En nuestro editorial de la semana pasada dábamos cuenta de la persecución contra un sacerdote de la Arquidiócesis de Popayán emprendida por las autoridades civiles y eclesiásticas bajo la instigación de los periodistas de Caracol Noticias. Una semana después, dos hechos adicionales arrojan una claridad aterradora sobre la situación de persecución abierta que vive la Iglesia Católica en nuestro país.
Por una parte, el mismo domingo, Samuel Ángel denunció que periodistas de Noticias Uno se habrían infiltrado en una misa a puerta cerrada en la Parroquia San Juan Bosco en Bogotá con el fin de hostigar y exponer al sacerdote que habría violado la prohibición para atender a sus fieles. Por otra parte, el Tribunal Laboral de Cali resolvió un fallo de Tutela ordenando al Presidente Iván Duque eliminar de su cuenta personal de Twitter el mensaje en el celebraba la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá.
La apertura casi plena de los sectores económicos junto a la aprobación dada por gobernantes como Claudia López a la aglomeración de sodomitas el pasado 28 de junio, quienes aprovecharon para vandalizar varios monumentos de la ciudad, deja en evidencia la arbitrariedad jacobina con la que pretenden mantener de forma indefinida la prohibición del culto público. Los sacerdotes, los pocos que tienen espíritu de pastores, han empezado a ingeniar diferentes formas de administrar los sacramentos a la feligresía, incluso a riesgo de sufrir las sanciones de la autoridad civil, eso sí, sin caer en la imprudencia de convocar aglomeraciones de fieles dentro de los templos.
Por eso el dragón de siete cabezas ha enviado a los medios de comunicación como heraldos suyos para intimidar a esos escasos sacerdotes e impedirles que vuelvan al cuidado del redil, mientras los lobos están cenando, y los heraldos han salido alegres de llevar no sólo el estandarte de la persecución política, sino también el de la persecución religiosa. En efecto, así como Caracol Noticias obtuvo declaraciones de Mons. Iván Marín López anunciando medidas contra el P. Londoño, así también Noticias Uno dijo que "autoridades eclesiásticas, incluida la Conferencia Episcopal, coincidieron en manifestar su desacuerdo y molestia" por la misa celebrada a puerta cerrada. ¿Es que no queda en Colombia un solo obispo que no sea un mercenario? ¿No hay un solo pastor que se atreva a salir en defensa de sus ovejas?
De hecho, tampoco hemos escuchado ningún pronunciamiento de algún obispo en contra de la ignominiosa sentencia del Tribunal de Cali. Más allá de la bien merecida censura a Iván Duque, pues hay que carecer de vergüenza para seguir posando de católico mientras pretende mantener prohibida la administración de los sacramentos, la sentencia en cuestión sostiene como hecho jurídico lo que Duque ya había provocado en la realidad: El Catolicismo en Colombia está prohibido.
En una maroma discursiva, que sólo podría habérseles ocurrido a mentes iluminadas como las de jueces colombianos, los magistrados han convertido el derecho fundamental a la Libertad Religiosa en una proscripción absoluta de la Religión:
Así pues, para esa Corporación, el mensaje emitido por el presidente no cumple con los mínimos de justificación y razonabilidad, por ser un claro discurso en materia religiosa cuya divulgación es prohibida, pues implica el desconocimiento del derecho de libertad de culto, y el deber de neutralidad del Estado, y en consecuencia, es vulneratorio del principio de laicidad del Estado, teniendo en cuenta que a las autoridades públicas les está prohibido realizar conductas que constituyan un favorecimiento a una confesión o iglesias, de ahí que, no resulte suficiente la manifestación realizada en el, relativa a «Respetando las libertades religiosas de nuestro país» para entender que no las transgrede.
Se equivocan los que han salido a criticar el fallo como un ataque al Presidente. Duque no es más que un fantoccio dentro de la farsa, que con la misma boca que habla de la Virgen de Chiquinquirá ordena la prohibición indefinida del culto católico. Claro que lo dicho por el Tribunal es gravísimo, pero es aún más grave la prohibición fáctica de la Fe Católica emprendida por Iván Duque y Claudia López.
No queda ya ninguna duda del trágico error cometido por los católicos colombianos cuando en 1991 aceptaron que la Constitución Política dejara de reconocer y proteger públicamente la Fe Católica. Se les vendió el fraude del Estado Laico, con la excusa de mantener la Libertad Religiosa y hoy, esa misma libertad es el arma con que se persigue abiertamente a la Iglesia.
