El pasado miércoles 2 de noviembre, organizaciones del lobby LGBTI se reunieron con la delegación de las FARC en La Habana y acordaron el mantenimiento del “enfoque de género” en los acuerdos, así como la promoción de los movimientos LGBTI. Al mismo tiempo, una comisión de obispos se reunió con la delegación del gobierno y pactaron colaborar en la implementación de los acuerdos, a la vez que defendieron ante los medios de comunicación la participación política de las FARC como un “inamovible”.
El comunicado de prensa suscrito por los activistas LGBTI y la delegación de las FARC comprende cinco puntos, y en el segundo de estos se afirma que “El Acuerdo de Paz debe mantener transversalmente el enfoque de género. La adopción del enfoque de género no desconoce derechos fundamentales de ninguna población, las colombianas y los colombianos tienen los mismos derechos. El uso de este enfoque en el acuerdo es necesario para hacer visibles los impactos diferenciados del conflicto armado sobre las mujeres y hombres; entre estos, las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.”
A modo de salvedad, el punto cuarto estabece que “El Acuerdo de Paz no ha abarcado ni deberá abarcar discusiones que no estén vinculadas al origen y desarrollo del conflicto armado, tales como la definición de familia, matrimonio o adopción por parejas del mismo sexo, así como otros derechos de las personas LGBTI reconocidos en la Constitución Política de Colombia y en la jurisprudencia constitucional. Estos temas deberán ser debatidos libremente y en democracia en las instituciones correspondientes.” Así, parecería que se está dejando por fuera del acuerdo el tema de la Ideología de Género. No obstante, valga recordar que tal discusión no tenía que ver con “la definición de familia”, sino con la imposición de una antropología ideologízada a los estudiantes, en contra del derecho fundamental a los padres a escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos, y la libertad religiosa de las instituciones educativas para formar en los valores en que fueron fundados.
Por el contrario, aunque en el punto 5 del comunicado se afirma que “Ningún contenido del acuerdo de paz, ni su implementación, podrá contener disposiciones que impliquen la negación, restricción o menoscabo de los derechos fundamentales de ningún colectivo social”, hay una omisión evidente de los derechos afectados por la ideología de género, el derecho fundamental de los padres a decidir la formación moral de sus hijos, y la libertad religiosa de las intituciones educativas confesionales. Además, el hecho de que nunca se niegue que el “enfoque de género” parta desde las premisas ideológicas que se han denunciado, las expresadas por Humberto de la Calle y otros negociadores, reafirma que el concepto de “enfoque de género” sigue manteniendo su carácter vehicular de los elementos ideológicos que fueron rechazados por los colombianos el pasado 10 de agosto.
Por su parte, una comisión de la Conferencia Episcopal, encabezada por el Cardenal Rubén Salazar y Mons. Luis Augusto Castro, se reunió con los negociadores del gobierno naciona, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo. Como resultado de la reunión, se acordó que la Iglesia participaría de la implementación de los acuerdos de paz, como parte de su labor social en las zonas de conflicto. “habrá un apoyo a la idea de la paz por parte de la Iglesia.” dijo Humberto de la Calle.
El día anterior, Mons. Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja y Presidente de la Conferencia Episcopal, dijo ante los medios que la participación de las FARC en política era un “inamovible” del acuerdo. “Darle totalmente la razón a las Farc, porque figúrese 50 años de lucha para llegar a participar en la política y ahora decirles que no pueden participar es un gran tomadura de pelo; es decir todo el fenómeno de la guerra surgió de la exclusión política de algunos grupos”, dijo, después de una reunión con la delegación de las FARC en La Habana.
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