de comparación entre defender el asesinato de un inocente y defender el control de la inmigración ilegal, o la licitud de la pena de muerte.

Ahora, es precisamente este último punto el que resulta de mayor gravedad, no sólo porque el Papa está poniendo al mismo nivel el asesinato deliberado de un ser humano inocente, con la ejecución, por parte de la autoridad pública, de un criminal condenado por la justicia, sino porque la licitud moral de la pena de muerte es algo que ha sido afirmado por la Iglesia a través de los siglos. Y no podría ser de otra manera, pues el mismo Jesús ante Pilato le recordó que la autoridad para sentenciar a muerte le había sido dada “de lo alto” (Jn 19, 11), y ya en la cruz, San Dimas reconoció que su condena muerte, a diferencia de la de Cristo, era justa y merecida (Lc 23, 41). Recordamos pues, algunos de los ejemplos más notables de reafirmación de esta doctrina infalible.

Haz el bien y recibirás sus alabanzas; de hecho, la autoridad es un ministro de Dios para bien tuyo; pero si haces el mal, teme, pues no en vano lleva la espada; ya que es ministro de Dios para aplicar el castigo al que obra el mal. (Romanos 13, 1-4).

Hay algunas excepciones, sin embargo, a la prohibición de no matar, señaladas por la misma autoridad divina. En estas excepciones quedan comprendidas tanto una ley promulgada por Dios de dar muerte como la orden expresa dada temporalmente a una persona. Pero, en este caso, quien mata no es la persona que presta sus servicios a la autoridad; es como la espada, instrumento en manos de quien la maneja. De ahí que no quebrantaron, ni mucho menos, el precepto de no matarás los hombres que, movidos por Dios, han llevado a cabo guerras, o los que, investidos de pública autoridad, y ateniéndose a su ley, es decir, según el dominio de la razón más justa, han dado muerte a reos de crímenes. (San Agustín. La Ciudad de Dios. Libro I, c. 21)

De la potestad secular afirmamos que sin pecado mortal puede ejercer juicio de sangre, con tal que para inferir la vindicta no proceda con odio, sino por juicio, no incautamente, sino con consejo. (Inocencio III, Profesión de fe propuesta a Durando de Huesca y a sus compañeros valdenses, Denzinger 795)

Pues toda parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y por ello cada parte existe naturalmente para el todo. Y por esto vemos que, si fuera necesaria para la salud de todo el cuerpo humano la amputación de algún miembro, por ejemplo, si está podrido y puede inficionar a los demás, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien: cada persona singular se compara a toda la comunidad como la parte al todo; y, por tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común; pues, como afirma 1Co 5,6, un poco de levadura corrompe a toda la masa. (Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica, II-II, q.64, a.2)

Esta clase de pecadores, de quienes se supone que son más perniciosos para los demás que susceptibles de enmienda, la ley divina y humana prescriben su muerte. Esto, sin embargo, lo sentencia el juez, no por odio hacia ellos, sino por el amor de caridad, que antepone el bien público a la vida de una persona privada. (Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica, II-II, q.25, a.6, ad 2)

Aun en el caso de que se trate de la ejecución de un condenado a muerte, el Estado no dispone del derecho del individuo a la vida. Entonces está reservado al poder público privar al condenado del «bien» de la vida, en expiación de su falta, después de que, por su crimen, él se ha desposeído de su «derecho» a la vida. (Pío XII, Discurso a los participantes en el I Congreso Internacional de Histopatología del Sistema Nervioso. Los límites morales de los métodos médicos, n. 28, en 13 de septiembre de 1952)

Así pues, el Papa León debería reconocer que, según sus criterios, la Iglesia Católica no es provida, o al menos no lo fue durante 2000 años, hasta que Francisco decidió modificar el Catecismo para sustituir la doctrina infalible de la Iglesia por sus opiniones políticas personales. Esta es la verdadera gravedad del asunto: Más allá de las consideraciones prudenciales acerca de la conveniencia de la aplicación de la pena de muerte en la actualidad (Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI la consideraban prácticamente innecesaria en la situación actual), la licitud moral de la pena de muerte es una verdad infalible que compromete a la escritura, a la Tradición Apostólica y al magisterio solemne de la Iglesia. Afirmar que la pena de muerte es “inadmisible” como han hecho Francisco y ahora León XIV, es afirmar que durante siglos el magisterio infalible de la Iglesia, de hecho, falló y sostuvo una enseñanza errónea. Y si la Iglesia pudo errar en ese asunto, podrá errar en todo lo demás. Se trata de un disparo directo contra la línea de flotación, no del movimiento provida, no del Partido Republicano, sino de la propia autoridad de la Iglesia.

