Se ha publicado la lista de los 51 magistrados elegidos para conformar el Tribunal Especial de Paz que debería juzgar a los jefes guerrilleros, pero de paso podrá juzgar a civiles y militares bajo la acusación de estar involucrados directa o indirectamente en el conflicto armado. Todas las sospechas que surgieron desde el año pasado, cuando se conoció el texto de los acuerdos con las FARC, se han visto confirmadas: El Tribunal tiene un sesgo ideológico absoluto, la absoluta mayoría de los elegidos ha estado vinculado a organizaciones de izquierda radical como DeJusticia, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, o incluso la multinacional abortista Women’s Link Worldwide.
Fichas del gobierno Santos
Lo primero que salta a la vista en la hoja de vida de los magistrados elegidos es la gran cantidad de exfuncionarios del Gobierno Santos. La más evidente es Yesid Reyes Alvarado, ex ministro de justicia del gobierno Santos, y quien fue arquitecto de la Justicia Especial para la Paz en la negociación de los acuerdos. Otros funcionarios y contratistas del Gobierno son Ana Caterina Heyck Ruyana, Claudia López Díaz (ex esposa de Eduardo Montealegre), Mirtha Patricia Linares, Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, María del Pilar Valencia, Roberto Carlos Vidal, Heidi Patricia Baldosea, Juan José Cantillo, Catalina Díaz Gómez, José Miller Hormiga, Belkis Izquierdo, Julieta Lemaitre y Lily Andrea Rueda.
Líderes políticos de izquierda
Varios de los magistrados elegidos han sido líderes políticos en partidos y organizaciones de izquierda. Rodolfo Arango Rivadeneira, el primero en la lista, fue candidato al Senado por el Polo Democrático Alternativo, y es reconocido promotor del aborto, el laicismo y la agenda homosexual. Eduardo Cifuentes Muñoz fue candidato a la alcaldía de Bogotá por la Alianza Social Independiente. Reinere Jaramillo Chaverra perteneció a la administración de Gustavo Petro en Bogotá. A Sandra Gamboa se le vió muy activa en las manifestaciones citadas por Gustavo Petro en contra de su destitución por el Procurador General. Lily Rueda Guzmán trabajó en la organización pro-aborto Sisma Mujer, así como Alexandra Sandoval viene de la ONG abortista Women’s Link Worldwide, asociada a la multinacional del aborto Planned Parenthood. Julieta Lemaitre ha trabajado con la abortista Mónica Roa, y ha defendido públicamente la inclusión de la ideología de género en el currículum escolar. Tanto ella, como Mirtha Patricia Linares son citadas por el portal de izquierda “Pacifista” como “las mujeres que mejor aplicarían el enfoque de género en la justicia de paz”.
Defensores de las FARC y perseguidores de la Fuerza Pública
Es innegable el sesgo pro-FARC de los magistrados cuando se revisa su historial profesional: Casi parece que para el comité de selección, el haber estado involucrado en demandas contra la Fuerza Pública hubiera sido un requisito esencial. Cuatro de los magistrados (Sandra Gamboa, Danilo Rojas Betancourt, Nadiezhda Natazha Henríquez y Pedro Julio Mahecha) vienen del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, conocido por su guerra jurídica contra las Fuerzas Militares, especialmente por haber contratatado falsos testigos contra el general Uscátegui en el caso de la masacre de Mapiripán. Jesús Ángel Bobadilla ha sido defensor de las personas acusadas de lavado de activos a favor de las FARC. Óscar Javier Parra y Reinere de los Ángeles Jaramillo vienen de la Comisión Colombiana de Juristas, así como de la CIDH junto a Xiomara Cecilia Balanta, Marcela Giraldo y Pedro Elías Romero. Éste último fue director de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en el caso Santo Domingo, en el cual fue acusado de haber suplantado la evidencia con el propósito de inculpar a la Fuerza Aérea.
¿Pluralidad? ¿Transparencia?
Resulta pues, risible que La Silla Vacía haya salido a alabar la “pluralidad” en la elección de los magistrados para el Tribunal de Paz. ¿De qué pluralidad están hablando si es más que evidente que el tribunal quedó dominado absolutamente por la izquierda más radical? Y es que tampoco cabía esperar algo distinto. Por más que el gobierno hable de transparencia, los resultados de la elección muestran que ni siquiera con los escándalos de corrupción en las altas cortes han aprendido a tener algo de vergúenza. Yesid Reyes, Óscar Javier Parra, Iván González Amado, Ana Caterina Heyck, todos ellos vienen de participar en el proceso de negociación con la guerrilla y el diseño e implementación de la Justicia Especial para la Paz. Es decir, conocían a la perfección los criterios y el mecanismo de elección sencillamente porque ayudaron en su construcción. ¿Alguien puede sorprenderse de que hayan salido elegidos? En cualquier otro tipo de concurso público habría sido causa de inhabilidad, pero ya está visto que de la famosa “Justicia Especial para la Paz” todo puede esperarse, menos justicia.
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