Aborto e imposición de creencias

Cuando se presentó el PAL 6/11 y comenzó, de nuevo, el debate acerca del aborto en el país, el comodín argumentativo de los abortistas fue “no se puede imponer la creencia de un grupo religioso, por más que sea mayoritario, al resto de la población”. Sin embargo, la realidad posterior ha demostrado que la legalización del aborto implica una violación constante de la libertad de creencias de la mayoría de la población.

La cuestión del aborto, a nivel ético y jurídico, se concentra en una única controversia: Acerca de si el nasciturus es un ser humano y merece el reconocimiento de persona, con todos los derechos que implica, o no. Aunque muchos expresen posturas pretendidamente intermedias, en realidad, el reconocimiento de derechos al nasciturus es una cuestión de blanco y negro, pues si se le reconoce derecho a la vida es imposible la legalización del aborto sin que se viole un derecho reconocido y todo el sistema legal entre en contradicción.

Ahora, el pretendido argumento de los abortistas, arriba escrito, es a todas luces y por si mismo una falacia ad hóminem. Consiste en pretender que un argumento es falso sólo porque es esgrimido por personas de convicciones religiosas. Esto, que no es más que una artimaña para evitar tocar la médula del asunto (pues bien saben los abortistas que la realidad no les favorece mucho en ese punto), resulta en una agresión directa contra el sistema democrático colombiano, donde el 98,8% de la población es cristiana (87,3% Católica y 11,5% de otras confesiones), pues pretende que los creyentes sean despojados de su ciudadanía, es decir, de su derecho a participar activamente en la política nacional en su condición de católicos.

La razón por la cual se da esto es que, como apunté arriba, es una situación de todo o nada: o el nasciturus es una persona humana con derechos, y todo aborto está prohibido, o no lo es y entonces toda restricción al aborto es susceptible de ser desmontada. De ahí que la falacia de los abortistas, como Carlos Gaviria, se torna doble: El Estado colombiano es laico y no puede acceder a la voluntad de las mayorías creyentes, por tanto, la laicidad del Estado colombiano le obliga a someterse a ideologías particulares como el feminismo radical y la ideología de género. El Estado que legaliza el aborto no está siendo neutral, sino que impone tiránicamente la ideología de una minoría al resto de la población.

Pero además, la legalización del aborto siempre trae consigo una larga lista de violaciones a la libertad de conciencia. Empezando por la de los profesionales de la salud, y los funcionarios de entidades públicas o privadas que de algún modo queden relacionadas al aborto. Aunque en Colombia aún no se ha llegado al extremo que hay en otros países, donde los médicos y enfermeros son obligados a practicar o a participar de la práctica de abortos y los estudiantes de medicina son condicionados a tomar instrucciones sobre como realizarlos so pena de nunca graduarse, la Corte si pretende que el médico objetor sea por lo menos cómplice del aborto al obligarlo a remitir al paciente a un médico que si esté dispuesto a realizarlo. Además, bajo la obligación de informar al paciente, los médicos pueden ser obligados a difundir la propaganda y la desinformación abortista, contraria, no sólo a sus creencias, sino a la ciencia médica. Lo mismo se pretende con los funcionarios de las entidades de salud y los jueces.

La legalización del aborto viola además la conciencia y la libertad de asociación de quienes han querido fundar instituciones de salud bajo los principios hipocráticos de protección y defensa de la vida humana. En un editorial de la Red Antioquia Pro-vida, se muestra cómo todas las instituciones de salud, sin distinción alguna de sus principios institucionales, son obligadas a practicar abortos so pena de ser penalizadas, a la vez que se les impide todo tipo de garantía de que están actuando dentro de la ley, e incluso se les obliga a una celeridad mayor a la de cualquier tratamiento que sí sea importante y urgente para la vida de los pacientes.

Pero, aún hay más, luego de la sentencia C-355 de 2006, el Ministerio de Protección Social expidió el Decreto 4444 de 2006 en el que incluía el aborto dentro del Plan Obligatorio de Salud. ¿Qué significa esto? Que el dinero de las contribuciones de los colombianos, independientemente de sus convicciones, iría a financiar directamente los abortos. Aunque el Decreto fue suspendido por el Consejo de Estado, el Ministerio de la Protección Social se ha gastado más de $36.000 millones de pesos en promoción del aborto, a la vez que pretendía denegar la ampliación de la licencia de maternidad en dos semanas, aduciendo falta de recursos. Posteriormente, la Comisión de Regulación en Salud (CRES) expidió el Acuerdo 008 de 2009 en que nuevamente se incluía el aborto en el POS, que fue nuevamente demandado ante el Consejo de Estado, y ahora, amparados en las extralimitaciones de la Corte Constitucional, la CRES expidió el Acuerdo 29 de 2011 donde vuelve a incluir el aborto en el POS.