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martes, 13 de octubre de 2026

15 de Octubre: Audiencia Pública en la Comisión Primera de la Cámara sobre el Proyecto de protección constitucional de la vida desde la fecundación

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha convocado a una Audiencia Pública sobre el Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara, que busca establecer la protección constitucional de la vida humana desde el momento de la fecundación. El proyecto busca modificar el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia para introducir la expresión “La vida humana existe desde la fecundación y gozará de protección constitucional durante todas las etapas de su desarrollo. El ser humano en gestación es sujeto de especial protección constitucional.”

La Audiencia Pública es una sesión informal que permite a los Congresistas escuchar a los representantes de la sociedad civil y los ciudadanos que a título particular quieran intervenir para expresar su parecer respecto de los proyectos en trámite o los temas discutidos por el Congreso. El número de las intervenciones y la calidad de los intervinientes también permite a los congresistas probar el apoyo social y por parte de los grupos de interés que pueden tener las diferentes iniciativas.

La Audiencia Pública se llevará a cabo el Jueves 15 de Octubre de 2026 en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional. Podrán participar todos los que se inscriban oportunamente y envíen copia de sus intervenciones al correo debatescomisionprimera@camara.gov.co antes de las 4:00 PM del miércoles 14 de Octubre. Para inscribirse, pueden hacerlo a través del siguiente link: https://forms.gle/mfEV7RJDN2Rium9T9

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martes, 29 de septiembre de 2026

Editorial: ¿Qué significa realmente la expresión «¡Viva Cristo Rey!»?


El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la decisión del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que ordenaba al presidente Abelardo de la Espriella, y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, ofrecer públicas disculpas públicas por el acto religioso realizado durante la ceremonia de posesión presidencial el pasado 7 de agosto. Aunque el Presidente ya había ofrecido tales disculpas en una alocución pública el domingo 30 de agosto, en la cual volvió a despedirse gritando “¡Viva Cristo Rey!”, la sentencia deja sin efecto la peor parte del fallo del juez laboral: La que ordenaba al presidente “expedir una directiva dirigida a los servidores públicos, con el propósito de garantizar el respeto por la neutralidad religiosa en los actos oficiales.”

Esta nueva sentencia, que vemos previsible que terminará siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, puede servir de respaldo para la defensa de las ceremonias de carácter religioso en los establecimientos públicos. El fallo además, toca tangencialmente la gran contradicción fundamental en torno de la supuesta “neutralidad religiosa” del Estado, pues señala que justo antes de la ceremonia religiosa objeto de la tutela, el protocolo exigía al mandatario jurar ante Dios el respeto de la constitución. Pero también, que el Congreso de la República “por antonomasia representa la voluntad popular y conocido como el recinto de la democracia colombiana, institución que integra todos los matices y tendencias ideológicas dado su carácter democrático”, y que “El acto de posesión presidencial es preponderantemente político”, y por ende “son más libres a la hora de sentar posiciones políticas o responder críticas de la oposición”.

Sin decirlo explícitamente, el Tribunal reconoce que las pretensiones laicistas de extirpar toda huella de la religión del espacio público, establecen un criterio de exclusión que acaba dejando por fuera de la representatividad democrática a la inmensa mayoría de la población, que no sólo profesa una religión, sino que la considera un aspecto fundamental e irrenunciable de sus vidas. En nombre del “Estado laico y neutral” se acaba por negar el supuesto pluralismo que tal neutralidad afirmaba proteger.

Ahora bien, existe un apartado de la sentencia que resulta, sin embargo, terriblemente preocupante, pues pretender la defensa de las expresiones religiosas vaciando de todo contenido el acto religioso, es tal vez peor que su directa prohibición. El tribunal afirma:

“En cuanto a la aclamación de Abelardo De La Espriella cuando dice: ‘Viva Cristo Rey’ tiene su origen en México en los albores del siglo XX, convertido en grito de resistencia de los creyentes católicos antes de ser asesinados por los pelotones de fusilamiento de la dictadura antirreligiosa que gobernó dicha nación. Sin embargo, desde el punto de vista secular o laico, puede entenderse como un referente de resistencia ante la injusticia y resiliencia ante la adversidad; igualmente, puede tener como propósito resaltar el coraje de quienes defienden hasta el final sus valores y principios. Corresponden a figuras o recursos de la retórica propios del discurso político para conectar más fácilmente con la ciudadanía, construir imágenes de lucha o imprimir mayor fuerza o expresividad al mensaje político que se está transmitiendo”.

