La DIAN publicó hace poco un informe, reportado por RCN La Radio, según el cual las confesiones religiosas que funcionan en Colombia reportarían en 2013 “un patrimonio cercano a los 9,7 billones de pesos y más de 4 billones de pesos por concepto de ingresos.” Según Santiago Rojas, director de la división de impuestos, el gobierno estaría evaluando incluir una disposición en la reforma tributaria para eliminar la exención al impuesto de renta de que gozan las sociedades sin ánimo de lucro, incluyendo iglesias y confesiones religiosas.
El informe se adereza con una supuesta denuncia de la fundación de iglesias como forma de evasión de impuestos y el negocio detrás de algunas sectas. Así lo trasmite la revista Semana:
¿Fe o negocio? Ese ha sido uno de los eternos debates que han rodeado a las iglesias y confesiones que desde la décadas de los 90 han empezado a brotar por todo el país.
Las evidencias, como el informe de la DIAN, revelan el millonario patrimonio y los millonarios ingresos que acumulan estas iglesias. Allí no hay ninguna irregularidad, pero lo que las autoridades del Estado empiezan a advertir es que en muchos casos, las iglesias se convierten en una estrategia para evadir el pago de impuestos.
Según Rojas, la reforma trataría de “poner en cintura a las entidades, llámese iglesias, ONG, clubes deportivos y hasta partidos políticos y no evadan el impuesto a la renta”. Sin embargo, ¿Cuál sería el criterio para juzgar su una iglesia funciona como congregación religiosa o debería tributar? ¿Topes de ingresos? ¿Patrimonio acumulado? Cualquier criterio resulta arbitrario para juzgar si una religión debe o no gozar de la exención tributaria. Considérese, por ejemplo, que la Arquidiócesis de Bogotá cuenta con más de 200 parroquias, y comparte la ciudad con otras tres diócesis, y súmese además a seminarios, y otras instalaciones para la actividad pastoral de la diócesis: Esto a nivel financiero puede aparentar una gran acumulación de patrimonio, que sin embargo contrasta duramente con la realidad económica de muchas de las parroquias de la ciudad.
No negamos que en el país se estén creando entidades religiosas como una forma de negocio para enriquecerse a costa de las contribuciones de los fieles, pero esto, lejos de ser un asunto tributario, es un problema de la mentalidad laicista que ha venido imponiendo el dogma herético del naturalismo: la igualdad ante el Estado de todas las religiones. Esta asunción pública del relativismo en materia religiosa es la causa de que en el país proliferen toda clase de cultos, pues el Estado decidió desinteresarse por la Verdad en materia religiosa.
Ahora, que el gobierno quiera enfocar el problema desde el punto de vista tributario, sólo evidencia que lejos de interesarse por la estafa de incautos, lo que busca es participar del negocio y servirse de él para aumentar sus arcas. Luego de expoliar a la clase media con la reforma tributaria del 2012, la reelección del presidente Santos nos ha dejado un enorme hueco fiscal que ahora tienen que llenar con otra nueva reforma tributaria, y les urge sacar dinero de donde puedan, pues se avecinan las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejos y asambleas, y la maquinaria electoral del gobierno para mantener el poder requerirá de otra fuerte inyección de dinero público.
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