El pasado miércoles, los senadores José Darío Salazar y Claudia Wilches, y las representantes a la Cámara Rosmery Martínez y Lina María Barrera radicaron un proyecto de ley para apoyar la maternidad y el parto digno, como forma de prevenir el aborto.
El proyecto obliga al Estado a promover el ejercicio responsable de la maternidad, la protección del niño por nacer a través de campañas pedagógicas en todos los niveles. Además establece una serie de derechos propios de la mujer embarazada y del niño recién nacido. También reconoce la labor de los Centros de Ayuda a la Mujer en Embarazo (CAM) como forma efectiva de ofrecer opciones a las mujeres que están pensando en abortar. De paso, declara el 25 de Marzo como el Día del Niño por Nacer.
El proyecto es tal vez la primera iniciativa que surge a nivel político para combatir el aborto a partir de ofrecer soluciones a la mayoría de problemas que llevan a las mujeres a abortar. El proyecto también es un buen inicio en el reconocimiento del que está por nacer como sujeto de derechos que merece protección especial por parte del Estado, según la Constitución Política, tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención de los Derechos del Niño y la jurisprudencia de la Corte Constitucional hasta la nefasta sentencia C-355 de 2006.
Existen sin embargo algunas preocupaciones sobre el uso de términos que se pueden constituir en una especie de autogol para la causa provida. En primer lugar, sorprende el uso de la expresión “educación sexual y reproductiva en adolescentes” y “la prevención de embarazos no deseados” en el numeral 1 del artículo 3. Bien es sabido que los conceptos “Salud sexual y Reproductiva” y “Derechos Sexuales y Reproductivos” han sido la bandera con la cual el lobby del aborto y la ideología de género ha promovido la disociación entre la sexualidad y la reproducción y una cultura de consumo alrededor de la sexualidad. Así mismo, el uso del término “embarazos no deseados” es una estrategia de los pro-aborto para subordinar los derechos del que está por nacer a la subjetividad de su madre, por lo que no se entiende su lugar en este proyecto.
Aún mas grave, es que un proyecto que busca favorecer la maternidad se promueva el ofrecimiento a las mujeres embarazadas de métodos de planificación familiar, como se hace en los literales j) y s) del artículo 7º. Algunos podrían considerar que esto responde con justicia a la promoción de una maternidad responsable, sin embargo, la realidad social actual es que la cultura de la anticoncepción no ha provocado cosa distinta a la devaluación de la maternidad y la proliferación de la sexualidad consumista. Por eso, bien lo advirtió el Papa Pablo VI en su Encíclica Humanae Vitae:
Hay que excluir igualmente, como el Magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer; queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como medio, hacer imposible la procreación.
Tampoco se pueden invocar como razones válidas, para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos, el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto compartirían la única e idéntica bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Es por tanto un error pensar que un acto conyugal, hecho voluntariamente infecundo, y por esto intrínsecamente deshonesto, pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal fecunda. (Humanae Vitae, 14)
Las palabras del Papa caen, ya no tanto como advertencia, sino como profecía cumplida: Una vez las parejas conocieron la comodidad del sexo sin consecuencias, fueron irremediablemente seducidas por la Cultura de la Muerte, de donde viene el aborto que se dice combatir.
Se afirma con frecuencia que la anticoncepción, segura y asequible a todos, es el remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia católica de favorecer de hecho el aborto al continuar obstinadamente enseñando la ilicitud moral de la anticoncepción. La objeción, mirándolo bien, se revela en realidad falaz. En efecto, puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos incluso para evitar después la tentación del aborto. Pero los contravalores inherentes a la « mentalidad anticonceptiva » —bien diversa del ejercicio responsable de la paternidad y maternidad, respetando el significado pleno del acto conyugal— son tales que hacen precisamente más fuerte esta tentación, ante la eventual concepción de una vida no deseada. De hecho, la cultura abortista está particularmente desarrollada justo en los ambientes que rechazan la enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción. Es cierto que anticoncepción y aborto, desde el punto de vista moral, son males específicamente distintos: la primera contradice la verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor conyugal, el segundo destruye la vida de un ser humano; la anticoncepción se opone a la virtud de la castidad matrimonial, el aborto se opone a la virtud de la justicia y viola directamente el precepto divino « no matarás ».
A pesar de su diversa naturaleza y peso moral, muy a menudo están íntimamente relacionados, como frutos de una misma planta. Es cierto que no faltan casos en los que se llega a la anticoncepción y al mismo aborto bajo la presión de múltiples dificultades existenciales, que sin embargo nunca pueden eximir del esfuerzo por observar plenamente la Ley de Dios. Pero en muchísimos otros casos estas prácticas tienen sus raíces en una mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y presuponen un concepto egoísta de libertad que ve en la procreación un obstáculo al desarrollo de la propia personalidad. Así, la vida que podría brotar del encuentro sexual se convierte en enemigo a evitar absolutamente, y el aborto en la única respuesta posible frente a una anticoncepción frustrada. (Juan Pablo II, Evangelium Vitae 13)
Es por tanto imposible, que un proyecto que busca prevenir el aborto esté al mismo tiempo promocionando su causa. Una disposición así, no puede ser apoyada por ningún católico, como bien aclaró la Congregación para la Doctrina de la Fe en su Nota Doctrinal sobre el compromiso de los laicos en la política:
En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. (Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas a la participación y el compromiso de los fieles laicos en la política, 4)
Este es un gran proyecto, deseamos apoyarlo pues responde a la necesidad actual de muchas mujeres del país para quienes la maternidad debería ser una bendición y no una carga. Sin embargo contiene algunas disposiciones que son de plano incompatibles con el objetivo perseguido, y nuestra conciencia no nos permite apoyar. Por tal motivo, solicitamos comedidamente a los congresistas autores del proyecto que eliminen tales términos y disposiciones nocivas, que sacrifican el noble propósito del mismo, y así puedan contar con todo nuestro apoyo.
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