Es absurdo que al mismo tiempo que se reconozca el contexto específico de las medidas anticatólicas del gobierno de Plutarco Elías Calles en México, se quiera sustraer todo contenido religioso a la expresión. Mas aún, la última parte del párrafo de la sentencia, parecería afirmar justamente aquello que es motivo de nuestros temores y reservas con el nuevo gobierno: Que la expresión “¡Viva Cristo Rey!” se haya convertido en simple eslogan de campaña, sin ningún contenido político real.

La expresión “¡Viva Cristo Rey!” surgió en los años 20, antes incluso del estallido de la Guerra Cristera en México, al interior de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, donde fieles laicos, como el Beato Anacleto González Flórez luchaban por la defensa de la Fe Católica frente a la persecución laicista del gobierno revolucionario del PRI. Tras el inicio de la rebelión cristera en 1926, la expresión se convirtió en el grito de guerra de los Cristeros.

Esto no quiere decir que la expresión sea un simple eslogan, como pretende hacer ver el Tribunal. Precisamente la elección de la imagen de Cristo Rey como bandera política corresponde en el tiempo a la formulación del dogma de la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo, primero por el Papa León XIII en su encíclica Annum Sacrum, y reafirmada posteriormente con el establecimiento de la festividad de Cristo Rey en la encíclica Quas Primas por parte del Papa Pío XI en 1925. La expresión “¡Viva Cristo Rey!” es justamente la expresión que manifiesta el compromiso por el reinado de Cristo y la oposición al laicismo y la “neutralidad” religiosa del Estado:

Una consagración así, aporta también a los Estados la esperanza de una situación mejor, pues este acto de piedad puede establecer y fortalecer los lazos que unen naturalmente los asuntos públicos con Dios. En estos últimos tiempos, sobre todo, se ha erigido una especie de muro entre la Iglesia y la sociedad civil. En la constitución y administración de los Estados no se tiene en cuenta para nada la jurisdicción sagrada y divina, y se pretende obtener que la religión no tenga ningún papel en la vida pública. Esta actitud desemboca en la pretensión de suprimir en el pueblo la ley cristiana; si les fuera posible hasta expulsarían a Dios de la misma tierra. (León XIII, Annum Sacrum)

Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos; y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más: hubo algunos de éstos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron Estados que creyeron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. (Pío XI, Quas Primas)

Rey es quien gobierna una sociedad por su propio derecho personal, ejerciendo legítimamente todos los poderes: Legislar, ejecutar y juzgar. Afirmar que Cristo es Rey, es reconocer que Él, en tanto que hombre, ha recibido de Dios “todo poder en el Cielo y en la Tierra” (Mt 28, 18), que Él tiene derecho de reinar sobre todas las realidad humanas, sobre la sociedad en su conjunto, sobre la política y sus instituciones. No tiene sentido gritar “¡Viva Cristo Rey!” sin afirmar que todas las autoridades políticas se deben a su suprema autoridad y a Él deben estar sujetas; que el orden político y jurídico debe fundarse en el Derecho Natural como reflejo del propio Verbo de Dios en las criaturas, y reconocer a las realidades establecidas por el Derecho Divino, como la Iglesia Católica fundada por el mismo Cristo, con pleno derecho para llevar el Evangelio por toda la Tierra, “para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el Cielo, en la tierra y en el abismo” (Fil 2, 10). Finalmente, no se puede gritar “¡Viva Cristo Rey!” sin afirmar el deber de los gobernantes de pedir pública y oficialmente a Cristo que reine sobre nuestras sociedades, reconociendo que sólo su gracia santificante puede garantizar el verdadero Bien Común.

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miércoles, 16 de septiembre de 2026

ALERTA: Congresistas quieren crear una “Comisión de la Verdad” para investigar abusos en el clero

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Un grupo de 11 congresistas de izquierda, han presentado el Proyecto de Ley 331 de 2026 Cámara con el fin de crear una “Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y  reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”. El proyecto busca crear un órgano adscrito a la Defensoría del Pueblo con el fin de investigar a la Iglesia Católica y producir documentos que soporten una narrativa de señalamiento y acusación a la Iglesia Católica como “entorno especialmente propicio para los abusos”.

Los autores del proyecto son los congresistas Laura Isabel Vera Zapata (Pacto Histórico), María Fernanda Carrascal Rojas (Pacto Histórico), Mauricio Andrés Toro Orjuela (Alianza Verde), Alix Yirley Vargas Torrado (Partido Liberal), Andrea Padilla Villarraga (Alianza Verde), David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), Deyci Alejandra Omaña Ortiz (Pacto Histórico), Jennifer Dalley Pedraza Sandoval (Dignidad & Compromiso), Kamelia Edith Zuluaga Navarro (Pacto Histórico), Luis Carlos Rúa Sánchez (Alianza Verde), Sandra Claudia Chindoy Jamioy (Pacto Histórico).

