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martes, 29 de septiembre de 2026

Editorial: ¿Qué significa realmente la expresión «¡Viva Cristo Rey!»?


El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la decisión del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que ordenaba al presidente Abelardo de la Espriella, y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, ofrecer públicas disculpas públicas por el acto religioso realizado durante la ceremonia de posesión presidencial el pasado 7 de agosto. Aunque el Presidente ya había ofrecido tales disculpas en una alocución pública el domingo 30 de agosto, en la cual volvió a despedirse gritando “¡Viva Cristo Rey!”, la sentencia deja sin efecto la peor parte del fallo del juez laboral: La que ordenaba al presidente “expedir una directiva dirigida a los servidores públicos, con el propósito de garantizar el respeto por la neutralidad religiosa en los actos oficiales.”

Esta nueva sentencia, que vemos previsible que terminará siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, puede servir de respaldo para la defensa de las ceremonias de carácter religioso en los establecimientos públicos. El fallo además, toca tangencialmente la gran contradicción fundamental en torno de la supuesta “neutralidad religiosa” del Estado, pues señala que justo antes de la ceremonia religiosa objeto de la tutela, el protocolo exigía al mandatario jurar ante Dios el respeto de la constitución. Pero también, que el Congreso de la República “por antonomasia representa la voluntad popular y conocido como el recinto de la democracia colombiana, institución que integra todos los matices y tendencias ideológicas dado su carácter democrático”, y que “El acto de posesión presidencial es preponderantemente político”, y por ende “son más libres a la hora de sentar posiciones políticas o responder críticas de la oposición”.

Sin decirlo explícitamente, el Tribunal reconoce que las pretensiones laicistas de extirpar toda huella de la religión del espacio público, establecen un criterio de exclusión que acaba dejando por fuera de la representatividad democrática a la inmensa mayoría de la población, que no sólo profesa una religión, sino que la considera un aspecto fundamental e irrenunciable de sus vidas. En nombre del “Estado laico y neutral” se acaba por negar el supuesto pluralismo que tal neutralidad afirmaba proteger.

Ahora bien, existe un apartado de la sentencia que resulta, sin embargo, terriblemente preocupante, pues pretender la defensa de las expresiones religiosas vaciando de todo contenido el acto religioso, es tal vez peor que su directa prohibición. El tribunal afirma:

“En cuanto a la aclamación de Abelardo De La Espriella cuando dice: ‘Viva Cristo Rey’ tiene su origen en México en los albores del siglo XX, convertido en grito de resistencia de los creyentes católicos antes de ser asesinados por los pelotones de fusilamiento de la dictadura antirreligiosa que gobernó dicha nación. Sin embargo, desde el punto de vista secular o laico, puede entenderse como un referente de resistencia ante la injusticia y resiliencia ante la adversidad; igualmente, puede tener como propósito resaltar el coraje de quienes defienden hasta el final sus valores y principios. Corresponden a figuras o recursos de la retórica propios del discurso político para conectar más fácilmente con la ciudadanía, construir imágenes de lucha o imprimir mayor fuerza o expresividad al mensaje político que se está transmitiendo”.

Es absurdo que al mismo tiempo que se reconozca el contexto específico de las medidas anticatólicas del gobierno de Plutarco Elías Calles en México, se quiera sustraer todo contenido religioso a la expresión. Mas aún, la última parte del párrafo de la sentencia, parecería afirmar justamente aquello que es motivo de nuestros temores y reservas con el nuevo gobierno: Que la expresión “¡Viva Cristo Rey!” se haya convertido en simple eslogan de campaña, sin ningún contenido político real.

La expresión “¡Viva Cristo Rey!” surgió en los años 20, antes incluso del estallido de la Guerra Cristera en México, al interior de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, donde fieles laicos, como el Beato Anacleto González Flórez luchaban por la defensa de la Fe Católica frente a la persecución laicista del gobierno revolucionario del PRI. Tras el inicio de la rebelión cristera en 1926, la expresión se convirtió en el grito de guerra de los Cristeros.

