Venezuela se ha convertido oficialmente en una dictadura. El Presidente Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado completamente por el gobierno chavista, ha ordenado la disolución de la Asamblea Nacional, cuyas competencias serán asumidas por el Tribunal.
En Enero de 2016, luego de las elecciones nacionales, se instaló la nueva Asamblea Nacional con oposición mayoritaria al gobierno chavista. Desde entonces, la crisis política se ha ido agravando irremediablemente con el boicot de gobierno maduro a las decisiones de la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado “en desacato” a la Asamblea Nacional y le ha suspendido de todas sus funciones.
La Organización de Estados Americanos se reunió en Costa Rica para analizar la crisis venezolana, las delegaciones de Venezuela, Bolivia y Nicaragua solicitaron que no se realizara la sesión. Cuando se propuso activar la Carta Democrática de la OEA, una serie de sanciones que implican la suspensión de estatus de miembro de la OEA a los estados cuyo régimen democrático se haya roto, la canciller colombiana criticó al secretario de la OEA y se opuso a la propuesta.
“Nosotros no creemos en la expulsión de Venezuela de la OEA, ni en la Carta Democrática de la OEA. Creemos en el diálogo y lo hemos insistido, un diálogo que hace un tiempo parecía pudiera tener frutos con el Presidente Zapatero y el Presidente Torrijos. Ojalá puedan retomarlo y se avance porque ese es el camino”, dijo la Canciller.
Al final se aprobó un documento sin medidas ni reclamos concretos al gobierno de Venezuela. El texto firmado por 20 países acuerda emplazar a la OEA a concretar una hoja de ruta "en el menor plazo posible" para "apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de derecho" en Venezuela.
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