El pasado 23 de abril, publicamos una alerta sobre el proyecto 244/13 Senado – 37/12 Cámara, al que sólo le restaba un último debate en la Plenaria del Senado para convertirse en Ley de la República. Este proyecto sobre víctimas de violencia sexual traía algunos artículos problemáticos que promovían el aborto, pero principalmente el numeral 12 del artículo 13, en el que, con una redacción confusa, se creaba el “derecho” al aborto.
Artículo 13. Derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual
(…)
12. La mujer embarazada víctima de acceso carnal violento con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, tendrá derecho a ser informada, asesorada y atendida sobre la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo.
Luego de la alerta, la plataforma Movilízate Ya, lanzó una campaña online de peticiones al Congreso, para solicitar a los senadores que rechazaran incluir el “derecho al aborto” como parte de este proyecto de ley. Ayer por la mañana llevaba recogidas más de 6300 firmas.
El pasado martes, durante la sesión plenaria del Senado, el proyecto de ley fue pasado al primer punto del orden del día. Los ponentes confiaban con que el proyecto fuera aprobado de forma expedita, pero en el debate, el senador José Darío Salazar presentó un par de proposiciones para modificar el artículo 13 y el artículo 23.
Este artículo 23 traía un mico del que no nos habíamos percatado, pues obligaba a todas las instituciones de salud a adoptar el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, publicado por el Ministerio de Salud en la Resolución 459 de 2012. Esto no sólo va en contra de la naturaleza jerárquica de la ley, pues pone a depender la ley de un acto administrativo, con lo que se daría poder al Ministerio de Salud para legislar a través de resolución, sino que este protocolo imponía la administración inmediata de la Píldora abortiva del día siguiente y negaba abiertamente la potestad del personal para objetar en conciencia.
La plenaria estaba trabajando con un quórum mínimo (52 senadores) y estaba sólo el senador Salazar contra los ponentes del proyecto, quienes movieron la plenaria para que aprobara los artículos problemáticos excepto el 23, en el que el senador Salazar consiguió aprobar una modificación para que se eliminara la referencia a la resolución, se dejara su adopción como facultativa para las instituciones de salud, y se incluyera un aparte protegiendo el derecho fundamental a la objeción de conciencia.
De todas maneras el proyecto incluía ese “derecho al aborto” en el articulo 13, y así estaba aprobado. Todo parecía perdido, cuando ocurrió que mientras se votaba un artículo nuevo del senador Juan Lozano se disolvió el quórum y la sesión tuvo que ser levantada, quedando aplazada la aprobación final del proyecto para el siguiente martes 6 de mayo.
A lo largo de esa semana hicimos diversos contactos y planeamos una estrategia conjunta con las organizaciones católicas y provida. Ayer lunes se radicó una carta para todos los senadores en que se les exponían todos los argumentos por los cuales debían rechazar la redacción de ese numeral, incluyendo una carta de Alliance Defending Freedom, uno de los centros de estudios jurídicos más importantes a nivel internacional, en que se expone por qué en el derecho internacional no existe el “derecho al aborto”, y un par de proposiciones para que los senadores solicitaran la reapertura del artículo 13 y la modificación en la redacción del texto.
Artículo 13. Derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual.
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“12. La mujer embarazada víctima de acceso carnal violento con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, deberá ser informada, asesorada y atendida sobre la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo.”
Luego de una intensa labor de lobby por los pasillos del Congreso, conseguimos el apoyo de un buen número de senadores del Partido Conservador. Al final, la senadora Claudia Wilches, del Partido de la U, presentó la proposición, la cual que aprobada por unanimidad por la plenaria.
Esta modificación no sólo nos libra del “derecho al aborto” sino que representa un importante precedente legal, en tanto que el Senado de la República, por unanimidad, rechazó considerar el aborto como un derecho. Además, se lograron las importantes modificaciones al artículo 23, con lo que se salvó la objeción de conciencia por parte de personal médico e instituciones de salud. Además, este proyecto incluye penalización del aborto forzado, lo que representa también un avance crucial en la lucha provida.
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