Editorial: Persecución anti-católica contra sacerdote de Popayán

El pasado 15 de julio de 2020 Noticias Caracol publicó una ponzoñosa nota contra el sacerdote Bernardo Londoño de la parroquia de Santo Domingo en Popayán, por haber sido grabado mientras celebrara misa con fieles y administrarles la comunión en la boca. Atendiendo el llamado al linchamiento del presbítero, las autoridades civiles de la ciudad afirmaron estar dispuestas a sancionarlo, y lamentablemente, las autoridades eclesiásticas han querido sumarse a la persecución jacobina.

El 16 de Marzo los obispos de Colombia ordenaron el cierre de las iglesias y la suspensión de misas públicas. Ya han transcurrido más de 120 días y, aunque en amplias zonas del país la vida ha ido regresando a la normalidad, la mayoría de los fieles del país todavía no saben cuándo podrán volver a acceder a los sacramentos, pues con la excusa de proteger su cuerpo, se les ha privado de forma arbitraria del alimento del alma.

Fueron los obispos los primeros en prohibir el culto público, cuando las autoridades del Estado no habían establecido nada al respecto, y fueron los obispos los que tomaron la decisión de privar a los católicos de la celebración de la Cuaresma, el Triduo Pascual, y la Pascua, los tiempos litúrgicos más fuertes e importantes para los católicos. Aunque en varias de sus alocuciones, el Presidente Iván Duque afirmó que las actividades de culto debían seguir prohibidas, calificándolas de "actividad social", no fue sino hasta el Decreto 749 del 28 de Mayo de 2020, que el Estado prohibió la celebración de actividades de culto público.

Esto debería haber provocado la indignación y la respuesta airada de la Iglesia, fieles y jerarquía, por la evidente intromisión del Estado en materia de derecho eclesiástico, violentando abiertamente la naturaleza de la Iglesia como sujeto de Derecho Divino y pretendiendo reducirla a una mera asociación privada de derecho civil. Sin embargo, en lugar de protestar por la extralimitación del poder temporal, hemos visto a los obispos someterse al regalismo del Gobierno Duque, y someterse a la aprobación de unos protocolos, dando al Estado la aceptación tácita de su gobierno sobre la Iglesia.

Ni Iván Duque, ni Claudia López, tienen potestad para prohibir la celebración del sagrado culto de la Iglesia. El Estado no tiene competencia sobre la administración de los Sacramentos, pues es materia de Derecho Divino establecida por Nuestro Señor Jesucristo al constituir la Iglesia. Basta recordar que el Beato Papa Pío IX, condenó en el Syllabus de errores modernos, todas las pretensiones regalistas y galicanas de los regímenes liberales del siglo XIX:

§ V. Errores acerca de la Iglesia y sus derechos

XIX. La Iglesia no es una verdadera y perfecta sociedad, completamente libre, ni está provista de sus propios y constantes derechos que le confirió su divino fundador, antes bien corresponde a la potestad civil definir cuales sean los derechos de la Iglesia y los límites dentro de los cuales pueda ejercitarlos.

XX. La potestad eclesiástica no debe ejercer su autoridad sin la venia y consentimiento del gobierno civil.

§ VI. Errores tocantes a la sociedad civil considerada en sí misma o en sus relaciones con la Iglesia

XXXIX. El Estado, como origen y fuente de todos los derechos, goza de cierto derecho completamente ilimitado.

XLI. Corresponde a la potestad civil, aunque la ejercite un Señor infiel, la potestad indirecta negativa sobre las cosas sagradas; y de aquí no sólo el derecho que dicen del Exequatur, sino el derecho que llaman de apelación ab abusu.

XLIV. La autoridad civil puede inmiscuirse en las cosas que tocan a la Religión, costumbres y régimen espiritual; y así puede juzgar de las instrucciones que los Pastores de la Iglesia suelen dar para dirigir las conciencias, según lo pide su mismo cargo, y puede asimismo hacer reglamentos para la administración de los sacramentos, y sobre las disposiciones necesarias para recibirlos.

La Iglesia creyó ingenuamente que tras sucribir la proposición americana en la Dignitatis Humanae habría encontrado un modus vivendi de separación Iglesia-Estado en el cual le fuera garantizada su autonomía. Han olvidado la enseñanza de San Pío X en su encíclica Vehementer Nos, cumpliéndose como profecía su advertencia de que la teoría de la separación Iglesia-Estado niega la constitución propia de la Iglesia, como persona de Derecho Divino, establecida por el mismo Jesucristo, para reducirla a una mera asociación privada sometida al derecho civil y al arbitrio de las autoridades temporales.

Ahora, al conceder los obispos que la celebración del culto público esté condicionada a la aprobación de los tales protocolos por parte de las autoridades civiles, han puesto ellos mismos el hacha en manos de sus verdugos, pues han admitido la posibilidad de que el Estado regule y juzgue sobre las materias eclesiásticas, y es un arma que no soltarán de buen grado. Para la muestra, Claudia López, fiel a su agenda de muerte, ya ha dejado ver que tiene la intención de mantener a los católicos privados de la eucaristía de forma indefinida y sin razón.

Que López, inmoral confesa, utilice su poder para perseguir a la Iglesia no es de extrañar. Que Duque, que por más que aparenta ser católico trabaja para George Soros, lo haga, tampoco sorprende. Lo que sí sorprende, es que los obispos, en este caso Mons. Iván Marín López, también utilicen su poder para perseguir a los sacerdotes que fieles a su misión y al ejemplo apostólico "Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres", y arriesgan todo para atender la necesidad espiritual de las almas a su cargo.

Todo nuestro apoyo al P. Bernardo Londoño y a todos los sacerdotes que han seguido impartiendo los sacramentos a los fieles, a pesar de la jacobina prohibición y el servilismo episcopal.