Un grupo de 30 Congresistas de diferentes partidos políticos han presentado el día de ayer el PL 211/2026 Senado a través del cual se busca la prohibición de toda terapia o procedimiento de “cambio de sexo” en menores de edad. La iniciativa se llama “Ley Laura: niños no experimento” en referencia al caso de “Laura”, una adolescente de 15 años que fue sometida a bloqueadores de pubertad y hormonización con testosterona y luego una cirugía de “masculinización pectoral” (mastectomía) por parte de la clínica Valle de Lili. Posteriormente, la joven se arrepintió de los procedimientos realizados y comenzó a destransicionar, pero algunos de sus efectos son irreversibles, y por eso presentaron una demanda contra la clínica.
El proyecto prohíbe en todo el territorio nacional el uso en menores de edad, de 1) Bloqueadores de la pubertad, 2) Terapias o procedimientos hormonales de “afirmación de género” y 3) Cirugías de “afirmación de género o cambio de sexo”. Se definen los procedimientos de “afirmación de género” como “intervenciones médicas orientadas a modificar las características sexuales de una persona para adecuarlas a una identidad de género distinta a su sexo biológico, mediante, 'medios farmacológicos o quirúrgicos.”
Aunque el proyecto define el concepto de sexo como “aquellas características genéticas y fenotípicas que diferencian, a hombres mujeres, siendo a nivel cromosómico el hombre XY y la mujer XX”, es cuestionable la adopción del lenguaje ideológico a través de expresiones como “afirmación de género”, que aunque sean del uso corriente por los adscriptos a la ideología de género, pretenden, a través de su deliberada ambigüedad, esconder la realidad material de lo que se hace en los menores, como la mutilación genital o mamaria.
El régimen sancionatorio no castiga a las familias ni a los adolescentes involucrados, sino que recae específicamente sobre los médicos y las instituciones de salud al tipificar la conducta como “falta grave contra la ética profesional” bajo la Ley 23 de 1981. En caso de reincidencia, los médicos podrían perder su licencia para ejercer la medicina hasta por cinco años, y las IPS enfrentarían la suspensión o revocatoria del certificado de habilitación.
La propuesta coincide con las medidas que se´han venido adoptando en múltiples países para la prohibición de estas prácticas. En Estados Unidos, 27 Estados han aprobado diversas leyes para prohibir los procedimientos de “cambio de sexo” en menores de edad. En Argentina, el gobierno de Javier Milei aprobó una medida similar el año pasado. En el Reino Unido, el gobierno prohibió la venta y suministro de bloqueadores de pubertad para menores de 18 años por vía privada. En Brasil, el Consejo Federal de Medicina prohibió también los mismos procedimientos en pacientes menores de 18 años. También se han presentado múltiples iniciativas legislativas similares en Italia, Suiza o Chile.
El pasado diciembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revivió el caso de Sergio Urrego al fallar en contra de la Secretaría de Educación de Cundinamarca por no haber vigilado la forma en que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre manejó el proceso del estudiante Sergio Urrego. Pero además, ordena al Ministerio de Educación que reactive la revisión de todos los manuales de convivencia del país y modificarlos para incluir el “respeto por la orientación sexual e identidad de género”, así como “el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos”.
Uno de los rasgos más estremecedores de nuestra época es la abolición del sentido común. Aquella fábula del rey desnudo, en la que un niño intrépido se atrevía a decir lo que todos callaban, ha alcanzado hoy su paroxismo; sólo que el desenlace de esa fábula sería hoy trágico, pues el rey de inmediato privaría de la patria potestad a los padres de ese niño, que entregaría a una parejita chunga, para que lo “reeducase”.