FIRMA: Los bogotanos no queremos patrocinar el aborto en los hospitales del Distrito

El pasado 31 de julio se llevó a cabo un debate de control político en el Concejo de Bogotá, en el cual se puso en evidencia la forma como en la red de hospitales del distrito se está promoviendo la práctica del aborto por fuera de las tres causales, malgastando recursos de los contribuyentes que deberían ir a solucionar la crisis financiera de los hospitales, y no a patrocinar el asesinato de los bogotanos.

En la sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional resolvió que la práctica del aborto seguiría constituyendo un delito, tal como está en el código penal, excepto cuando fuere realizada por motivo de violación, malformaciones incompatibles con la vida o riesgo para la vida y la salud de la madre. En sentencia del Consejo de Estado, se anuló el decreto 4444 de 2006 y se resolvió como jurisprudencia que el ejecutivo no tiene competencia para reglamentar sentencias de la Corte Constitucional si no existe una ley de por medio.

En 2012, en el Plan de Desarrollo de la “Bogotá Humana” se incluyó como objetivo la atención del 100% de las solicitudes de aborto dentro del marco de la Corte, pero cuando se quiso incluir el combate contra el aborto ilegal, la administración distrital no lo permitió. Desde el 2012 se ha incrementado el presupuesto para el aborto en la capital en un 96%, y hasta la fecha, el distrito ha gastado 2.525 millones para la promoción del aborto. Por el contrario, no hay ningún registro de solicitudes de aborto negadas, o de acciones policivas en contra del aborto ilegal. Tampoco se han hecho campañas en favor de la vida y para prevenir el aborto.

La administración del alcalde Gustavo Petro creó los “servicios amigables para la mujer”, destinando 74 salas de parto para la práctica exclusiva del aborto en los hospitales públicos de Suba y Centro-Oriente. La Secretaría de la Mujer estaría induciendo a las mujeres al delito de aborto, cuando el embarazo no está en las tres causales despenalizadas, disfrazándolos bajo la causal del riesgo para la salud mental.

Entre 2006 y 2014 se han practicado en Bogotá 23.255 abortos: 22.648 abortos por riesgo para la vida o la salud de la mujer (97,4%), 444 abortos por malformación (2%), y 163 abortos por violación (0,17%). Mientras que  entre 2006 y 2011, fueron 670 abortos bajo la causal salud (59%), 308 abortos por malformación (27%), y 138 por violación(12%) (1.143 abortos en total).  En un solo año se pasó de 670 abortos (2011) a 6.217 (2012), y en 2014 se acelera a 8.811.

En 2014, según los registros del distrito se realizaron 8.811 abortos bajo la causal de riesgo para la vida o la salud de la madre, 4 abortos por malformaciones y 20 por acceso carnal abusivo. De esos 8.811 abortos bajo la causal de riesgo para la vida o la salud de la mujer, 8.680 se autorizaron aduciendo riesgo para la salud mental de la mujer, el 98,5%.

Mientras el fallo de la Corte Constitucional habla de “riesgo grave para la vida o la salud de la mujer” la Circular 0043 de la Secretaría Distrital de Salud, dice que “No es necesaria ni obligatoria la presencia de una enfermedad o de un diagnóstico específico, ni la de un riesgo inminente ni severo”. Si en la EPS el psicólogo valora que no hay riesgo real para la salud de la mujer que solicita el aborto, la Secretaría de Salud los presiona, las mujeres van y abortan en el Hospital de Suba, y con el concepto del psicólogo del Hospital pasan la cuenta de cobro a la EPS.

Como quedó puesto en evidencia durante el debate, el hecho de que el 97% de los abortos practicados aparezcan motivados bajo la causal de “salud mental” responde al hecho de que se están autorizando en los hospitales del distrito la práctica de abortos en cualquier circunstancia, y por motivos socioeconómicos y de proyecto de vida, enmascarándolos bajo un supuesto riesgo para la salud mental. El dinero de los bogotanos está siendo usado en patrocinar la práctica de abortos ilegales y su promoción con ayuda de las organizaciones abortistas Profamilia y Oriéntame.

Firma ahora, y dile al alcalde Petro que como bogotanos no queremos seguir financiando el homicidio de los más indefensos con nuestras contribuciones al sistema de salud.

Alcalde Gustavo Petro

CC: Candidatos a la alcaldía de Bogotá

Como quedó evidenciado en el debate de control político en el Concejo de Bogotá, el 31 de julio pasado, en los hospitales del distrito se está practicando aborto por fuera de las tres causales de la sentencia C-355 de 2006, escudándolos bajo el coladero de la causal “salud mental”.

Es de recordar que la sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional resolvió que la práctica del aborto seguiría constituyendo un delito, tal como está en el código penal, excepto cuando fuere realizada por motivo de violación, malformaciones incompatibles con la vida o riesgo para la vida y la salud de la madre. En este orden, la práctica de abortos que no corresponden a alguna de las tres causales sigue siendo un delito castigado por la ley.

Por otro lado, en sentencia del Consejo de Estado, se anuló el decreto 4444 de 2006 y se resolvió como jurisprudencia que el ejecutivo no tiene competencia para reglamentar sentencias de la Corte Constitucional si no existe una ley de por medio. Es decir que al no existir una ley que reglamente la sentencia C-355 de 2006, ninguna entidad del poder ejecutivo tiene competencia para expedir normas que reglamenten la práctica de abortos, cubran los aborto con dineros del sistema de salud, o sancionen a las entidades de salud o a los profesionales que no lo practiquen.

Depresiones, problemas de sueño, cambios de humor, son episodios perfectamente normales del embarazo, que no representan ningún riesgo para la salud de la mujer. Es fraudulento presentarlos como causales de aborto, siendo que existe evidencia de que el aborto provoca daños graves en la salud mental de las mujeres que lo han practicado.

El distrito se hace cómplice de un delito cuando encubre la práctica de un aborto que está por fuera de las tres causales, autorizándolo bajo la causal de salud mental. Pero peor aún, actúa como autor intelectual del crimen cuando aprovecha una situación de vulnerabilidad de muchas mujeres que llegan a los “centros amigables” y las presionan para que acaben con la vida de sus hijos.

Los bogotanos no queremos que nuestro dinero termine financiando semejante masacre en los hospitales del distrito. Por lo tanto exigimos a la alcaldía mayor que retire toda financiación pública a la práctica de abortos, que revoque la circular 043 de la Secretaría Distrital de Salud, y que los así llamados “centros amigables para mujer” dejen de ser abortorios públicos, y más bien se dediquen a atender las verdaderas necesidades de salud de la mujeres, como en el campo de salud materno-infantil, y a prevenir la práctica del aborto.