El Ministro de Salud Alejandro Gaviria, afirmó en un debate de control político en el senado, que la sentencia C-355 de 2006 era suficientemente clara y no necesitaba reglamentación alguna, por lo que no podía decirse el que el problema del aborto en el país fuera de vacíos normativos. El debate de control político fue citado en la Comisión VII del Senado, por los senadores Antonio José Correa, de Opción Ciudadana, y Édison Delgado, del Partido Liberal, frente al caso expuesto por El Espectador, de una niña nacida con hidrocefalia y meningocele, dado que a su madre le negaron el aborto por no tratarse de malformaciones incompatibles con la vida.
Las declaraciones del Ministro responden a lo que él considera “malentendido” por parte de las instituciones de salud, y la población en general, respecto de la anulación del Decreto 4444 de 2006 por parte del Consejo de Estado, y por lo que, según él, no se estarían practicando los abortos en los casos que se debería. Según las cifras del ministerio, mientras que en 2010 se practicaron 1551 abortos en la red pública, en 2012 sólo fueron 26 y 21 en 2013.
Para él, la jurisprudencia de la Corte Constitucional es normatividad suficiente para regular la práctica del aborto, y la anulación del decreto no habría tenido ningún efecto en la obligación de las instituciones de practicar los abortos. Esta postura contrasta con la aguerrida defensa que el ministerio hizo ante el Consejo de Estado del decreto, y de su posterior reproducción en resoluciones de la Superintendencia de Salud. Es de recordar que en ese fallo, el Consejo de Estado determinó que era el Congreso, y no el gobierno nacional, quien tenía la competencia para reglamentar la despenalización del aborto. Aunque el fallo no toca la despenalización del aborto, si deja sin validez las normas expedidas por el Ministerio, por medio de las cuales se establecía la “Interrupción Voluntaria del Embarazo” como un servicio de salud en el POS, y se sancionaba a las instituciones de salud que no la practicaran. A pesar de la sentencia, el Ministerio ha seguido expidiendo protocolos y guías sobre la práctica del aborto.
Según la exposición del senador Antonio José Correa, la pareja denunciaba que la IPS le había negado el aborto aduciendo objeción de conciencia institucional. Sin embargo, según la EPS, la Clínica Orquídeas había convocado a junta de especialistas y se había concluido que “la continuación del embarazo no constituía peligro para la vida o la salud de la madre y la patología que se identificó en la bebé era compatible con la vida”.
Por su parte, el senador Orlando Castañeda, del Centro Democrático, afirmó que el niño antes de nacer, como ser humano que es, ya es sujeto de derechos. Recordó que el caso concreto presentado por El Espectador, no entra dentro de las causales de despenalización, puesto que las malformaciones de la menor no le han hecho incompatibles con la vida, y prueba de ello es que aún sigue con vida. Por último, reclamó que se defienda y garantice el derecho a la salud de la menor.
La comisión escuchó también a la señora Marcela Ojeda, madre de familia, que en el año 2005 tuvo una hija que sufría la misma enfermedad que el caso denunciado por El Espectador. “Decidimos recibirla y acogerla con amor” dijo, y contó que su hija María Paula, a pesar de la hidrocefalia ha venido creciendo y desarrollándose como una persona normal. “Este año en el colegio quiso entrar al equipo de porras, a pesar de que camina con muletas, y pensé: ¿Quién soy yo para negarle el derecho a vivir y a soñar?”. Expresó que falta mucho conocimiento en los colegios sobre atención a personas con discapacidad. Y al finalizar recalcó que “Ella es una persona feliz, que vive y crece como cualquier otra persona a pesar de su discapacidad”.
En la sesión intervino también Carolina Melo, de la organización abortista Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que citó las falsas cifras presentadas por el Instituto Guttmacher, según la cual en Colombia se presentarían 400.000 abortos clandestinos. Coincide con el ministro de salud, en que en Colombia no hay vacío normativo, pues no hay razones para que los prestadores de salud nieguen la práctica del aborto. Afimó que “El principal problema es una comprensión limitada de la causal Salud y vida: Un embarazo no deseado afecta necesariamente el estado emocional de la mujer que tiene que verse obligada a llevar a término un embarazo que no planeó”, evidenciando que según los abortistas, la causal salud permite autorizar un aborto bajo cualquier motivo. Esta afirmación fue apoyada por el senador Jesús Castilla, del Polo Democrático, que dijo que “tienen derecho soberano las mujeres de decidir si se convierten o no en madres, en cualquier circunstancia”.
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