Hace unos meses, se armó un escándalo nacional cuando la Fiscalía informó a los medios de comunicación que llamaría a indagatoria a la actriz Carolina Sabino por el delito de aborto, que se habría practicado hace un año, y del cual tuvo conocimiento la Fiscalía por las interceptaciones que hizo a los teléfonos del hacker Andrés Sepúlveda y la hermana de Sabino, Lina Luna. En las conversaciones, la actriz habría admitido que el motivo para la práctica del aborto era el hecho de que el embarazo le cerraría una oportunidad laboral, por lo que se encontraría fuera de las tres causales despenalizadas por la Corte Constitucional.
Después del escándalo en los medios de comunicación, que acusaron a Montealegre de estar creando una cortina de humo para tapar el escándalo por las contrataciones es la Fiscalía, el Fiscal anunció que retiraría los cargos contra Sabino, justificando que el aborto estaría dentro de la causal salud, y de paso anunció que radicaría un proyecto de ley para la legalización total del aborto. No deja de ser llamativo que la Fiscalía haya comunicado a los medios la investigación contra la actriz, pero que ella haya afirmado no haber recibido notificación de la investigación, más aún cuando se supo que en las conversaciones Sabino habría admitido haberse practicado el aborto en Oriéntame, pero en ningún momento la Fiscalía planteó abrir investigaciones contra la filial de la IPPF. ¿Se trató de una pantomima para impulsar la legalización total del aborto?
Empecemos por admitir que la Fiscalía cometió una violación contra el buen nombre de la actriz al ventilar a los medios la acusación. El principio de la reserva del sumario no es exclusivo de las mujeres ni del delito de aborto, no es un tema de intimidad si no del principio de presunción de inocencia que, se supone, rige la justicia en nuestro país. Pero esto no significa que la Fiscalía no ha debido abrir la investigación, puesto que al entrar en conocimiento de un delito, la Fiscalía tiene la obligación constitucional y legal de investigarlo. Claramente, según lo publicado en los medios, la actriz admitió que el móvil del delito fue de carácter económico-laboral, por lo que quedaba por fuera de las causales de despenalización. De modo que nos encontramos ante un Fiscal que públicamente afirma que no piensa investigar un crimen cometido, en contra de la obligación legal, como si el impartir justicia fuera una facultad discrecional de los funcionarios de la rama.
Pero hay un elemento de mayor gravedad en todo este asunto, y es la ausencia de voces que clamen justicia por el crimen cometido contra el hijo (o hija) de Sabino. Los pro-abortistas como Florence Thomas, Mauricio García Villegas o Mauricio Rubio están celebrando, y algo de razón tienen para hacerlo, pues el hecho de que nadie haya pedido que se investigue y determine la responsabilidad penal de la actriz y cantante, significa que el trabajo de victimización de la mujer y reivindicación del aborto como “decisión” ha tenido algún calado en la opinión pública.
En el movimiento provida se ha construido el slogan de que la mujer es otra víctima del aborto, engañada y presionada por la industria abortista. Esta idea se basa en la realidad que encuentra los Centros de Apoyo para la Mujer que constantemente reciben mujeres en situaciones de abandono o desempleo, y cuya decisión de abortar es impuesta por el desespero y la falta de oportunidades. Sin embargo, el hecho de que en una buena parte de los casos la responsabilidad de la madre en el crimen contra el hijo deba matizarse por condiciones de presión e inconciencia que atenúan su culpabilidad, no significa que no haya casos en que las mujeres aborten con plena conciencia y sin mayor presión.
El aborto es un crimen, y es un crimen que clama justicia al cielo. Incluso en los casos más extremos, la evaluación moral del aborto no debería dejarse llevar por un victimismo sentimentaloide. Estamos dispuestos a exonerar de castigo a una mujer que abortó por creer que el embarazo ponía en riesgo su vida, pero ¿daríamos el mismo trato a un montañista que corta la cuerda de su compañero temiendo que éste lo arrastre al precipicio? Se trata de casos moralmente análogos. La mujer que aborta por pobreza comete un crimen similar al del que atraca y mata por hambre, pero socialmente no se les da el mismo trato. ¿Qué podemos decir entonces de la mujer que, sin encontrarse en situación de pobreza, aborta porque simplemente no quiere obstruir su carrera profesional? ¿No es acaso similar al caso de un político o empresario que contrata a un sicario para librarse de su competencia?
El aborto es un crimen que, como la sangre del justo Abel, clama al Cielo por justicia, y lo hace particularmente porque su comisión contraviene el sentido más natural de justicia que se encuentra en la conciencia de la madre. Pero sí hay algo que clama más al Cielo que el pecado en sí, es la tolerancia pública de éste, pues significa que la conciencia de los conciudadanos está igual de herida de muerte que la de la madre. Así también ocurre con muchos provida, que al pretender que se considere a la mujer como inimputable del delito de aborto, trabajan en favor de su normalización y liberalización.
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