El diario El Espectador ha publicado una nota escrita por el periodista Sebastián Jiménez, en la cual da cuenta de la campaña que hemos creado en CitizenGo, para reclamar la renuncia del magistrado Jorge Iván Palacio por el prevaricato cometido al presentar una ponencia sobre la Demanda D-0010315, en la cual tiene un evidente conflicto de intereses, en vez de declararse impedido para conocer el caso y repartir la demanda a otro magistrado.
Que hay un conflicto de intereses es de público conocimiento, lo reconoce el mismo periodista: El magistrado es tío del padre biológico de la menor cuya adopción fue reclamada por una pareja de lesbianas, y concedida por una sentencia de la Corte Constitucional que contó con el voto favorable del magistrado Palacio. Al destaparse el fraude en la tutela presentada por la pareja de lesbianas ha quedado patente la nulidad de la sentencia proferida por la Corte, y con esta nueva demanda, el magistrado busca salvar la adopción de su sobrina-nieta. Es innegable que el magistrado Palacio tiene intereses particulares en conceder esta demanda de constitucionalidad, y no puede esperarse de él un pronunciamiento justo e imparcial sobre el caso.
Pero para El Espectador, esto no representa ningún problema, la independencia judicial y el respeto al debido proceso son cuestiones secundarias:
El problema de todo esto es que tanto la Iglesia Católica como CitizenGO no se pronunciaron durante el tiempo que se le da a la sociedad civil para referirse a cualquiera de los debates que hay en la Corte Constitucional mediante conceptos o comunicados. No lo hicieron sino ya cerrado el debate por lo que algunas personas consultadas por este diario temen que el objetivo, al final, no sea enriquecer el debate sino entorpecerlo.
¿Puede “entorpecerse” un debate que ha sido comprado de antemano? Más aún, ¿Puede haber “debate” alguno cuando el juez tiene decido previamente el resultado de éste? La independencia judicial y el debido proceso son principios elementales para que los procesos judiciales puedan emitir resultados justos.
Véase simplemente el trato que en el proyecto de fallo se le da a las intervenciones de los organismos públicos y privados, hechas en el tiempo en que la Corte las reclamó. Cuando entra a analizar la evidencia científica sobre los efectos en los menores de la crianza por parejas homosexuales, se limita a acumular las intervenciones a favor de la adopción, y citarlas como “la evidencia científica mayoritaria”, sin percatarse siquiera de que la mayoría de intervenciones a favor comparten buena parte de la bibliografía científica que citan. A su vez, cuando la Corte fue puesta frente a los estudios científicos que sí encontraron efectos serios en los menores criados por parejas del mismo sexo, el magistrado ponente los desecha. No por consideraciones metodológicas, sino con la falacia ad hóminem de que “es el resultado de la financiación de un instituto conservador, con una agenda de discriminación a la población LGBTI”, y descalifica la intervención completa de una Universidad a la cual pidió el concepto acusándola de ser “el resultado de estereotipos y lenguaje discriminatorio que la propia Corte Constitucional ha considerado inadmisible”.
Así es que para el magistrado Palacio, cualquier intervención opuesta a la agenda LGBT será inadmisible por “discriminatoria”, y con ella, cualquier evidencia científica aportada, sin importar su contenido o su rigor. ¿Quiere el periodista más razones de por qué es inútil conceptuar en un proceso cuyo resultado ya ha sido decidido previamente por el juez? Cuando reclamamos la renuncia del magistrado Palacio y su salida de este caso en que hace de juez y parte, no entorpecemos ni boicoteamos el debate, sino exigimos las condiciones mínimas, independencia y respeto al debido proceso, para que en este se garantice la participación justa de la ciudadanía.
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