Según informa C-Fam, el secretario general de la ONU está preparando un documento de orientación para todo el personal de la ONU, en el cual se les pide que en los países que se encuentren en situación de pos-conflicto, se promueva la legalización del aborto como forma de “reparación” a las víctimas de violencia sexual. El objetivo declarado del documento es brindar «orientación normativa y operativa para la participación de las Naciones Unidas» en situaciones de posconflicto y fue preparado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y ONU Mujeres. En realidad lo que se busca con esto es aprovechar que en las situaciones de pos-conflicto los países son particularmente atentos a las solicitudes y advertencias por parte de los organismos internacionales relacionados con los Derechos Humanos.
El documento, presentado en una reunión con delegados el pasado 8 de agosto, afirma que las mujeres deberían tener la «opción de un aborto seguro y legal», y dice que se «necesita» el aborto para prevenir la violencia sexual en el futuro, entre otras políticas menos controvertidas. Aunque la nota orientativa no llega a decir que el aborto es un derecho de reparación o que los países tienen la obligación legal conforme al derecho humanitario de permitir que los niños por nacer concebidos en violaciones sean abortados, animará a las agrupaciones proabortistas a utilizar las situaciones de posconflicto para defender cambios en las leyes de aborto con el respaldo de los funcionarios de la ONU.
De hecho, el documento va más allá de lo que el personal de la ONU jamás se atrevió a decir sobre el aborto, al menos públicamente, pues dice a funcionarios y miembros de la ONU que hagan lobby en pos de cambios en las leyes para permitir el aborto como forma de reparación por la violencia sexual ejercida contra mujeres. Ivan Šimonović, segundo al mando del aparato burocrático de derechos humanos de la ONU, dijo que el contenido de la nota orientativa carece de valor a menos que se implemente. Propuso que se criticara a los estados mediante órganos creados en virtud de tratados, relatores especiales y el procedimiento de la ONU llamado Revisión Periódica Universal, para presionarlos a fin de que liberalicen sus leyes.
En la reunión del pasado viernes, el único país que se puso como ejemplo de cómo abordar la violencia sexual en áreas devastadas por la guerra fue Colombia, donde el Congreso rechazó aprobar el aborto como derecho en la discusión de la Ley 1719 sobre víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Con la publicación de este documento se confirma la denuncia que hicimos en aquel entonces, de que el proyecto de ley era un gran caballo de Troya para que el Congreso estableciera el derecho al aborto por la puerta de atrás.
Diversas fuentes dijeron a Friday Fax que varios estados miembros, principalmente de África, el Medio Oriente y Asia están preparando una advertencia para el Secretario General sobre esta y otras cuestiones en las que creen que él se está entrometiendo con prerrogativas exclusivamente nacionales, y extralimitando sus competencias. El aborto es un tema que debe ser abordado conforme a las legislaciones nacionales en concertación con la ONU, y es la clase de tema que los creadores de la Carta de las Naciones Unidas jamás contemplaron que entrara dentro de las competencias de ninguna entidad de la Organización.
Los países africanos, muchos de los cuales están en conflicto o salieron de él hace poco, en su mayor parte prohíben el aborto y son los principales objetivos de esta nueva campaña burocrática. En estos estados vulnerables, la ONU tiene la fuerte responsabilidad de proteger a las personas de mayores perjuicios. El uso que el Secretario General hace de las situaciones de posconflicto para promover el aborto constituye un fracaso moral escandaloso y un abuso de confianza.
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