Medios confirman la intención del gobierno de desconocer los resultados del plebiscito

Cada vez se perfila con mayor detalle que la intención del gobierno Santos es desconocer los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre. El principal síntoma de tal plan es la campaña que han emprendido los medios de comunicación afines al gobierno para desprestigiar y delegitimar las posturas de los más de seis millones de colombianos que votaron NO en el plebiscito.

Esta estrategia venía delineada en las declaraciones del presidente Santos en su alocución luego de la derrota de los acuerdos en el plebiscito: “como presidente conservo intactas mis facultades y mi intención de buscar la paz”. Esto es cierto, pero detrás de esa expresión se está promoviendo la idea de que el plebiscito no era necesario, y el presidente puede implementar los acuerdos prescindiendo de la refrendación popular.

La Revista Semana publicó hace unos días una entrevista con el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en la cual se promueve abiertamente esta idea:

Semana.com: Usted siempre ha dicho que derechos como la paz no pueden llevarse a plebiscito. ¿Por qué?

Luigi Ferrajoli: La paz es un principio contramayoritario. Por esto, como lo he sostenido tantas veces, el Acuerdo para lograr la paz no tenía por qué ser sometido a un referéndum popular. El referéndum no era y no es necesario para legitimar la paz, y mucho menos era y es suficiente para deslegitimarla.

Semana.com: ¿A su juicio, qué significan entonces los resultados del plebiscito en Colombia?

L.F.: Los resultados negativos del plebiscito del 2 de octubre (sobre todo por pocos miles de votos) no pueden comprometer el proceso de paz. El principio de la paz –al igual o mucho más que otros principios fundamentales como la dignidad de la persona, la igualdad, la libertad y otros derechos humanos- representa, en efecto, una precondición de la convivencia civil. Es el valor político supremo, precedente de cualquier otro, pues representa el presupuesto necesario de todos los demás. Su naturaleza reside en su carácter supremo y fundamental, en el sentido de que la paz no necesita el consenso de la mayoría, ni mucho menos puede ser derogado por la voluntad de cualquier mayoría.

(…)

Semana.com: Al Acuerdo final suscrito entre el Gobierno y las FARC se le ha dado el carácter de “especial” a la luz de los Convenios de Ginebra. ¿Usted cree que esto lo hace vinculante?

L.F.: Efectivamente, eso hace vinculantes todos los Acuerdos. Por esto es vinculante para ambas partes negociadoras. Pero más allá de la cuestión puramente jurídica, es evidente que, realmente, la ejecución del imperativo de la paz no puede suceder sino con base en aquellos Acuerdos, alcanzados con esfuerzo en la larga negociación de La Habana: el desarme de los combatientes, su reinserción en la vida civil y política y, sobre todo, las normas sobre la llamada Justicia Transicional, destinada a los excombatientes y acordada por virtud del Marco Jurídico para la Paz aprobado en el Congreso colombiano el 14 de junio del 2012 y del Acto Legislativo no. 1 del 31 de julio del 2012.

Tres ideas se ventilan en este fragmento de la entrevista: El referendo no era necesario, carece de legitimidad y el acuerdo, que tiene vigencia, puede implementarse en contra de la voluntad popular.

Respecto de lo primero, es importante señalar que se ha pretendido confundir a la opinión pública a través de la idea del “Derecho Constitucional a la paz”. Es cierto que la Constitución Política garantiza la paz como un derecho fundamental, y que el presidente tiene competencias constitucionales para procurar las paz por todos los medios. Sin embargo, el presidente quiso que los acuerdos de La Habana pasar por un proceso de refrendación popular. Esto, que ha sido vendido por los medios como una conceción graciosa de Santos, responde la naturaleza de los acuerdos de La Habana, como una amplia agenda política de reformas económicas, sociales e institucionales para el país.

En efecto, el presidente tiene la capacidad de negociar y firmar acuerdos de paz con los grupos armados en armas, pero esta competencia para implementar tales acuerdos no tienen carácter vinculante más que para él mismo. El presidente deberá en todo caso tramitar las reformas que el acuerdo requiriese por la vía ordinaria y sometido a la participación y discusión de los diferentes sectores políticos en el Congreso, y con la posibilidad de las reformas o el posible rechazo a estas por el órgano legislativo. El acuerdo de La Habana iba más allá de la simple desmovilización, dejación de armas y sometimiento a la justicia de las FARC, sino que implicaba una amplía agenda política que según el acuerdo, se convertiría en materia constitucional a través del Acto Legislativo 01 de 2016 con el que se otorgaban al presidente competencias especiales para legislar por decreto e imponer reformas constitucionales al Congreso en tres debates.

El presidente necesitaba la refrendación popular de los acuerdos para que su implementación, que evidentemente iba a causar amplia oposición en sectores de la población, tuviera la legitimación de un mandato popular. En este sentido, el plebiscito proyectado por el presidente funcionaba igual que el de las “dictaduras plebiscitarias” en que la votación popular legitima la concentración de poderes en manos del dictador. Sin embargo perdió, el Acto Legislativo 01/16 quedó sin vigencia, y el Acuerdo de La Habana se volvió inaplicable.

Es falso que el Acuerdo se encuentre vigente. La sentencia C-379 de 2016 dejó muy claro que “si el plebiscito no es aprobado”, “el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final”. Por su parte, el mismo acuerdo de La Habana, en su punto 6.6, reconoce el mecanisco de refrendación como condición para la vigencia e implementación de los acuerdos de paz.

Los medios de comunicación se han valido de las declaraciones de Juan Carlos Vélez, para difundir la idea de que quienes votaron NO lo hicieron “por ignorancia, o por no haberse leído los acuerdos” (palabras de Juan Manuel Santos al haber recibido la noticia del Nobel de Paz). Esta idea absolutamente infundada, pues no existe ninguna evidencia de que los más de seis millones de colombianos hayan votado motivados por las campañas del Centro Democrático, implica además un desconocimiento de las instituciones fundamentales del sistema democrático: La misma acusación podría lanzarse contra cualquier otra elección, con el propósito de desconocer su resultado. Por esta razón, están invitando por redes sociales a defender la victoria del NO en el plebiscito, este próximo sábado 29 de octubre a las 10:00 AM en las principales ciudades del país.