El pasado 25 de agosto, un grupo de congresistas radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 273 de 2026 Cámara "Ley los Padres Educan", con el cual se busca garantizar el derecho preferente de los padres de familia a educar a sus hijos y a participar activamente en la formación que reciben en los colegios, especialmente en materia de educación sexual. La iniciativa responde a la creciente imposición, por parte del Estado, de la anticoncepción, el aborto, la promoción del libertinaje sexual y la ideología de género a través de los contenidos educativos.
El proyecto es autoría de los representantes a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal (Partido Conservador), José Jaime Uscátegui Pastrana (Centro Democrático),Óscar Darío Pérez Pineda (Centro Democrático), Luz Marina Gordillo Salinas (Centro Democrático), Arledy Alvarado Patiño (Centro Democrático), Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso (Partido Conservador), Juan Manuel Londoño (Partido Conservador), David Cote Rodríguez (Centro Democrático), Juan Felipe Corzo Álvarez (Centro Democrático) y los senadores Esteban Quintero Cardona (Centro Democrático), Gonzalo Baute González (Cambio Radical) y Zandra María Bernal Rincón (Centro Democrático).
El proyecto reconoce el derecho preferente de los padres “de educar a sus hijos menores de edad y participar activamente en la formación de la educación sexual, promoviendo una enseñanza integral orientada en la afectividad, la responsabilidad, el respeto por la propia intimidad y el fortalecimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes." y ordena al Estado y los establecimientos de educación preescolar, básica y media “garantizar el derecho a la autonomía de los padres a educar a sus hijos menores de edad.” Por lo cual “los contenidos educativos y prácticas pedagógicas que se adopten y utilicen en las cátedras, currículos y/o contenidos transversales, sobre la educación para la sexualidad, deberán contar con la participación y acompañamiento de los padres o tutores legales, promoviendo principios y valores familiares.”
El proyecto establece la obligación de que los establecimientos educativos informen al inicio de cada año lectivo sobre el programa de formación de la educación para la sexualidad adoptado, el enfoque y contenido específico del programa, la identificación de los individuos y/o instituciones que impartirán los contenidos o realizarán las actividades, y las fechas en que se abordarán los contenidos en clases u otras actividades. También les ordena “habilitar un mecanismo formal, claro y accesible” por el cual los padres, tutores o guardadores puedan manifestar la oposición de forma oportuna frente a los contenidos que se planea impartir en materia de educación sexual, “sin que ello conlleve sanciones o afectaciones académicas a los menores”.
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