Universidad de los Andes busca legalización de tráfico de órganos y tejidos de niños abortados

Samuel Ángel, director ejecutivo del Movimiento de Católicos de Colombia –Solidaridad– ha denunciado a través de las redes sociales que una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por miembros de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes pretende que la Corte Constitucional tumbe la prohibición de donación o uso de órganos y tejidos de niños no nacidos abortados. Si la Corte Constitucional accede a las pretensiones de la demanda, se abriría la puerta en Colombia al tráfico de tejidos fetales, similar al que se destapó en los Estados Unidos involucrando a la multinacional del aborto Planned Parenthood.

La demanda fue interpuesta por Luisa María Sanabria Guerra y Daniela García Aguirre, miembros de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y reclama que la Corte declare como inexequible el Parágrafo 2° del artículo 2, de la Ley 1805, el cual establece: “Parágrafo 2. No pueden ser donados ni utilizados órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados.”

Según las demandantes la prohibición que consagra el artículo 2, impide la investigación médico científica y violaría los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al llamar “niños no nacidos” a los niños víctimas del aborto.

En 2015 el Center for Medical Progres publicó una serie de al menos 10 videos encubiertos en los cuales se observaba a altos directivos de la multinacional abortista Planned Partenhood (representada en Colombia por Profamilia y Oriéntame) negociando la venta de órganos y tejidos de bebés abortados. En los videos no sólo se escucha a los directivos explicar cómo retrasan artificiosamente la fecha de los abortos e instruyen a su personal para que el procedimiento abortivo no despedace los órganos, sino que en algunos de ellos se observa a los abortistas cosechando los órganos de un niño abortado al cual aún le late el corazón.