¿Es responsable la Iglesia por los abusos cometidos por los sacerdotes?

Desde la semana pasada, el Arzobispo de Cali, Mons. Darío de Jesús Monsalve, se encuentra en el ojo del huracán por la publicación en los medios de comunicación de los argumentos usados por la diócesis para negar responsabilidad en el abuso sexual cometido por el sacerdote William Mazo contra dos menores de edad. La denuncia la había hecho el abogado de las víctimas Elmer Montaña, quien afirmó que en los argumentos de la diócesis se afirma que la familia era también responsable de los abusos, y que Mons. Monsalve le habría ofrecido dinero a cambio de desistir en la denuncia contra la diócesis.

El Arzobispo de Cali ha salido a desmentir al abogado, afirmando que las afirmaciones que él acusa se refieren a un proceso de conciliación en que la Arquidiócesis ofreció diferentes vías de reparación a las víctimas (Apoyo psicológico, laboral, educativo, etc.) pero que el abogado insistía en que debía ser monetaria, según el obispo, porque de ahí esperaba jugosos honorarios. Sobre la acusación a la corresponsabilidad de la familia en los abusos, el obispo ha dicho que esos argumentos fueron elaborados por el abogado que representa a la Arquidiócesis, y que en privado revisarán si se mantendrán o no.

Respecto de los primero, sin tener constancia alguna sobre si la versión real es la del abogado o la del obispo, queda claro que la discusión entre las partes se refiere estrictamente al dinero: El abogado acusa a la diócesis de ofrecerle dinero para no indemnizar a las familias, y el arzobispo acusa al abogado de no admitir para las familias ningún tipo de indemnización que no sea monetaria. ¡Cuánto bien haría a la Iglesia que los obispos fueran igual de celosos para defender la Fe y la moral de sus fieles como lo son para defender las arcas eclesiásticas! Nunca se escuchó a los prelados salir a aclarar la confusión provocada por declaraciones del Papa Francisco, si no únicamente cuando criticó las “listas de precios” que había en algunas parroquias.

Respecto del argumento invocado por el abogado de la diócesis, es claro que el obispo admitió que ese argumento existía, lo cual es inaceptable para la Iglesia. La Iglesia debe ser un lugar seguro para los niños. Si los padres tuvieran que desconfiar de los sacerdotes, no habría ni monaguillos, ni schola cantorum, ni grupos de catequesis, y todos los esfuerzos que desde el clero se vienen haciendo para crear normas y procedimientos estrictos sobre prevención y atención de casos de abuso serían en vano.

Ahora, la cuestión central es ¿Es responsable la Iglesia por los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes? A lo que como católicos no podemos más que responder con un claro: SI. Sí, siempre y cuando se compruebe que hubo negligencia por parte de las autoridades eclesiales al no seguir las normas sobre prevención de abusos, o que hubo encubrimiento al desestimar denuncias o rehusarse a castigar al clérigo, teniendo conocimiento de sus actos. Es decir, sólo se puede condenar a la Iglesia como responsable de los abusos, cuando pueda demostrarse tal responsabilidad a partir de la acción u omisión de los superriores frente a hechos conocidos o denunciados.

No es conspiranoia, sino que hay suficientes testimonios y evidencias, de que a mediados del siglo XX la Iglesia Católica sufrió un proceso masivo de infiltración por agentes comunistas y homosexuales activos. La Dra. Bella Visono Dodd, miembro del Partido Comunista Americano, declaró publicamente en varias oportunidades, incluso ante un comité de la Cámara de Representantes estadounidense, haber recibido la orden desde Moscú de que había que acabar a la Iglesia “desde adentro”, y afirmó haber infiltrado alrededor de 1.200 jóvenes comunistas en seminarios católicos. En entrevista con Alice Von Hildebrand, Dodd dijo que cuando trabajaba para el partido, contaban con no menos de cuatro cardenales que dentro del Vaticano los apoyaban. Así mismo, existe el testimonio del ex agente de la policía secreta rumana Ion Mihai Pacepa, sobre cómo la Teología de la Liberación fue construída y diseñada en la KGB como parte de los planes del general soviético Aleksandr Sakharovsky para exportar el Comunismo a Iberoamérica.

También es conocida la investigación hecha por el P. Dariusz Oko de la Arquidiócesis de Cracovia, Polonia, que expone la infiltración homosexual en la Iglesia Católica y la constitución de una “homomafia” que establecía redes hasta los más altos cargos de la curia para protegerse y encubrirse mutuamente. Son también públicamente conocidos los casos de monseñor Battista Ricca, que cuando fue nuncio en Uruguay vivió amancebado con un guardia suizo y que luego el Papa Francisco nombró como prelado para el IOR, o el Cardenal Godfried Danneels, que admitió haber hecho parte de una “mafia” para combatir a Benedicto XVI y nombrar un nuevo Papa, que defendió la legalización del “matrimonio” homosexual en Bélgica, que protegió a un obispo pederasta, Roger Vangheluwe, y que fue nombrado por el Papa Francisco como “experto” para el Sínodo de la Familia en 2015.

Es evidente que la crisis sobre abusos sexuales de clérigos en la Iglesia Católica tiene su origen en esta infiltración y mafia intra-eclesial. Por eso, la justicia civil hace un gran favor a la Iglesia descubriendo tales redes de responsabilidad y encubrimiento. El problema es que tal justicia no se ha dado, salvo en contados casos, como el del Card. Daneels. La mayoría de las veces la justicia civil se limita a diluir la responsabilidad concreta de los jerarcas cómplices en condenas “a la Iglesia” en general, lo cual no sólo no hace justicia a la institución, sino que tampoco ayuda a destapar las complicidades por parte de las autoridades eclesiales.

La controversia no es nueva, pues ya el año pasado hubo una sentencia que declaraba a la Iglesia como responsable de abusos y la obligaba a pagar una indemnización. Pero de nuevo, como en otros casos, la sentencia se limitaba a condenar a la Iglesia en general sin demostrar responsabilidad concreta y directa por parte de los superiores del sacerdote abusador. Bajo los mismos principios, debería condenarse a la Alcaldía Distrital de Bogotá por los 91 casos de abuso sexual cometido en colegios públicos.  Pero en estos casos, los fallos judiciales parecen más orientados a perjudicar simbólica y económicamente a la Iglesia, que a encontrar la verdad sobre los hechos denunciados y hacer justicia a las víctimas.