El día de hoy, el periodista Sergio Muñoz Bata ha publicado una columna en el diario El Tiempo en que mezcla una serie de argumentos para defender el aborto y criticar las regulaciones que se le imponen en Estados Unidos y España. Los argumentos presentados no son cosa nueva, antes parece un collage de ideas que ya han sido puestas en diferentes medios de comunicación, incluyendo informaciones sesgadas o falsas.
Empecemos por la primera oración del artículo. Muñoz Bata afirma tajante:
Por regla general, en aquellos países donde el aborto es legal, dentro de ciertos parámetros razonables, su incidencia es menor y su práctica más segura, es decir, presenta menos consecuencias negativas al practicarlo.
Esta afirmación es rotundamente falsa, en sus dos partes. No es cierto que el aborto sea menor en los países donde es legal, ni mucho menos que sea más seguro. De hecho, lo que ha provocado la oleada de normas a nivel estatal restringiendo la práctica de abortos en los Estados Unidos, ha sido el aumento en la muerte de mujeres por aborto. Nombres como Tonya Reeves o Jennifer Morbelli, cuyas muertes han quedado en la impunidad a causa del “derecho al aborto”, han motivado el surgimiento de estas iniciativas en diversos estados. Ni hablar del caso de Kermit Gosnell quien fue recientemente hallado culpable por las muertes de tres bebés nacidos vivos, a los cuales les cortó la espina dorsal al nacer, y una mujer de nombre Karnamaya Mongar. Pero lo que hizo famoso el caso Gosnell, es que los policías que hicieron el allanamiento al abortorio, encontraron que él conservaba las partes de los bebés que abortaba en frascos con formol distribuidos en todo el lugar. El Estado de Pennsylvania discute en estos momentos un proyecto de ley que impone restricciones al aborto, justo para evitar casos como este. Si algo prueba el caso Gosnell es que el aborto legal lo único que hace es que el abortorio de callejón funcione a plena luz del día.
En estos casos hablamos exclusivamente de las complicaciones médicas surgidas en el procedimiento del aborto, donde evidentemente existen muchos factores que hacen que un procedimiento de aborto sea más peligroso que otro: No es lo mismo que se practique un aborto en un hospital donde se puede atender cualquier emergencia, a que se practique en un abortorio donde para cualquier emergencia deben llamar al 911 para trasladar a la mujer al hospital a donde probablemente llegará muerta. Este es justamente uno de los argumentos de quienes abogan por la legalización del aborto: la posibilidad del Estado para imponer controles. No se entiende cómo, quienes pedían la legalización con estos argumentos, ahora sean los principales críticos de cada regulación que se hace. A mediados de año, el Estado de Texas aprobó un paquete de regulaciones a la práctica de abortos que imponía condiciones de sanidad y seguridad que en otro contexto habrían sido consideradas como un mínimo indispensable, pero que atrajo la crítica de todo el establecimiento progre, bajo el argumento de que sólo 5 de los 42 abortorios del Estado cumplían con esos requisitos. Para el lobby pro-aborto lo fundamental es que los abortos se practiquen, no importa cómo; las condiciones de higiene y sanidad sólo sirven como excusa para pedir la legalización.
Pero el columnista habla de “menos consecuencias negativas al practicarlo” lo que nos habla de la totalidad de consecuencias negativas, y no exclusivamente de las complicaciones en el procedimiento. En esto la falsedad de la afirmación del periodista resulta insostenible: Las secuelas fisiológicas o sicológicas del aborto no presentan ninguna correlación con la legalidad o ilegalidad de este. Ha sido en países como Reino Unido, China o India, paradigmas del “aborto legal y seguro” donde han salido los estudios que revelan la correlación entre aborto y trastorno de estrés post-traumático, y entre aborto y cáncer de seno.
En la otra cara de la moneda nos encontramos con los abortos clandestinos practicados en los países del tercer mundo. Abortos que cada cierto tiempo dejan alguna víctima, que luego es utilizada por el lobby pro-aborto para presionar a favor de su legalización. Lo que no cuentan es que son esas mismas organizaciones del lobby pro-aborto las que se encargan de introducir esos mismos “abortos inseguros” en los países donde es ilegal. En países como Argentina o Ecuador, donde el aborto sigue siendo un delito, la ONG Women on Waves” ha abierto líneas telefónicas para enseñar a las mujeres a practicarse un aborto casero usando Misoprostol, con el riesgo de que puedan terminar desangradas y sin poder recibir ayuda médica de ningún tipo. Más aún, en la conferencia mundial “Women Deliver”, realizada a principios del año pasado en Kuala Lumpur, y organizada por la multinacional abortista Planned Parenthood con la participación de Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, y Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los EE.UU., se resolvió que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), empezaría a privilegiar en sus guías el uso de Misoprostol por sobre la Oxitocina en el tratamiento de hemorragias post-parto, a pesar de ser ésta última mucho más efectiva, con el fin de introducir el Misoprostol en los países donde aún es ilegal el aborto. Esto se haría apuntando especialmente a los países de África a través de las misiones médicas de organismos internacionales.
