Finalmente, como se veía venir desde tiempo atrás la corte resolvió que en Colombia habrá "matrimonio" entre personas del mismo sexo. No lo hizo modificando la definición constitucional y legal de matrimonio, pues ya había admitido no tener la competencia para hacerlo, sino ordenando a los jueces y notarios que ignoren tal definición y casen a quien lo pida. De imediato, Armando Benedetti ya ha pedido mano dura contra los jueces y notarios para que ninguno pueda recurrir a objeción alguna para realizar tales uniones.
¿No que el matrimonio era una cosa privada que no afectaba a terceros? Una vez obtuvieron lo que querían, ya se han quitado las caretas de "tolerancia" y "diversidad" para imponer la verdadera naturaleza de un cambio jurídico tal: Poner a toda la sociedad colombiana entre la espada y la pared, y forzarlos por medio de la violencia estatal a abandonar sus convicciones. Lo hemos dicho hasta la saciedad: el propósito final de la agenda de la Cultura de la Muerte es una sociedad en la que el pecado no sea sólo tolerado públicamente, como lo es ya, sino obligación universal. Como adviritó León XIII, la democracia liberal es un régimen satánico que pone la autoridad del Estado en función de la perdición de las almas.
Paradójicamente, las consecuencias de esta sentencia habían llegado por adelantado. Fallos como la aprobación de la adopción homosexual, los vientres de alquier, o la imposición de la ideología de género a nivel escolar, carecen de fundamento al subsistir la definición constitucional de matrimonio. Con este fallo la Corte cierra su ciclo de arbitrariedades dando fundamento a prosteriori a los abusos que previamente había cometido. En ese sentido, las consecuencias del fallo ya las venimos sufriendo: Se permite la compra-venta de menores por medio del alquiler de vientres y la donación de gametos, se obliga a los colegios a enseñar la "diversidad de familias" y a reconocer a las parejas homosexuales como "padres" de los menores, y en general, se perseguirá a todo aquel que se niegue a reconocer a tales parejas como "matrimonio" o "familia".
Jurídicamente, la decisión es la cereza del pastel de autoritarismo y concentración de poder en manos de la Corte Constitucional. Ya la Corte se ha erigido en autoridad científica, pretendiendo determinar verdades científicas y deshechar estudios que la contradigan, ya ha dejado sin valor numerosas disposiciones constitucionales, imponiendo "interpretaciones" diametralmente opuestas al texto legal, ya se da el lujo de corregir y reescribir las normas aprobadas por el Congreso, ya pretende usar la coerción pública para forzar el torcimiento mismo de la realidad, etc. Por eso mismo, aunque laudable, la propuesta del Procurador Alejandro Ordóñez de aprobar un Acto Legislativo para revertir la decisión de la Corte, tiene pocas probabilidades de éxito, pues mientras tales reformas pasen por la Corte Constitucional, los magistrados jamás permitirán algo que desafíe el poder absoluto que han conseguido.
Probablemente, la guerra cultural ahora bajará al nivel de las calles, donde los medios de comunicación ya no prestarán la misma atención. El amedrentamiento de funcionarios, colegios, padres de familia, es la cara oculta que el lobby gay esconde tras la máscara del victimismo. ¿Habrá quien sea capaz de dar esta pelea en el ámbito personal? ¿Veremos funcionarios luchando por su derecho a no ser cómplices de la aberración? ¿Veremos colegios defendiendo su derecho a enseñar y vivir en valores cristianos? ¿Veremos padres de familia defendiendo su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones? Recordemos que la guerra es espiritual, y más importante que decir “conseguimos cambiar X ley” es poder llegar ante el juez eterno diciendo “a pesar de la violencia, me mantuve fiel”.
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