La Corte Constitucional ha fallado la tutela que interpuso la madre de Sergio Urrego para tumbar la sentencia del Consejo de Estado que había resuelto a favor del colegio. En la sentencia T-478 de 2015, de la sala de revisión de tutela, la Corte nuevamente aprovecha su impunidad para excederse en el caso y convertirlo en una norma de carácter general: Ahora todos los colegios, públicos y privados, deberán reformar sus manuales de convivencia para acoger y promover las expresiones públicas de homosexualidad.
Luego de examinar la sentencia, se encuentra uno con que el hecho en el que la Corte prueba el cargo de discriminación acusado, es en el que el colegio haya dado crédito a las acusaciones de los padres de Horacio (el joven con quien Urrego se había dado el beso que fue tomado en una foto), sobre el acoso sexual a su hijo “sin cuestionar en modo alguno la motivación que tuvieron los padres de Horacio para realizar una denuncia semejante”. “Sólo en sede de tutela, admitió el colegio claramente que los padres de Horacio se habían opuesto totalmente a la orientación sexual manifestada por éste, con ocasión de sus creencias religiosas y personales,” añade la sentencia como insinuando que el colegio debía cuestionar las afirmaciones de los padres de Horacio por el hecho de ser creyentes.
Como si no fuera poco, la sentencia además impone al colegio:
que, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, realice en las instalaciones de la institución, con la presencia activa de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación Nacional, los representantes de los grupos y colectivos a los que perteneció Sergio, sus familiares y amigos, un ACTO PÚBLICO DE DESAGRAVIO en donde se reconozcan las virtudes de Sergio y su legado y se reconozca el respeto que se le debía brindar a su proyecto de vida. En el mismo, se deberán realizar los siguientes actos: i) conceder el grado póstumo al menor; ii) instalar y develar una placa en memoria del joven con la siguiente inscripción: "una educación ética es el único mecanismo para obtener la perfección, destino último de los ciudadanos. La misma solo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el imperativo absoluto de respetar a los demás". En memoria de Sergio David Urrego Reyes. 1997-2014"; iii) una declaración pública por parte de las autoridades del Colegio Gimnasio Castillo Campestre donde se reconozca que la orientación sexual que asumió Sergio debía ser plenamente respetada en el ámbito educativo y que los foros educativos son espacios de tolerancia y respeto encaminados a construir un ciudadano respetuoso de las diversas posturas y comprometido con la igualdad en la diferencia; y iv) una declaración del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, donde se comprometa de manera pública a desarrollar acciones, en el marco de los módulos del Programa para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, para promover el respeto por la diversidad sexual en los colegios.
Además, la Corte, no contenta con pretender decir por la fuerza a los ciudadanos lo que deben pensar y decir, se propone convertir sus excesos en política pública, como si la Corte tuviera por competencia evaluar las necesidades del país y tomar decisiones de carácter político sobre lo que convenga al futuro del país:
Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo a la señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015. Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, se adopten las siguientes medidas, i) una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del amor, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacifica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas que atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media estén constituidos los comités escolares de convivencia.
Lo que en la Ley 1620 se insinuaba de forma solapada, aquí se exclama directamente y sin ninguna vergüenza: se proponen reducir a todos los establecimientos educativos del país, públicos o privados, a centros de adoctrinamiento en ideología de género. Por eso la condena del colegio se basa en el hecho de que este haya respetado la potestad de los padres de Horacio sobre la educación y los valores que querían inculcar en él.
En efecto, en las motivaciones de la sentencia se afirma claramente que “Solamente unas autoridades que predican la tolerancia y que mantengan un profundo sentido de respeto por la diversidad, serán capaces y tendrán la suficiente legitimidad para participar en la construcción de una sociedad éticamente justa.” Es decir, que para la Corte, sólo quienes comparten la Ideología de género como credo pueden dedicarse a la labor educativa.
Con esta sentencia, el totalitarismo homosexual da un nuevo paso en su agenda impositiva, pues por orden judicial se está forzando a las directivas del colegio a hacer una declaración de adherencia ideológica ¿Acaso no estamos ya ante la estatua del Apocalipsis (Ap 13,15), que al igual que la de Nabucodonosor (Dn 3,5-6) se nos quiere obligar a todos a adorar? La declaración impuesta por la magistrada Gloria Stella Ortiz (la ficha del Fiscal General en la Corte), es impronunciable por parte de un fiel católico. La cultura de la muerte avanza en su satánica agenda de utilizar la violencia del Estado para obligar a los católicos a negar a Cristo. Hace más de un año, que el propósito del lobby homosexual de instrumentalizar este caso para asaltar los colegios públicos y privados e imponer la ideología de género, fue declarado públicamente, y nuestros obispos no se han querido pronunciar. ¿Seguirán callando nuestros pastores?
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