El pasado domingo 13 de septiembre, en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, fue arrestado el cantautor protestante Samuel Adrián, director del documental “Colombia: fábrica de niños trans”. La detención responde a un incidente de desacato por negarse a eliminar partes del documental en las que se denuncia la experimentación médica con menores de edad.
“Colombia: fábrica de niños trans” es un documental publicado en la plataforma Fundamento el 7 de diciembre de 2025 y luego de forma gratuita en YouTube el 17 de mayo de 2026. A lo largo del documental se denuncia la industria que se ha creado en Colombia en torno de los tratamientos y procedimientos de hormonización y mutilación genital o mamaria en niños, en particular la Clínica Valle del Lili en la ciudad de Cali. En particular, se destaca cómo se responsabiliza a los menores por los procedimientos y las consecuencias irreversibles de éstos, en una edad y etapa de su propio desarrollo en los cuales no logran comprender el impacto de tales en sus vidas.
El documental también ayudó a dar a conocer el caso de “Laura”, una adolescente de 15 años que fue sometida a bloqueadores de pubertad y hormonización con testosterona y luego una cirugía de “masculinización pectoral” (mastectomía) por parte de la clínica Valle del Lili. Posteriormente, la joven se arrepintió de los procedimientos realizados y comenzó a destransicionar, pero como algunos de sus efectos son irreversibles, presentó una demanda contra la clínica.
El arresto es consecuencia del desacato de Samuel Adrián a la orden del juzgado 13 Civil del Circuito de Cali que le ordenaba sacar de circulación el documental, o suprimir aquellas partes en las que se mostraba o menciona al Dr. Mario Angulo, endocrinólogo pediatra de la Clínica, especialmente las imágenes, obtenidas con una cámara escondida, en las cuales el Dr. Angulo explicaba los procedimientos, los riesgos y las consecuencias irreversibles en los menores de edad.
Según el Juzgado 16 Civil Municipal de Cali, y el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali, Samuel Adrián violó los “derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad, a la imagen y a la autodeterminación” del Dr. Mario Angulo, al exponerlo públicamente en su nombre, imagen, voz y el logo de la entidad para la cual trabaja. Para el juez, el documental “individualiza al accionante, lo identifica como profesional, lo vincula nominativa y visualmente con una institución concreta y lo inserta en una narrativa audiovisual que, lejos de permanecer en el ámbito de la crítica protegida, proyecta sobre él una carga axiológica negativa particularmente intensa”.
Sin embargo, la sentencia judicial parece omitir el hecho de que el Dr. Mario Angulo es una persona públicamente reconocida, que su vinculación con la Clínica y con los procedimientos de “cambio de sexo” en menores de edad fueron primeramente expuestos por el propio Angulo en múltiples entrevistas a los medios de comunicación, como el Canal NTN24. Valga recordar que cuando en 2017 denunciamos la apertura de esta unidad en la Clínica, citamos al propio Dr. Angulo como fuente pública de la información. Luego nada de lo expuesto en el documental versa sobre aspectos privados de la vida del médico, o qué él mismo no haya dado a conocer por otras vías. Como expresó la defensa de Adrián, la tutela no cuestiona la veracidad de lo grabado, sino que busca "impedir que el material llegue al público".
Luego de conocerse el arresto, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X:
"Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores".
El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional.
Hago un llamado al… pic.twitter.com/vWGIG70YHq— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026
De la Espriella afirmó que conceptos jurídicos como el "libre desarrollo de la personalidad" y la "autonomía progresiva" han generado "profundos vacíos legales" que el Estado debe resolver por la vía legislativa. Lo sorpresivo de las declaraciones es que ya se encuentra radicado en el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, radicado por más de 30 congresistas de la bancada del gobierno, en el cual se prohíben de forma tajante tales procedimientos. Sin embargo, en lugar de expresar el apoyo del ejecutivo a la iniciativa legislativa, el presidente habla de “establecer límites”, lo que sugeriría dejar rendijas abiertas para la continuidad de tales prácticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario