(Sandro Magíster) Ha hecho ruido lo que aconteció en la Universidad Católica de Lovaina, que suspendió y finalmente despidió a un profesor de filosofía de la casa, Stéphane Mercier, por haber escrito en una nota para sus alumnos que “el aborto es el homicidio de una persona inocente”.
El hecho no sorprendió, vistos los antecedentes de esta universidad también identificada por su título de “católica”, en cuya clínica se practican también desde hace tiempo y a la luz del sol intervenciones de eutanasia, “desde 12 a 15 al año”, según palabras de su rector y docente de Derecho Canónico, Rik Torfs.
Pero lo que más golpea es la sustancial aprobación que los obispos de Bélgica han dado a la expulsión del profesor Mercier.
Pero también impresiona la reticencia del diario “Avvenire”, editado por la Conferencia Episcopal Italiana, que al ofrecer un relato conciso del caso – cuya documentación más completa apareció hasta ahora en el blog Rossoporpora – evitó tomar posición, limitándose a un: “queda por comprender el significado de lo que ha sido declarado por el portavoz de la Conferencia Episcopal Belga”.
Para no hablar del silencio del papa Francisco, aunque en otras ocasiones no ha dejado de definir al aborto como un “crimen horrendo”.
Hay de hecho un contraste notable entre la forma en que el papado y gran parte de la jerarquía católica intervienen hoy en el tema del aborto y la eutanasia y la forma en la que intervenían ayer.
Los que durante los anteriores pontificados eran “principios no negociables” hoy se han convertido en realidades que hay que “discernir” y “mediar”, tanto en el ámbito político como en la práctica pastoral.
La Conferencia Episcopal Italiana y su diario “Avvenire” son ejemplos perfectos de esta mutación.
En febrero del 2009, cuando Italia fue impactado por el caso de Eluana Englaro, la joven en estado vegetativo a quien se le arrebató la vida despojándola de la alimentación y la hidratación, el actual director de “Avvenire”, Marco Tarquinio, escribió un editorial incendiario, definiendo ese acto como un “asesinato” y a sus autores como “verdugos”, con reacciones furiosas por parte de los partidarios de la eutanasia.
Pero hoy son impensables palabras similares. Hay otro clima. Basta ver la ligera displicencia con la que “Avvenire” informa y comenta la ley actualmente en discusión sobre las Declaraciones Anticipadas de Tratamiento (DAT), es decir, las indicaciones dadas previamente a los médicos sobre los cuidados que hay que llevar a cabo para mantener vivos o no a quienes padecen la pérdida del conocimiento.
Un ejemplo flagrante de este cambio de ruta está dado por el profesor Francesco D’Agostino, docente de Filosofía del Derecho en la Universidad “La Sapienza” de Roma y en la Pontificia Universidad Lateranense, presidente de la Unión de Juristas Católicos Italianos, presidente honorario del Comité Nacional Italiano para la Bioética, miembro de la Pontificia Academia para la Vida, editorialista de “Avvenire”, en síntesis, un histórico punto de referencia de la Iglesia italiana en lo que se refiere a las cuestiones bioéticas.
La carta reproducida aquí abajo saca justamente a la luz el contraste entre lo que escribe hoy el profesor D’Agostino sobre las Declaraciones Anticipadas de Tratamiento y lo que escribía sobre la misma materia hace diez años.
Autor de la carta es el abogado Antonio Caragliu, del foro de Trieste, también él miembro de la Unión de Juristas Católicos Italianos.
Dos anotaciones para la mejor comprensión de su escrito:
– el diputado Mario Marazziti, diputado desde el 2013 y presidente de la Comisión para los Asuntos Sociales que se ocupa de la ley sobre las DAT, es miembro de primerísimo nivel de la Comunidad de San Egidio, de la cual ha sido portavoz durante muchos años;
– monseñor Nunzio Galantino, secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana y con un vínculo directo con el papa Francisco que lo puso personalmente en ese cargo en el 2013 y lo confirmó hasta el 2019, es de hecho el editor único de “Avvenire”, sobre el cual tiene pleno y apremiante control.
