De todos los nombramientos posibles, la ONU nos acaba de enviar a uno de los peores posibles. El peruano Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue designado pro la ONU para representarla en el mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz.
Originario de la organización comunista Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Diego García-Sayán es recordado en Perú como un simpatizante y auxiliador del grupo terrorista Sendero Luminoso, que hacía apología de la guerrilla comunista desde la Comisión Andina de Juristas y luego en el Ministerio de Justicia ordenó la liberación de “varios centenares” de condenados por terrorismo, según afirmó en 2012 el hoy presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, mientras persiguió judicialmente a las Fuerzas Armadas Peruanas.
Además, su paso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo marcado por el irrespeto absoluto del derecho que debía aplicar. No tuvo escrúpulos en participar de juicios contra el Perú en casos que él mismo había avalado antes como Ministro de Relaciones Exteriores de aquel país, y presentados con apoyo de su ONG, Comisión Andina de Juristas. Además, a pesar de haber defendido públicamente la legalización del aborto en varios artículos, no se declaró impedido frente a la demanda contra la prohibición de la Fecundación In Vitro en Costa Rica. En las audiencias públicas, los activistas provida denunciaron que él junto a otros dos jueces hacían gestos de burla y se reían frente a los funcionarios del gobierno costarricense exponían las razones de la prohibición. El caso terminó con fallo que pretende redefinir arbitrariamente el momento de la concepción por el de “implantación” y contraviene abiertamente el Artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, negando de plano el derecho a la vida del niño por nacer.
Como delegado de la ONU, García-Sayán nombraría a los magistrados del Tribunal Especial de Paz y a otros funcionarios de la Jurisdición Especial de Paz. Su nombramiento anuncia, por sí sólo, amnistía y manga ancha para los guerrilleros, aún los condenados por crímenes de lesa humanidad, a la vez que persecusión jurídica contra la Fuerza Pública colombiana. El nombramiento es aún más grave si se considera que el Acuerdo con las FARC concede a la Jurisdicción Especial de Paz, poderes especiales para perseguir a civiles y militares, aún en casos que ya hubiesen sido fallados por la justicia ordinaria.
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