Esto no quiere decir que la expresión sea un simple eslogan, como pretende hacer ver el Tribunal. Precisamente la elección de la imagen de Cristo Rey como bandera política corresponde en el tiempo a la formulación del dogma de la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo, primero por el Papa León XIII en su encíclica Annum Sacrum, y reafirmada posteriormente con el establecimiento de la festividad de Cristo Rey en la encíclica Quas Primas por parte del Papa Pío XI en 1925. La expresión “¡Viva Cristo Rey!” es justamente la expresión que manifiesta el compromiso por el reinado de Cristo y la oposición al laicismo y la “neutralidad” religiosa del Estado:

Una consagración así, aporta también a los Estados la esperanza de una situación mejor, pues este acto de piedad puede establecer y fortalecer los lazos que unen naturalmente los asuntos públicos con Dios. En estos últimos tiempos, sobre todo, se ha erigido una especie de muro entre la Iglesia y la sociedad civil. En la constitución y administración de los Estados no se tiene en cuenta para nada la jurisdicción sagrada y divina, y se pretende obtener que la religión no tenga ningún papel en la vida pública. Esta actitud desemboca en la pretensión de suprimir en el pueblo la ley cristiana; si les fuera posible hasta expulsarían a Dios de la misma tierra. (León XIII, Annum Sacrum)

Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos; y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más: hubo algunos de éstos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron Estados que creyeron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. (Pío XI, Quas Primas)

Rey es quien gobierna una sociedad por su propio derecho personal, ejerciendo legítimamente todos los poderes: Legislar, ejecutar y juzgar. Afirmar que Cristo es Rey, es reconocer que Él, en tanto que hombre, ha recibido de Dios “todo poder en el Cielo y en la Tierra” (Mt 28, 18), que Él tiene derecho de reinar sobre todas las realidad humanas, sobre la sociedad en su conjunto, sobre la política y sus instituciones. No tiene sentido gritar “¡Viva Cristo Rey!” sin afirmar que todas las autoridades políticas se deben a su suprema autoridad y a Él deben estar sujetas; que el orden político y jurídico debe fundarse en el Derecho Natural como reflejo del propio Verbo de Dios en las criaturas, y reconocer a las realidades establecidas por el Derecho Divino, como la Iglesia Católica fundada por el mismo Cristo, con pleno derecho para llevar el Evangelio por toda la Tierra, “para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el Cielo, en la tierra y en el abismo” (Fil 2, 10). Finalmente, no se puede gritar “¡Viva Cristo Rey!” sin afirmar el deber de los gobernantes de pedir pública y oficialmente a Cristo que reine sobre nuestras sociedades, reconociendo que sólo su gracia santificante puede garantizar el verdadero Bien Común.

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miércoles, 16 de septiembre de 2026

ALERTA: Congresistas quieren crear una “Comisión de la Verdad” para investigar abusos en el clero

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Un grupo de 11 congresistas de izquierda, han presentado el Proyecto de Ley 331 de 2026 Cámara con el fin de crear una “Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y  reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”. El proyecto busca crear un órgano adscrito a la Defensoría del Pueblo con el fin de investigar a la Iglesia Católica y producir documentos que soporten una narrativa de señalamiento y acusación a la Iglesia Católica como “entorno especialmente propicio para los abusos”.

Los autores del proyecto son los congresistas Laura Isabel Vera Zapata (Pacto Histórico), María Fernanda Carrascal Rojas (Pacto Histórico), Mauricio Andrés Toro Orjuela (Alianza Verde), Alix Yirley Vargas Torrado (Partido Liberal), Andrea Padilla Villarraga (Alianza Verde), David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), Deyci Alejandra Omaña Ortiz (Pacto Histórico), Jennifer Dalley Pedraza Sandoval (Dignidad & Compromiso), Kamelia Edith Zuluaga Navarro (Pacto Histórico), Luis Carlos Rúa Sánchez (Alianza Verde), Sandra Claudia Chindoy Jamioy (Pacto Histórico).

Esta es la segunda vez que se presenta esta misma iniciativa, luego de que la presentada en la anterior legislatura fuera archivada por falta de trámite. Frente a la versión anterior, le han corregido la adjudicación de competencias correspondientes a los órganos judiciales y se han eliminado ciertas acusaciones temerarias que carecían de ninguna fundamentación. Sin embargo, los elementos esenciales del proyecto se mantienen, y son los que aseguran la ausencia total de verdad como intención de los proponentes.

En primer lugar, los congresistas pretenden estar atendiendo una problemática que no son capaces de demostrar. En la exposición de motivos se presentan algunas cifras acerca del abuso sexual infantil, así como el informe de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño 2026, y los datos aportados por la Fiscalía General de la Nación sobre personas indiciadas por delitos sexuales bajo la etiqueta “religioso” como profesión. Sin embargo, tanto los datos aportados por el ICBF como los de la Fundación PLAN, evidencian la irrelevancia estadística del abuso por parte de clérigos o religiosos frente a la problemática del abuso sexual infantil en Colombia: Frente a más de 75.000 casos de delitos sexuales contra menores entre 2022-2025, la Fiscalía reporta 110 religiosos procesados por delitos sexuales entre 2006-2026, englobando indiciados, investigados, en juicio o condenados.

Los congresistas, a pesar de que en el artículo 1 afirman que el proyecto se aplica “a todas las confesiones religiosas con presencia en el territorio nacional (…) sin distinción de jerarquía o denominación”, y en artículo 4 hablen de “Enfoque de laicidad y neutralidad estatal”, apuntan directamente a la Iglesia Católica como objetivo de sus investigaciones. En el propio artículo 1 se habla de “instituciones, comunidades, diócesis, arquidiócesis, congregaciones o entidades vinculadas”. En el artículo 5 se mencionan los “archivos eclesiásticos” y se faculta a la Comisión para “acceder a instalaciones de instituciones religiosas o clericales”. No se utilizan para tales enumeraciones sino exclusivamente las denominaciones que corresponden a la religión cristiana en general, y a la estructura jerárquica de la Iglesia Católica en particular. De igual modo, en la exposición de motivos se menciona únicamente a la Iglesia Católica como ejemplo de confesión religiosa investigada por abusos sexuales.

El propósito de la Comisión es la sistematización de la información con el fin de elaborar un informe sobre el abuso sexual en contextos religiosos, es decir, justificar la existencia del problema que, en principio, le da origen. No es, por tanto, posible esperar por parte de la Comisión ninguna objetividad o imparcialidad en la determinación de unos hechos de los cuales depende la justificación de su propia existencia y actividad. Si la tal comisión encontrara que no existe una problemática significativa de abuso sexual en contextos religiosos, tendría que admitir que gastaron en vano el dinero de los contribuyentes durante cinco años. Por el contrario, el artículo 10, que establece la anterior vigencia, también prevé que “podrá ser prorrogada por el mismo tiempo, siempre que no se haya cumplido el objetivo e intención principal de la creación de la Comisión”.

De ahí, que los congresistas partan de una cierta “presunción de culpabilidad”, por ejemplo, al echar en un mismo saco a sacerdotes denunciados, investigados y condenados, o al crear incentivos para la denuncia a través del artículo 13. Tales informes, registros y demás documentos producidos por la Comisión tendría, según el artículo 12 del proyecto, “valor de prueba trasladada en los incidentes de reparación integral”, lo cual apunta a la creación de megaprocesos, similares a los ocurridos en los EE.UU. contra la Iglesia Católica o lo Boy Scouts en los cuales se da por descontada la culpabilidad de la institución, se reúne a miles de personas que se declaran como víctimas en el proceso, para repartir los fondos de reparación que terminan en su mayoría en manos de las firmas de abogados.

En anteriores ocasiones hemos recalcado que la Iglesia, y especialmente el alto clero, necesitan una purificación. Hemos además reconocido que la Iglesia debe ser considerada legalmente responsable cuando se demuestra el encubrimiento de abusos sexuales. Sin embargo, proyectos como éste no prometen ni de lejos el conocimiento de la verdad, lo cual sólo puede esperarse de un proceso judicial con todas las garantías tanto para las víctimas como para los acusados, sino que únicamente buscan establecer una narrativa que fundamente una agenda política prestablecida. Si a principios de año, el proyecto 315/2025 Cámara contaba con el respaldo del gobierno Petro, esperamos que con el cambio de administración el gobierno de De la Espriella retire el apoyo al mismo.

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lunes, 14 de septiembre de 2026

Arrestan al productor Samuel Adrián, director del documental “Colombia: Fábrica de niños trans”

El pasado domingo 13 de septiembre, en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, fue arrestado el cantautor protestante Samuel Adrián, director del documental “Colombia: fábrica de niños trans”. La detención responde a un incidente de desacato por negarse a eliminar partes del documental en las que se denuncia la experimentación médica con menores de edad.

