Reproducimos el artículo del P. Mario García Isaza, sacerdote formador del seminario arquidiocesano de Ibagué.
Definitivamente, la aceptación que el señor Presidente de la República hizo de los resultados del plebiscito del 2 de octubre, en que salió derrotado un proyecto de acuerdo precipitadamente firmado en una parafernalia ridícula de bombos y platillos internacionales, fue una aceptación de palabra, no real. Y su decisión es la de imponerle al pueblo colombiano lo por él pactado con el grupo criminal de las FARC. No tiene ningún sentido que ahora nos presente dizque un “nuevo acuerdo”, en el que el setenta por ciento, por lo menos, está constituido por el mismo texto rechazado por los colombianos en octubre. No hay derecho para que el doctor De la Calle nos notifique que ahí está lo resuelto, y que no hay lugar a nuevas modificaciones. No han entendido, o pretenden desconocer, que así como pedían que se aprobara con un SI todo el bloque del anterior acuerdo, el NO fue un rechazo a TODO el mismo. Todo parece indicar que, a sabiendas de que si lo convenido con los sediciosos fuera presentado a la aprobación popular, recibiría un nuevo rechazo, el señor Santos sencillamente le pedirá a un Congreso que, bien lo sabemos, ha renunciado a toda independencia y es venal, que le apruebe el engendro, y lo considerará entonces refrendado. Todo esto es un sinfín de martingalas y traperías para darle un golpe mortal a la democracia y abrirle camino a un nefasto proyecto de nación, ideado e impuesto a un gobierno claudicante por quienes durante cincuenta años no han hecho otra cosa que destruir a Colombia y anegarla en lágrimas y en sangre.
La lectura del segundo texto me resultó más fatigosa aún que la del primero, que ya es mucho decir. Algo que pretenden radicar ante organismos internacionales y dejar como texto normativo junto a la Constitución, merecería ser revisado desde el punto de vista gramatical y lingüístico por alguien capaz de expresarse con corrección. Esto sería lo mínimo, y no tendríamos un bodrio tan vergonzoso en materia de redacción y lenguaje. Pero eso no parece importar, ¡qué lástima! Se hallan, sí, algunos cambios en el segundo texto al cotejarlo con el primero. Se hace afirmación explícita de que no hay propósito de implantar la inmoral ideología de género; se abre la posibilidad, al menos, de que dieciséis curules parlamentarias correspondientes a las circunscripciones electorales especiales sean alcanzadas por candidatos distintos a los de las FARC; se disminuye el regalo financiero al partido en que llegue a convertirse el grupo sedicioso; se atenúan los compromisos oficiales de favorecer las actividades de la comunidad LGBTI; se explicita el respeto al derecho de los padres en la escogencia del tipo de educación para sus hijos; se consigna el compromiso de respetar la propiedad privada y se estrecha un poco el camino de expropiaciones arbitrarias; ya no se les regalan a las FARC las 31 emisoras de antes, y a las 20 que se proyectan se les asignan mecanismos de funcionamiento y de utilización más democráticos; se disminuye la participación de jueces extranjeros para los procesos judiciales que habrán de gestionarse en la JEP ; los integrantes del grupo FARC se comprometen a “inventariar” todos los activos que componen sus cuantiosas fortunas, y a que ellas sirvan para la indemnización a las víctimas de sus crímenes; el Estado, en su compromiso de luchar contra el narcotráfico, no renuncia a ninguna medida necesaria, incluida la fumigación, que antes se prohibía.
¡PERO!... Sí, hay uno y muchos peros… Se mantiene la intolerable impunidad para los principales responsables de las infamias que durante diez lustros se han cometido en Colombia; una impunidad camuflada con una vereda como cárcel… mientras tantos colombianos que han sido juzgados por delitos mucho menores se pudren por años y años en ergástulos infames e inhumanos. Se mantiene, como premio a no sé qué méritos, el regalo de diez curules en el parlamento. Se persiste en el obsequio, por el solo hecho de dejar de delinquir, de dos millones de pesos a cada guerrillero, de un sueldo asegurado por dos años y por más tiempo si así lo piden, y de unos cuantos millones si dicen querer montar un proyecto; eso mientras millones de colombianos honrados sudan de sol a sol para ganar un exiguo salario. Se promete no someter a ningún responsable de cualesquiera crímenes, si es de las FARC, a la extradición, mientras a otros compatriotas que han delinquido sin pertenecer a ese grupo se los envía a las cárceles extranjeras. Se persiste en la posibilidad de atribuirles conexidad con el delito político a crímenes como el narcotráfico y a fechorías como el secuestro extorsivo, y de ese modo se los cobija con amnistías e indultos. Las Farc no se comprometen a “entregar” sus inmensas fortunas, solo a “inventariarlas”… Ni una palabra se dice de los secuestrados, ni de los menores de edad reclutados para el crimen en las filas de las FARC. Y la aparente concesión de no atribuírle a lo acordado carácter de constitucionalidad, se desvirtúa totalmente con el hecho de asentar el acuerdo en Ginebra, y darle por ese hecho la firmeza de algo que será inmodificable en adelante y que tendrá la fuerza de norma supraconstitucional.
No es suficiente una primera, rápida y dificilísima lectura del nuevo texto, para formarse un concepto suficientemente esclarecido y seguro de lo “acordado”, de lo que se nos va a imponer… Pero en el conjunto del farragoso texto siguen apareciendo las orejas del lobo; hay un trasfondo de materialismo, de socialismo siglo XXI, de ateísmo, de injusticia, de una búsqueda de paz no importa cuales sean los valores que se sacrifiquen en sus aras. Hay un proyecto de nación del que está ausente cualquier inspiración cristiana.
Este análisis somero me lleva a preguntar: ¿no equivale este propósito de que aceptemos el “nuevo acuerdo”, a un real desconocimiento del veredicto dictado por los colombianos el 2 de octubre? Creo que sí. Y entonces, se trata de un auténtico conejo dictatorial al pueblo colombiano, de una burla refinada a la nación que se expresó en esa jornada plebiscitaria.
Mario García Isaza c.m.
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