He aquí la carta:
Estimado Magister,
encuentro interesante confrontar el editorial del profesor Francesco D’Agostino, publicado en “Avvenire” del 30 de marzo del 2017, titulado “Sulle DAT necessaria una buona legge. Non tutto è eutanasia. La storia chiede coraggio” [Sobre las DAT es necesaria una buena ley. No todo es eutanasia. La historia pide valentía], con otro editorial de su autoría, publicado diez años antes, también en “Avvenire”, el 6 de abril del 2007, elocuentemente titulado “Come uno scivolo mascherato verso l’eutanasia” [Como un tobogán enmascarado hacia la eutanasia].
En el 2007 D’Agostino sostenía que las Declaraciones Anticipadas de Tratamiento pueden considerarse justas y válidas en determinadas condiciones, entre las cuales contemplaba las siguientes:
1. que el médico, destinatario de las Declaraciones Anticipadas, a pesar de estar obligado a tenerlas en adecuada y seria consideración, nunca está obligado por la ley a cumplirlas (de la misma manera que el médico de un paciente “competente” no puede transformarse nunca en un ejecutor ciego y pasivo de los pedidos de éste);
2. que el rechazo de las terapias no incluya la hidratación y la alimentación artificial, debiendo considerar a éstas como “formas pre-médicas de sostenimiento vital, dotadas de un altísimo valor ético y simbólico, cuya suspensión realizaría de hecho una forma particularmente insidiosa, aunque indirecta, de eutanasia”. Al sostener esto D’Agostino se remitía al documento del Comité Nacional para la Bioética, del 18 de diciembre del 2003, sobre las “Dichiarazioni anticipate di trattamento” [Declaraciones Anticipadas de Tratamiento].
Ahora, el artículo 3 del proyecto de ley actualmente sometido a examen por la Comisión para los Asuntos Sociales, presidida por el diputado Mario Marazziti, no respeta ni la primera condición ni la otra.
No obstante esto, el profesor D’Agostino escribe que “el proyecto de ley no está destinado de ninguna manera a introducir en Italia una normativa que legalice la eutanasia”. Más bien, sólo “un intérprete tortuoso y malévolo” podría llegar a una conclusión similar, a través de una “interpretación forzada”.
No es de extrañar que muchos juristas católicos hayan quedado sorprendidos por el giro del profesor D’Agostino, quien preside su asociación.
Es un giro que, me parece, puede encontrar explicación en la posición de considerable valoración del proyecto de ley hoy en examen, expresado por el secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, Nunzio Galantino, en la conferencia de prensa conclusiva del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana, ofrecida el 26 de enero del 2017.
En esa ocasión Galantino dijo:
“En la Comisión para los Asuntos Sociales, presidida por el diputado Mario Marazziti, están preparando un texto al cual hay que observar con interés. Resulta que no se debe atribuir todo el poder a la persona, porque la autodeterminación desarma la alianza entre paciente, médico y familiares y termina por ser solamente el triunfo del individualismo”.
En síntesis, para Galantino el texto bajo estudio representa un buen compromiso. Totalmente en línea con la ya conocida política del secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, cuidadoso para evitar cualquier confrontación de los católicos con el gobierno de centro-izquierda reinante. Es como decir que la acción de los católicos en política debe ser dictada por las orientaciones del alto dignatario eclesiástico de turno, en este caso él, en una enésima forma de clericalismo.
Obviamente la situación es lamentable, bajo diversos puntos de vista.
Sería deseable que el profesor D’Agostino, el del 2007, que es una persona de probada inteligencia y competencia, se clarifique con el profesor D’Agostino del 2017. Y después, quizás, se confronte con monseñor Galantino. Sin secundarlo.
Un cordial saludo,
Antonio Caragliu
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