“Colombia: fábrica de niños trans” es un documental publicado en la plataforma Fundamento el 7 de diciembre de 2025 y luego de forma gratuita en YouTube el 17 de mayo de 2026. A lo largo del documental se denuncia la industria que se ha creado en Colombia en torno de los tratamientos y procedimientos de hormonización y mutilación genital o mamaria en niños, en particular la Clínica Valle del Lili en la ciudad de Cali. En particular, se destaca cómo se responsabiliza a los menores por los procedimientos y las consecuencias irreversibles de éstos, en una edad y etapa de su propio desarrollo en los cuales no logran comprender el impacto de tales en sus vidas.

El documental también ayudó a dar a conocer el caso de “Laura”, una adolescente de 15 años que fue sometida a bloqueadores de pubertad y hormonización con testosterona y luego una cirugía de “masculinización pectoral” (mastectomía) por parte de la clínica Valle del Lili. Posteriormente, la joven se arrepintió de los procedimientos realizados y comenzó a destransicionar, pero como algunos de sus efectos son irreversibles, presentó una demanda contra la clínica.

El arresto es consecuencia del desacato de Samuel Adrián a la orden del juzgado 13 Civil del Circuito de Cali que le ordenaba sacar de circulación el documental, o suprimir aquellas partes en las que se mostraba o menciona al Dr. Mario Angulo, endocrinólogo pediatra de la Clínica, especialmente las imágenes, obtenidas con una cámara escondida, en las cuales el Dr. Angulo explicaba los procedimientos, los riesgos y las consecuencias irreversibles en los menores de edad.

Según el Juzgado 16 Civil Municipal de Cali, y el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali, Samuel Adrián violó los “derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad, a la imagen y a la autodeterminación” del Dr. Mario Angulo, al exponerlo públicamente en su nombre, imagen, voz y el logo de la entidad para la cual trabaja. Para el juez, el documental “individualiza al accionante, lo identifica como profesional, lo vincula nominativa y visualmente con una institución concreta y lo inserta en una narrativa audiovisual que, lejos de permanecer en el ámbito de la crítica protegida, proyecta sobre él una carga axiológica negativa particularmente intensa”.

Sin embargo, la sentencia judicial parece omitir el hecho de que el Dr. Mario Angulo es una persona públicamente reconocida, que su vinculación con la Clínica y con los procedimientos de “cambio de sexo” en menores de edad fueron primeramente expuestos por el propio Angulo en múltiples entrevistas a los medios de comunicación, como el Canal NTN24. Valga recordar que cuando en 2017 denunciamos la apertura de esta unidad en la Clínica, citamos al propio Dr. Angulo como fuente pública de la información. Luego nada de lo expuesto en el documental versa sobre aspectos privados de la vida del médico, o qué él mismo no haya dado a conocer por otras vías. Como expresó la defensa de Adrián, la tutela no cuestiona la veracidad de lo grabado, sino que busca "impedir que el material llegue al público".

Luego de conocerse el arresto, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X:

"Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores".

De la Espriella afirmó que conceptos jurídicos como el "libre desarrollo de la personalidad" y la "autonomía progresiva" han generado "profundos vacíos legales" que el Estado debe resolver por la vía legislativa. Lo sorpresivo de las declaraciones es que ya se encuentra radicado en el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, radicado por más de 30 congresistas de la bancada del gobierno, en el cual se prohíben de forma tajante tales procedimientos. Sin embargo, en lugar de expresar el apoyo del ejecutivo a la iniciativa legislativa, el presidente habla de “establecer límites”, lo que sugeriría dejar rendijas abiertas para la continuidad de tales prácticas.

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miércoles, 9 de septiembre de 2026

Radican proyecto en el Congreso para proteger el derecho de los padres a elegir el tipo de educación sexual para sus hijos

El pasado 25 de agosto, un grupo de congresistas radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 273 de 2026 Cámara "Ley los Padres Educan", con el cual se busca garantizar el derecho preferente de los padres de familia a educar a sus hijos y a participar activamente en la formación que reciben en los colegios, especialmente en materia de educación sexual. La iniciativa responde a la creciente imposición, por parte del Estado, de la anticoncepción, el aborto, la promoción del libertinaje sexual y la ideología de género a través de los contenidos educativos.

