Iglesia podría cerrar sus hospitales si el gobierno insiste en obligarlos a practicar la eutanasia

Según unas declaraciones de Mons. Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón y presidente de la Comisión Episcopal de promoción y defensa de la Vida, la Iglesia cerraría los hospitales vinculados a ella, si el gobierno insiste en forzar a todas las entidades de salud a practicar la eutanasia, según la resolución 1216 del 20 de abril de 2015 del Ministerio de Salud. En entrevista con Colprensa también criticó que el Ministerio de salud estuviese suplantando las funciones del Congreso de la República al pretender reglamentar un tema que aún no ha sido legislado.

El obispo señaló que la Iglesia acudirá a todas las instancias “legales nacionales e internacionales y de no conseguir respuestas frente a la eutanasia, procederemos a cerrar todos nuestros hospitales si insisten en obligarnos a matar”. Cabe recordar que la iglesia cuenta con un gran número de instituciones prestadoras de salud en el país de primer nivel, como es el caso del Hospital Universitario San Ignacio, en Bogotá.

"El gobierno no tiene potestad para hacer esta reglamentación (...) ahí está la primera falla jurídica, esto no es por fe o por el evangelio, ni la corte puede dar leyes, ni le toca reglamentar a un ministro, sólo da leyes y reglamenta el Congreso de la República, tomaron un atajo inconstitucional y no lo podemos aceptar desde el punto de vista jurídico".

El prelado afirmó que la vida de todo ser humano debe ser respetada desde su concepción hasta la muerte natural, por lo que hizo un llamado al ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe para que "en lugar de legislar para buscar una muerte digna, brinde una mayor atención al servicio de salud de los pacientes en Colombia".

Las declaraciones de Mons. Córdoba responden a una disposición de la resolución 1216 en la cual se obliga a las IPS a procesar las solicitudes de eutanasia y a asegurarse de que en la institución haya médicos dispuestos a practicar la eutanasia; y se afirma que en ningún caso las instituciones de salud podrán objetar la práctica. Esto ya fue denunciado por el representante del episcopado ante el Estado, el P. Pedro Mercado como una violación de la Libertad Religiosa, pues obliga a los hospitales de la Iglesia a actuar en contra de sus principios confesionales.