El pasado lunes 21 de febrero, la Corte Constitucional de Colombia resolvió finalmente una de las demandas presentado por el lobby abortista contra el tipo penal de aborto contenido en el Código Penal colombiano. La sala plena ya había discutido la ponencia hacía un mes y habían llegado a un empate, por lo cual se seleccionó un conjuez que resolviera el empate. El conjuez Julio Andrés Ossa votó en favor de la ponencia, resolviendo la despenalización total del aborto hasta la semana 24 de gestación.
Esta sentencia es apenas una piedra más en la montaña de crímenes emanados de esa cloaca de iniquidad que es la Corte Constitucional colombiana. Como hemos denunciado desde la fundación de este medio, la Corte Constitucional es el enemigo público número uno del pueblo colombiano, pues a través de sus sentencias han sido asesinados más colombianos por año, que a manos de la guerrilla, el narcotráfico o la delincuencia común. La Corte ha autorizado el asesinato de un niño nacido vivo, ha permitido el asesinato de niños con la eutanasia infantil, ha desmontado las limitaciones que ella misma había puesto para el aborto en 2006, permitiendo el aborto de niños con discapacidades plenamente compatibles con la vida, o la expansión de la causal salud hasta validar cualquier excusa. Como si fuera poco, ha perseguido y sancionado a los médicos y EPS cuando según su criterio profesional los pacientes han desistido de solicitar el aborto, mientras favorece a la industria abortista al permitirle comerciar con órganos y tejidos de los bebés abortados. En sólo 2017 más de 10mil colombianos fueron asesinados por Profamilia, gracias a la Corte Constitucional de Colombia.
Dado que la Corte ya había permitido la práctica del aborto en cualquier circunstancia hasta el noveno mes, es posible que esta nueva sentencia no cambie mucho la realidad práctica del aborto en el país. La diferencia es que dentro de los 24 meses dejará de ser necesario inventarse una depresión para justificar el riesgo a la salud mental. El verdadero costo de esta sentencia son las almas de todos aquellos corifeos que para congraciarse con el mundo se han convertido en adoradores de Moloch. Sicut oves in inferno positi sunt mors depascet eos. Así como los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Humberto Sierra Porto, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda llevan en sus manos la sangre de los cientos de miles de niños asesinados desde la C-355 de 2006, los cinco magistrados responsables de esta nueva atrocidad, Diana Fajardo, Antonio Lizarazo, Julio Andrés Ossa, Alberto Rojas Ríos, y José Fernando Reyes, deberán dar cuenta por cada gota de sangre de los inocentes cuyo asesinato acaban de aprobar. Requiescam in die tribulationis ut ascendam ad populum accinctum nostrum.
Lamentablemente la voz de los obispos ha sido un elocuente silencio durante el debate en la Corte, y los comunicados publicados con posterioridad a la sentencia brillan por la ausencia de toda referencia a la doctrina de la Iglesia sobre el aborto. Ninguno recuerda la gravedad del pecado que clama al cielo por justicia y acarrea un gran castigo para todo el país, y la excomunión para todo aquel que apoye o participe en la práctica del aborto. vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. Ninguno recuerda que la Iglesia siempre defendió que toda ley contraria al Derecho Natural carece de fuerza normativa y no puede ser obedecida. No es cuestión de objeción de conciencia, sino de desobedecer la norma ilegítima.
Ahora, el pueblo, legítimiamente indignado frente a esta ignomina, es acosado por los oportunistas que en temporada electoral posan de providas y prometen leyes y referéndums contra el aborto. El primero de todos, el presidente Iván Duque quien ahora habla contra la decisión cuando en sus conceptos ante la Corte siempre defendió el aborto y, peor aún, pretendió reglamentarlo por decreto al punto de perseguir penalmente el apostolado de 40 Días por la Vida. Junto a él está todo el Centro Democrático que como partido siempre ha defendido el mantenimiento de la sentencia C-355 de 2006 bajo la cual se vienen cometiendo todas las atrocidades mencionadas anteriormente.
Esta nueva sentencia, junto a las citadas más arriba, y aquellas que consagran públicamente el absurdo, como el “matrimonio” entre dos hombres, el camo de sexo legal, el registro civil de dos menores como “hijos biológicos de dos hombres, deberían abrir los ojos a los colombianos frente a la gran farsa titulada “Estado de Derecho” en nombre de la cual se acalla y anula todo reclamo popular en contra de la cultura de la muerte. Nunca en Colombia había habido una constitución política tan plagada de “derechos” y nunca antes se habían perpetrado tantos crímenes contra los más indefensos. Los expertos pululan en los medios de comunicación hablado de las bondades de la Constitución del 91 en cuanto a la “protección de los derechos fundamentales”, cuando tales derechos han sido justamente el instrumento en virtud del cual se ha anulado todo derecho en nuestro territorio. De nada ha servido la tal constitución para proteger la vida de los que están por nacer, para proteger a los menores de la corrupción moral, para proteger a los enfermos y discapacitados de la inyección letal, para impedir que la población entera fuera sometida a un año de prisión domiciliaria de forma extrajudicial, para evitar que los enfermos muriesen impedidos de recibir los sacramentos, etc.
Quitémonos la venda y abandonemos el discurso de que “la Corte usurpa funciones del legislativo”. Esa cantilena sólo sirve para absolver al Gobierno y al Congreso de las responsabilidades y la sanción social que les compete por estas decisiones. La Corte Constitucional no es más que la puerta trasera a través de la cual las mismas élites, el consenso de los grandes partidos, introducen las decisiones que hieden demasiado como para pasarlas por la puerta de enfrente. Los mismos políticos que hoy posan de indignados, son los que votaron en favor de magistrados liberales a la Corte, construyendo las mayorías progresistas que permiten tales medidas, son los mismos que dilatan o bloquean los proyectos de ley en contra del aborto. Si ahora proponen leyes y referéndums contra la decisión es sólo como forma de pescar votos mientras mantienen a los católicos ocupados haciéndoles campaña hasta que la iniciativa muere por el diseño mismo del mecanismo.
Es la Constitución de 1991 la que erigió a la Corte Constitucional como rueda suelta para erigirse como único y verdadero soberano en el ordenamiento institucional colombiano, y mientras el adefesio de la Corte continúe de ese modo cualquier iniciativa legislativa o judicial contra el aborto está condenada al fracaso. Es la Constitución de 1991 la que parloteando sobre la democracia participativa creó un montón de mecanismos de participación ciudadana y al mismo tiempo les impuso una serie de condiciones tales que fueran completamente inutilizables. Es la Constitución de 1991 la que ha permitido la sustitución del Derecho por la ideología del neo-constitucionalismo bajo la cual al crimen se le llama “derecho” y al Derecho se le llama “barreras de acceso”. Proponer proyectos de ley y referéndums contra el aborto es pretender curar una gangrena con injertos de piel.
El aborto es un crimen que clama al Cielo por justicia, pues la justicia que en la Tierra se le negó a los inocentes caerá desde el Cielo contra aquellos que la negaron y aquella sociedad que lo toleró. La lucha contra el aborto es más que una lucha por la vida, es una lucha por la justicia natural que fue desterrada de nuestro ordenamiento jurídico-político en nombre de la “soberanía popular” y los “derechos humanos”. No conseguiremos revertir los atropellos de la Corte a través del legalismo y el formalismo de quien pretende ganar un juego contra quien hace las reglas. El aborto se encuentra inevitablemente implícito en la agenda ideológica subyacente al actual régimen que nos gobierna y no habrá otro camino para tumbarlo que tumbar consigo a todo el régimen que lo aprobó.
