Luego de varios comentarios expresados tanto en nuestra página web como en las redes sociales, nos vemos motivados a escribir este editorial para aclarar una cuestión de suma gravedad que ha resultado crucial para que algunos de nuestros lectores tomasen una decisión sobre a quién votar en las elecciones presidenciales. El punto en cuestión es si puede considerarse que el aborto o la eutanasia son temas más graves que la violencia del conflicto armado, el desempleo, la educación o la salud pública.
En Voto Católico Colombia hemos abordado siempre como criterio de análisis, los principios que en su Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, el Papa Benedicto XVI denominó “no negociables”:
Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana.
Cabría preguntarse ¿Por qué estos no son negociables? ¿Los demás principios y valores sí los son? Que tal vez es el origen de muchas de las inquietudes y criticas que hemos recibido por centrarnos específicamente en estos temas.
En primer lugar, es necesario mencionar que la Iglesia no se identifica con una agenda política específica, pues dentro de la Doctrina Política de la Iglesia son muchas las opciones que caben dentro de la búsqueda honesta del bien común, en obediencia a la justa razón y la ley natural. La gran mayoría de los temas políticos entran en el campo de lo opinable, por la concreción de los problemas a considerar, y corresponden a la esfera autónoma de la realidad temporal en el cual corresponde a los laicos configurar a imagen del Evangelio. En este sentido, dos modelos educativos, o dos sistemas de salud pública, absolutamente opuestos, pueden ser igualmente acordes con la Doctrina Social y Política de la Iglesia en tanto mantengan sus principios aunque difieran diametralmente en la forma de aplicarlos.
Esta es la razón por la cual, aunque es perfectamente válido que un laico decida por quién votar según las propuestas en salud o educación, este criterio no puede presentarse como “católico”, en tanto otro laico, movido por el mismo espíritu de búsqueda del bien común, puede escoger a un candidato por la propuesta contraria. De ahí que no incluyamos tales temas en los criterios para el Voto Católico, pues entran en el terreno de lo opinable. Además que nos faltaría siempre espacio para poder exponer todas las propuestas de todos los candidatos.
La diferencia entre estos temas “opinables” y los “no negociables” radica en que en estos últimos está en juego el orden moral mismo. Agendas políticas como la legalización del aborto o la eutanasia, o el “matrimonio” entre personas del mismo sexo, responden a objetivos, intenciones y medios que son abiertamente contrarios a la dignidad humana. Votar por un candidato, sabiendo que en sus programa incluye políticas como esas, es una clara cooperación con el mal.
Ahora, es relativamente común que algunas propuestas que suenan muy bien en el papel, y desarrollen intenciones muy loables, terminen en un rotundo fracaso, provocando incluso violaciones contra la dignidad humana. En este sentido, si el ciudadano no puede prever los efectos negativos de una propuesta, y nadie le advierte de ello, no puede acusársele responsabilidad. Así como ha de considerarse que también las previsiones sobre las consecuencias de una política pública pueden ser diversas y opinables.
Esto es lo que ocurre también con las acusaciones de corrupción: Ningún político anuncia actos de corrupción en su programa de gobierno, y las acusaciones que haya en su contra pueden ser falsas –No se confirmarán hasta que no haya sentencia judicial en su contra–, así es que a menos que se tenga certeza personal de las acusaciones de corrupción contra un candidato, tampoco es un criterio que podamos generalizar. Lo mismo con las violaciones a la dignidad humana en el conflicto armado: No hay candidato que no afirme buscar la paz, así sea por caminos absolutamente opuestos. Cualquiera de las dos propuestas, si fracasa, terminará causando más homicidios, o por lo menos, permitiendo que continúen. Por esta razón, mientras los medios propuestos no sean por sí mismos injustos e inmorales, un católico puede estar de acuerdo con cualquiera de las dos propuestas.
¿Significa esto que nos importa más el homicidio del que está por nacer que el del que ya está nacido? De ningún modo. No es comparable el hecho de que se establezca por ley la permisividad y promoción del homicidio, con los efectos no buscados de una política pública mal planteada, donde el Estado es culpable por omisión, no por acción directa.
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