El proyecto es autoría de los representantes a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal (Partido Conservador), José Jaime Uscátegui Pastrana (Centro Democrático),Óscar Darío Pérez Pineda (Centro Democrático), Luz Marina Gordillo Salinas (Centro Democrático), Arledy Alvarado Patiño (Centro Democrático), Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso (Partido Conservador), Juan Manuel Londoño (Partido Conservador), David Cote Rodríguez (Centro Democrático), Juan Felipe Corzo Álvarez (Centro Democrático) y los senadores Esteban Quintero Cardona (Centro Democrático), Gonzalo Baute González (Cambio Radical) y  Zandra María Bernal Rincón (Centro Democrático).

El proyecto reconoce el derecho preferente de los padres “de educar a sus hijos menores de edad y participar activamente en la formación de la educación sexual, promoviendo una enseñanza integral orientada en la afectividad, la responsabilidad, el respeto por la propia intimidad y el fortalecimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes." y ordena al Estado y los establecimientos de educación preescolar, básica y media “garantizar el derecho a la autonomía de los padres a educar a sus hijos menores de edad.” Por lo cual “los contenidos educativos y prácticas pedagógicas que se adopten y utilicen en las cátedras, currículos y/o contenidos transversales, sobre la educación para la sexualidad, deberán contar con la participación y acompañamiento de los padres o tutores legales, promoviendo principios y valores familiares.”

El proyecto establece la obligación de que los establecimientos educativos informen al inicio de cada año lectivo sobre el programa de formación de la educación para la sexualidad adoptado, el enfoque y contenido específico del programa, la identificación de los individuos y/o instituciones que impartirán los contenidos o realizarán las actividades, y las fechas en que se abordarán los contenidos en clases u otras actividades. También les ordena “habilitar un mecanismo formal, claro y accesible”  por el cual los padres, tutores o guardadores puedan manifestar la oposición de forma oportuna frente a los contenidos que se planea impartir en materia de educación sexual, “sin que ello conlleve sanciones o afectaciones académicas a los menores”.

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lunes, 7 de septiembre de 2026

23 de septiembre: Conmemoración del centenario de la Guerra Cristera en Bogotá

(Periódico La Esperanza) En conmemoración del centenario de la Guerra Cristera (1926–1929), el Círculo Tradicionalista Santafé de Bogotá invita a una velada dedicada a la memoria de quienes defendieron la Fe católica en medio de la persecución religiosa.

Intervendrá el Dr. Austreberto Martínez Villegas, historiador de la Ciudad de México, quien ofrecerá una conferencia sobre la Guerra Cristera, sus antecedentes y desarrollo, así como sobre la defensa de la Fe católica frente a la persecución religiosa emprendida por el régimen mexicano.

Participará asimismo el profesor Jesús Herrera, miembro del Círculo, quien abordará el contexto colombiano y los episodios de persecución religiosa sufridos por la Iglesia en Colombia, poniendo de manifiesto los vínculos y contrastes entre las experiencias de México y Colombia.

La conferencia se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 6:00 PM en el Centro Parroquial de los Santos Ángeles Calle 28 # 32A - 07. (Bogotá). La entrada es libre, aunque se reciben aportes voluntarios para el apoyo de las actividades del círculo. La inscripción puede realizarse a través del siguiente formulario, o en el correo circulot.santafedebogota1538@gmail.com.

 

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jueves, 3 de septiembre de 2026

Ilva Myriam Hoyos entrará a remplazar a Viviane Morales en el Ministerio de Educación

Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación? - Chicanoticias  Noticias Líder en Montería, Córdoba y Colombia

El día de ayer, el presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al anunciar la renuncia de Viviane Morales al cargo de Ministra de la Educación. Viviane Morales fue uno de los nombramientos más criticados por la izquierda, al considerar que su afiliación al cristianismo protestante representaba una amenaza para la imposición de la Ideología de Género en las instituciones educativas, una agenda compartida por los últimos gobiernos, desde Juan Manuel Santos hasta Gustavo Petro. En su lugar, el presidente ha nombrado a Ilva Myriam Hoyos, un nombramiento que no podemos dejar de celebrar como un enorme acierto, y hasta ahora, el mejor nombramiento de todo el gabinete actual.