¿Por qué esta obstinación en que los abortos sean pagados con dinero de los contribuyentes? El reclamo por el “aborto gratuito” de los lobbys feministas es el menos defendible desde el punto de vista de los “derechos sexuales y reproductivos”, pues toma un extraño giro: “Mi cuerpo, mi decisión…, con tu dinero”. Ya lo decía Milton Friedman que no existe nada gratis en el mundo, cuando algún servicio se presenta como gratis en realidad ocurre que es otra persona la que está pagando por él. Los principales promotores del mal llamado “aborto gratuito” son, curiosamente, las organizaciones que proveen los abortos, como IPPF y Marie Stopes, y esto no significa que estas organizaciones ofrezcan sus “servicios” de forma gratuita, significa que desean a toda costa llenar sus bolsillos con el dinero de los contribuyentes. En Estados Unidos se vive una verdadera batalla por la financiación pública de abortos [1] [2] [3] [4]. El presidente Obama ha hecho todo lo posible por vaciar las arcas públicas en manos de Planned Parenthood, casi pareciera que ellos hubieran sido sus únicos electores, mientras que numerosos estados han pasado leyes para prohibir la financiación pública de abortos. Aún más, Obama ha querido amenazar a los estados con denegarles el dinero para el sistema de salud si ellos no financian a Planned Parenthood, y ahora ha expedido un mandato donde obliga a todas las organizaciones, independientemente de su carácter religioso, a pagar por anticonceptivos, abortifacientes y esterilizaciones en los seguros de salud de sus empleados. Como si no fuera bastante, los representantes de los Estados Unidos han intentado forzar la aprobación de un documento en la ONU donde solapadamente habían cambiado el termino “planificación familiar” por “anticonceptivos”, afortunadamente los delegados de otros países se dieron cuenta a tiempo y rechazaron el documento.

Ahora si, vuelvo a preguntar: ¿Quién está queriendo imponer sus creencias a quién?

Concluyo citando el mensaje del Papa Bendicto XVI a los obispos de Estados Unidos en su visita “ad limina”

Algunas tendencias culturales actuales, en la medida en que contienen elementos que quieren limitar la proclamación de esas verdades, sea reduciéndola dentro de los confines de una racionalidad meramente científica sea suprimiéndola en nombre del poder político o del gobierno de la mayoría, representan una amenaza no sólo para la fe cristiana, sino también para la humanidad misma y para la verdad más profunda sobre nuestro ser y nuestra vocación última, nuestra relación con Dios. Cuando una cultura busca suprimir la dimensión del misterio último y cerrar las puertas a la verdad trascendente, inevitablemente se empobrece y se convierte en presa de una lectura reduccionista y totalitaria de la persona humana y de la naturaleza de la sociedad, como lo intuyó con gran claridad el Papa Juan Pablo II.

La Iglesia, con su larga tradición de respeto de la correcta relación entre fe y razón, tiene un papel fundamental que desempeñar al oponerse a las corrientes culturales que, sobre la base de un individualismo extremo, buscan promover conceptos de libertad separados de la verdad moral. Nuestra tradición no habla a partir de una fe ciega, sino desde una perspectiva racional que vincula nuestro compromiso de construir una sociedad auténticamente justa, humana y próspera con la certeza fundamental de que el universo posee una lógica interna accesible a la razón humana. La defensa por parte de la Iglesia de un razonamiento moral basado en la ley natural se funda en su convicción de que esta ley no es una amenaza para nuestra libertad, sino más bien una «lengua» que nos permite comprendernos a nosotros mismos y la verdad de nuestro ser, y forjar de esa manera un mundo más justo y más humano. Por tanto, la Iglesia propone su doctrina moral como un mensaje no de constricción, sino de liberación, y como base para construir un futuro seguro.

El testimonio de la Iglesia, por lo tanto, es público por naturaleza. La Iglesia busca convencer proponiendo argumentos racionales en el ámbito público. La separación legítima entre Iglesia y Estado no puede interpretarse como si la Iglesia debiera callar sobre ciertas cuestiones, ni como si el Estado pudiera elegir no implicar, o ser implicado, por la voz de los creyentes comprometidos a determinar los valores que deberían forjar el futuro de la nación.

A la luz de estas consideraciones, es fundamental que toda la comunidad católica de Estados Unidos llegue a comprender las graves amenazas que plantea al testimonio moral público de la Iglesia el laicismo radical, que cada vez encuentra más expresiones en los ámbitos político y cultural. Es preciso que en todos los niveles de la vida eclesial se comprenda la gravedad de tales amenazas. Son especialmente preocupantes ciertos intentos de limitar la libertad más apreciada en Estados Unidos: la libertad de religión. Muchos de vosotros habéis puesto de relieve que se han llevado a cabo esfuerzos concertados para negar el derecho de objeción de conciencia de los individuos y de las instituciones católicas en lo que respecta a la cooperación en prácticas intrínsecamente malas. Otros me habéis hablado de una preocupante tendencia a reducir la libertad de religión a una mera libertad de culto, sin garantías de respeto de la libertad de conciencia.

En todo ello, una vez más, vemos la necesidad de un laicado católico comprometido, articulado y bien formado, dotado de un fuerte sentido crítico frente a la cultura dominante y de la valentía de contrarrestar un laicismo reductivo que quisiera deslegitimar la participación de la Iglesia en el debate público sobre cuestiones decisivas para el futuro de la sociedad estadounidense. La formación de líderes laicos comprometidos y la presentación de una articulación convincente de la visión cristiana del hombre y de la sociedad siguen siendo la tarea principal de la Iglesia en vuestro país. Como componentes esenciales de la nueva evangelización, estas preocupaciones deben modelar la visión y los objetivos de los programas catequéticos en todos los niveles.