La corrupción es el tema de moda en la opinión pública colombiana, y según los principales medios de comunicación será un asunto clave en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2018. Es verdad que la corrupción está enquistada en nuestro sistema político, lo cual no es novedad, y aunque sea cierto que con este gobierno, que ideó un pacto clientelista llamado “Unidad Nacional” para conseguir la aprobación de su agenda política, la corrupción haya alcanzado los peores niveles en la historia de nuestro país, pero tampoco deja de ser cierto, que mientras los medios se dedican a hablar de corrupción, los colombianos asistimos inermes a la instalación de un régimen tiráníco a partir del desconocimiento de los resultados del Plebiscito del 2 de octubre, y la implementación forzada de los acuerdos firmados con las FARC.
Ahora, el gobierno se ha inventado una nueva solución para “combatir la corrupción”: Según el secretario de transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso Vanegas, el gobierno ofrecerá recompensas por hasta $150 millones de pesos para quienes denuncien actos de corrupción. Obviamente, el botín es anunciado con requisitos y garantías para “evitar denuncias sin fundamento”, previendo de antemano la posibilidad de una cascada de falsas denuncias ante la jugosa recompensa.
Si por un lado, la aparente solución propuesta por el gobierno resulta paradójicamente poco mejor que la enfermedad misma, pues si uno de los graves efectos de la corrupción es el desangre de la hacienda pública, no parece muy sano tratar de parar la hemorragia abriendo otra, por otra parte, si es un deber de los ciudadanos la denuncia de hechos delictivos de los que se tenga conocimiento ¿Ofrecer recompensas a cambio de cumplir un deber, no es también corromper?
En el fondo, el anuncio del secretario de transparencia refleja que para el gobierno de la “Unidad Nacional”, esa máquina de aprobar leyes a punta de mermelada, no existe otra forma de resolver problemas que la repartición de mermelada. El gobierno carece de cualquier grado de autoridad moral, su capacidad para gobernar el país radica única y exclusivamente en el poder de repartir la burocracia y el erario. Así es como han conseguido imponer el acuerdo con las FARC, aún en contra del plebiscito que ellos mismos inventaron, así es como aprobaron una tercera reforma tributaria, para que no les falte mermelada que repartir, y así es como planean seguir gobernando, vistas las declaraciones de Enciso Vanegas. El gobierno Santos ha funcionado, desde 2010, a través de los mismos esquemas de corrupción que hoy dicen querer combatir, se ha servido de ellos para cumplir todos sus propósitos. El concepto mismo de la “unidad nacional”, no es más que la institucionalización de esos mismos esquemas de corrupción. Por eso, que el gobierno Santos anuncie luchar contra la corrupción suena a contrasentido, y en la práctica lo termina siendo, pues al final no saben sino corromper.
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