En los pasados días se destapó una polémica por cuenta de la “Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niñas, niños y adolescentes escolarizados 2016”, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas está realizando en los colegios del país. La controversia se originó cuando se supo en los medios de comunicación que la encuesta incluía preguntas explícitas, tales como “¿Alguna vez te han propuesto exponer tu cuerpo (por ejemplo, en videos o fotos) a cambio de algo (por ejemplo, dinero, ropa, calificaciones u otros regalos)?”, “¿Alguna vez te han ofrecido algo (por ejemplo, dinero, ropo, calificaciones u otras regalos) a cambio de tener relaciones sexuales contigo?”, “¿Alguna vez te han tocado alguna parle de tu cuerpo de manera sexual, sin que tú lo quisieras?”.
Los padres de familia y rectores de los colegios han salido a protestar por el carácter explícito de las preguntas, que pueden ir más allá de la capacidad de comprensión de los menores de edad y generar daños en cuanto a su entendimiento sobre la sexualidad, y por el hecho de que se pretendiera aplicar obligatoriamente en los colegios, so pena de incurrir en sanciones económicas y jurídicas, y sin haber informado y requerido el consentimiento previo de los padres de familia.
Medios liberales, como El Espectador, que habitúa alinearse con el Estado en cuanto a cualquier agenda de perversión de los menores de edad, ahora encuadra la polémica en el tono de las preguntas llamando “mojigatos” a los reclamos de los padres de familia. De esta forma obvian entrar en el verdadero meollo de la cuestión: El Estado está violando la dignidad de los menores de edad y sus padres, al someterlos a una investiación sin contar con su consentimiento informado.
El consentimiento informado de los padres es un requerimiento ético ineludible cuando se realizan investigaciones en menores de edad. Así está establecido en los líneamientos éticos de la OMS y la UNICEF y así está recogido en la Resolución 8430 de 1993 que establece “las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.” El DANE, encabezado por su derector Mauricio Perfetti ha incurrido en una falta contra la ética, y no puede excusarla en los resultados que pretende obtener del estudio.
Este caso se encuentra perfectamente en línea con la controversia que se suscitó por cuenta de los síntomas y las afectaciones en la salud de múltiples niñas menores de edad, luego de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano sin el consentimiento informado de ellas o sus padres de familia. En ese entonces el Ministerio de Salud, con la complicidad de los medios de comunicación, encuadraron el debate en torno a la “evidencia científica” sobre la seguridad de la vacuna, y acusó al malestar en las menores de “psicogenia masiva”, e incluso declaro “inconveniente” requerir el consentimiento informado de los padres de familia.
Se trata de una actitud consistente y generalizada del Gobierno Nacional, de pisotear la patria postestad y utilizar su poder coercitivo contra las instituciones educativas como mecanismo para acceder fácilmente a los menores de edad y aplicar sus políticas ideológicas, en contra del derecho de los padres de familia de ser los primeros garantes de la dignidad y formación ética y moral de sus hijos. Sorpende la pobre y lamentable defensa de los derechos de los padres hecha por Carolina Piñeros, directora de la Red PaPaz, que parece aceoger los argumentos del gobierno en desemedro de la dignidad de los menores y sus padres.
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