Esta es la segunda vez que se presenta esta misma iniciativa, luego de que la presentada en la anterior legislatura fuera archivada por falta de trámite. Frente a la versión anterior, le han corregido la adjudicación de competencias correspondientes a los órganos judiciales y se han eliminado ciertas acusaciones temerarias que carecían de ninguna fundamentación. Sin embargo, los elementos esenciales del proyecto se mantienen, y son los que aseguran la ausencia total de verdad como intención de los proponentes.

En primer lugar, los congresistas pretenden estar atendiendo una problemática que no son capaces de demostrar. En la exposición de motivos se presentan algunas cifras acerca del abuso sexual infantil, así como el informe de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño 2026, y los datos aportados por la Fiscalía General de la Nación sobre personas indiciadas por delitos sexuales bajo la etiqueta “religioso” como profesión. Sin embargo, tanto los datos aportados por el ICBF como los de la Fundación PLAN, evidencian la irrelevancia estadística del abuso por parte de clérigos o religiosos frente a la problemática del abuso sexual infantil en Colombia: Frente a más de 75.000 casos de delitos sexuales contra menores entre 2022-2025, la Fiscalía reporta 110 religiosos procesados por delitos sexuales entre 2006-2026, englobando indiciados, investigados, en juicio o condenados.

Los congresistas, a pesar de que en el artículo 1 afirman que el proyecto se aplica “a todas las confesiones religiosas con presencia en el territorio nacional (…) sin distinción de jerarquía o denominación”, y en artículo 4 hablen de “Enfoque de laicidad y neutralidad estatal”, apuntan directamente a la Iglesia Católica como objetivo de sus investigaciones. En el propio artículo 1 se habla de “instituciones, comunidades, diócesis, arquidiócesis, congregaciones o entidades vinculadas”. En el artículo 5 se mencionan los “archivos eclesiásticos” y se faculta a la Comisión para “acceder a instalaciones de instituciones religiosas o clericales”. No se utilizan para tales enumeraciones sino exclusivamente las denominaciones que corresponden a la religión cristiana en general, y a la estructura jerárquica de la Iglesia Católica en particular. De igual modo, en la exposición de motivos se menciona únicamente a la Iglesia Católica como ejemplo de confesión religiosa investigada por abusos sexuales.

El propósito de la Comisión es la sistematización de la información con el fin de elaborar un informe sobre el abuso sexual en contextos religiosos, es decir, justificar la existencia del problema que, en principio, le da origen. No es, por tanto, posible esperar por parte de la Comisión ninguna objetividad o imparcialidad en la determinación de unos hechos de los cuales depende la justificación de su propia existencia y actividad. Si la tal comisión encontrara que no existe una problemática significativa de abuso sexual en contextos religiosos, tendría que admitir que gastaron en vano el dinero de los contribuyentes durante cinco años. Por el contrario, el artículo 10, que establece la anterior vigencia, también prevé que “podrá ser prorrogada por el mismo tiempo, siempre que no se haya cumplido el objetivo e intención principal de la creación de la Comisión”.

De ahí, que los congresistas partan de una cierta “presunción de culpabilidad”, por ejemplo, al echar en un mismo saco a sacerdotes denunciados, investigados y condenados, o al crear incentivos para la denuncia a través del artículo 13. Tales informes, registros y demás documentos producidos por la Comisión tendría, según el artículo 12 del proyecto, “valor de prueba trasladada en los incidentes de reparación integral”, lo cual apunta a la creación de megaprocesos, similares a los ocurridos en los EE.UU. contra la Iglesia Católica o lo Boy Scouts en los cuales se da por descontada la culpabilidad de la institución, se reúne a miles de personas que se declaran como víctimas en el proceso, para repartir los fondos de reparación que terminan en su mayoría en manos de las firmas de abogados.

En anteriores ocasiones hemos recalcado que la Iglesia, y especialmente el alto clero, necesitan una purificación. Hemos además reconocido que la Iglesia debe ser considerada legalmente responsable cuando se demuestra el encubrimiento de abusos sexuales. Sin embargo, proyectos como éste no prometen ni de lejos el conocimiento de la verdad, lo cual sólo puede esperarse de un proceso judicial con todas las garantías tanto para las víctimas como para los acusados, sino que únicamente buscan establecer una narrativa que fundamente una agenda política prestablecida. Si a principios de año, el proyecto 315/2025 Cámara contaba con el respaldo del gobierno Petro, esperamos que con el cambio de administración el gobierno de De la Espriella retire el apoyo al mismo.

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