Pero además, Muñoz Bata presenta unas estadísticas que deberíamos revisar:
Según la Organización Mundial de la Salud, “promulgar leyes de aborto muy restrictivas no trae como resultado tasas de aborto más bajas. En África, por ejemplo, la tasa de aborto es de 29 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, y de 32 por cada 1.000 en América Latina, regiones en las que el aborto es ilegal en la mayoría de las circunstancias y en la mayoría de los países. Mientras que en Europa occidental, donde el aborto es generalmente permitido, la tasa es de 12 por 1.000”.
Este es el párrafo que más me dice que el columnista no sabe realmente de lo que habla, sino que copió lo que leyó en otro lado. ¿Leyó el informe del que salen esas cifras? Lo dudo. Sabría tal vez, que las cifras no son de la OMS sino del Instituto Guttmacher, tanque de pensamiento de Planned Parenthood. Porque además, son clamorosas las omisiones: Omite Europa del Este y Asia, donde están los países con las leyes más liberalizadoras del aborto, en todo el mundo, y donde las tasas de aborto son también las más altas. Ignora también el origen de las cifras que presenta para América Latina, que no es otro que las “estimaciones” hechas por los investigadores del Guttmacher en cada país, y que han dado exageraciones astronómicas como los 400.000 abortos al año en Colombia, el millón de abortos en México o los 300.000 abortos en Uruguay. Estas cifras, no sólo carecen de cualquier asidero real, sino que además se demostró que en el caso de Colombia han sido infladas artificialmente, por lo menos unas 18 veces.
Pero lo que “la saca del estadio” es cuando habla del mandato HHS:
El último reto al derecho de las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo y en qué términos planificar su entorno familiar lo ha planteado una orden de monjas católicas al demandar ante la Suprema Corte de Justicia eximir a la orden de la obligación de proporcionar un seguro médico a sus empleadas que incluya el costo de los anticonceptivos que exige la nueva ley de salud.
En el caso de las órdenes religiosas, su argumento carece de validez porque los grupos religiosos ya están exentos de pagar anticonceptivos a sus empleadas si consideran que violan su misión religiosa. Las mujeres que trabajan para estos grupos pueden tener acceso a los anticonceptivos sin tener que recurrir a sus empleadores. El litigio, sin embargo, seguirá su curso, pues lo que quieren los grupos religiosos es restringir el derecho al aborto.
Resulta increíble que alguien pueda estar tan desinformado, o para desinformar tan a propósito y de mala fe, para incurrir en una contradicción entre sus propias afirmaciones. El mismo Muñoz Bata afirma que la ley exige a los empleadores pagar por anticonceptivos en los seguros médicos, pero inmediatamente después dice que no, que es porque se oponen al “derecho” al aborto.
El Mandato HHS (Porque viene del departamento llamado Human & Health Services) obliga que todo seguro médico que los empleadores paguen para sus empleados, cubra anticonceptivos, abortifacientes y tratamientos de esterilización. Esto para la Iglesia Católica, y otras confesiones religiosas, es un abierta cooperación con el pecado al que el Estado los quiere obligar, en violación abierta a la Libertad de conciencia, Libertad de asociación y libertad religiosa.
Cuando surgió la controversia, Obama salió a afirmar que iba a hacer unas modificaciones para proteger la Libertad Religiosa. ¿Qué hizo? Según él, ahora el empleador no tendrá que pagar por los tratamientos que violan su conciencia, sino que ese costo lo cargará la compañía de seguros. Lo cual es ridículo: De todas formas el costo de tales tratamientos saldrá del costo global del seguro por el que está pagando. El único cambio es que ahora los seguros no presentarán la información sobre los costos que cube el seguro.
Esta razón, que Muñoz Bata parece no ver, es la que ha llevado a que en el 88% de los litigios contra ese mandato, se haya suspendido por violar la Libertad Religiosa. Pero a los abortistas, como el que escribe la columna, les parece que violamos sus derechos, no sólo cuando pedimos que no se mate a los niños por nacer, sino también cuando nos negamos a participar en ello.
Y el cierre del artículo, la joya con que concluye, tampoco es suya sino que la toma prestada de un político español al que su conservadurismo no le impide pactar con la izquierda radical de IU (Un oportunismo que aquí conocemos bien), al que cita:
Pero quizá ningún comentario ha sido tan elocuente como el del presidente de Extremadura, conservador y miembro del partido en el poder, José Antonio Monago, quien, refiriéndose al proyecto de ley, dijo: “Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo”.
Se le olvida al periodista que la mujer embarazada ya es madre: por eso se le llama “madre gestante”, su hijo ya existe, ya está vivo, y el aborto lo mata. Aquí nadie está tratando de obligar a ninguna mujer a que sea madre, se pide que las que ya lo son no maten a los hijos ya tenidos.
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