A pesar de los ataques desde el progresismo, Viviane Morales nunca ha sido una defensora firme de la vida y la familia que muchos quisieran creer. Viviane Morales se hizo famosa en 2016 como promotora del Referendo “por el derecho a un padre y una madre” con el cual se buscaba revertir la aprobación de la adopción por parejas del mismo sexo por parte de la Corte Constitucional. El referendo alcanzó el umbral de firmas requerido, pero fue hundido en el tercer debate en el Congreso bajo presiones del gobierno Santos. Esa relevancia le permitió a Morales presentarse como candidata presidencial para las elecciones de 2018.

Sin embargo, la trayectoria previa de Viviane Morales en el congreso siempre mostró una inclinación mucho más liberal, y una clara tendencia, que denunciamos en su momento, a instrumentalizar el “voto cristiano” para ponerlo al servicio del santismo. En 2014, Viviane Morales acompañó la campaña de Juan Manuel Santos y difundió un video dirigido a los “cristianos y cristianas de Colombia” negando que él apoyara el aborto o el matrimonio homosexual, a pesar de que, como denunciamos en su momento, ambas agendas tuvieron pleno apoyo e impulso durante su administración.

En el Congreso, Morales fue autora del Proyecto de Ley 20 de 2015 Senado para reglamentar la objeción de conciencia, en el cual se recogía todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema de aborto, restringiendo el derecho fundamental a su mínima expresión en el caso de los médicos que objeten la práctica del aborto y la eutanasia. Además los obligaba a registrarse como objetores, y a colaborar con la práctica del homicidio, prenatal o geriátrico, suministrando todo el discurso oficial sobre la práctica y remitiendo al paciente a un médico que sí haga la práctica. Morales también aprobó el Proyecto de Ley 56 de 2016 Senado sobre Técnicas de Reproducción Asistida a pesar de que rechazaron una proposición suya para excluir el alquiler de vientres.

Pero sobre todo su actividad fue determinante para el robo del resultado del Plebiscito en 2016. Luego de la victoria del NO en el Plebiscito sobre los acuerdos con la FARC, Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio se apropiaron de los votos del NO, y pactaron con las FARC una “aclaración” del “enfoque de género” en los acuerdos, como si se refiriera exclusivamente al reconocimiento y protección especial de la mujer como víctima del conflicto. Gracias a su ambición política, queriendo adjudicarse la victoria electoral, Santos pudo desconocer el resultado en las urnas y aprobar los acuerdos por la puerta de atrás (el Congreso).

A diferencia de Morales, la Dra. Ilva Myriam Hoyos, en su calidad de Procuradora Delegada para la Familia, difundió un documento de 38 páginas, en el que analizaba en profundidad la inclusión de la ideología de género en los acuerdos con las FARC. Hoyos advirtió el “enfoque de género” se convertiría en una plataforma política de activismo ideológico para el movimiento feminista y lgtbi, que le ofrecería un marco jurídico y abundantes recursos públicos para la “transformación de imaginarios”, para “legitimar en todos los ámbitos de la vida social la identidad diversa”, así como para la promoción de la “no estigmatización en razón de la orientación sexual y la identidad de género diversa”.

A diferencia de Viviane Morales, que ha utilizado las causas conservadoras como plataforma de campaña política, para apoyar después a un gobierno progresista como el de Juan Manuel Santos, la Dra. Ilva Myriam Hoyos ha defendido con firmeza la vida y la familia, aún a riesgo de comprometer su cargo como Procuradora Delegada.

Así pues, la llegada de Ilva Myriam Hoyos al Ministerio de Educación es prácticamente inmejorable. Mientras que el nombramiento de Viviane Morales fue altamente criticado por la falta de experiencia en el sector educativo, la Dra. Hoyos ha sido docente en las universidades del Rosario, la Gran Colombia, ESAP, los Andes, Santo Tomás y el Externado en Colombia, así como en la Universidad de Salamanca y la Universidad de Navarra en España, la Universidad Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. También fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Es, por lo tanto, una reconocida educadora, además de su larga trayectoria en el servicio público y como experta en instituciones de la Iglesia Católica.

Así pues, celebramos este nombramiento, que podemos calificar como el primer gran acierto del nuevo gobierno, y extendemos nuestros deseos de que el paso de la Dra. Ilva Myriam Hoyos por el Ministerio de Educación esté coronado de los mejores frutos para nuestro país.

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