Trascribimos las declaraciones hechas por el delegado de la Santa Sede, observador permanente ante la OEA, Mon. Francis Cullikatt, en la pasada 43 Asamblea General del organismo en la ciudad de Antigua, Guatemala:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Presidente mi delegación se aprovecha de esta oportunidad para expresar su agradecimiento al Secretario General, José Miguel Insulza, y al gobierno de Guatemala por acoger este cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
El problema mundial de las drogas ilícitas se ha convertido en un desafío multidimensional que exige un enfoque integral, que permita atender a las víctimas como a los que las victimizan. Este es un problema que afecta no sólo a la dignidad humana de los usuarios, sino también a sus familias y a la comunidad en general. Esta trágica realidad es constatada por el Secretario General cuando indica que las familias de estas personas afectadas sufren consecuencias graves y a largo plazo. La familia constituye la base fundamental de la sociedad, por lo tanto cuando el abuso de drogas destruye el tejido social de las familias, esto conduce inevitablemente a la desestabilización de la sociedad en general. Debe ser una prioridad que los políticos se concentren entonces, en mantener a la familia como la piedra angular de la prevención, del tratamiento, de la rehabilitación, de la reintegración y de las estrategias de salud con el fin de proporcionar el único tratamiento que sea verdaderamente integral y centrada en la persona humana.
La Santa Sede está firmemente comprometida a educar conciencias, y a ofrecer los medios para aliviar el sufrimiento que afecta a las personas dañadas por el consumo y el tráfico de drogas. Por eso seguimos intentando solucionar este problema a través de la participación activa que desempeñamos en diferentes foros, proporcionando vías de diálogo para poner fin a la perpetuación de la violencia que caracteriza el tráfico de drogas, y trabajando al mismo tiempo para reducir la demanda de drogas ilícitas. En este sentido quisiera resaltar los recientes esfuerzos por parte de los obispos católicos de Honduras y El Salvador, como ejemplos de cómo la Iglesia puede negociar el fin de la violencia de las pandillas entre cuyas actividades se encuentra el tráfico de drogas.
Sr. Presidente, abordar el impacto internacional de estos problemas requiere renovar nuestro compromiso, en primer lugar, con el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente de cada persona, sin excepción. Esto implica que, al analizar el tráfico de drogas, en concreto, y la agenda más amplia de la Organización de Estados Americanos, en general, siempre ponemos la protección de la vida humana en el centro de nuestros esfuerzos. El Derecho a la Vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, obliga a todos los Estados a proteger la vida humana, que, de hecho, es el recurso más precioso que tenemos. A pesar de ello, el aumento de los esfuerzos para socavar este derecho fundamental se manifiesta en muchos frentes, en particular, en la recomendación del segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belem do Pará, para la “interrupción legal del embarazo” la cual está en clara contravención, no sólo de la Convención Interamericana, sino también de las constituciones de muchos Estados miembros de la OEA. Hacer esfuerzos para proteger las vidas humanas de las drogas ilícitas mientras que a su mismo tiempo se está atacando a la vida humana inocente, en una etapa más vulnerable, representa una contradicción grave y menoscabo de la dignidad inalienable de todo ser humano.
A propósito de la resolución titulada “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género”, de y la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia”, la Santa Sede se une a la declaración de la Conferencia Episcopal de Guatemala, con la cual expresa su oposición a dichos documentos. La creación de nuevas categorías de no-discriminación, tal como de las protecciones sobre la base de la orientación sexual, y de la Identidad y expresión de Género, carece de definición en el contexto de la ley internacional, y busca eludir el debate político nacional mientras mina las tradiciones nacionales, legales culturales y/o religiosas de muchos Estados de la región. La Santa Sede reafirma que lo que se necesita es redoblar esfuerzos para defender los Derechos Humanos fundamentales inherentes a la dignidad humana, y enraizados en el orden moral natural, y no crear nuevas categorías de personas. Mi delegación, entonces, se une a las delegaciones que han expresado reservas, orales y escritas, a estos documentos.
Para concluir, Sr. Presidente, mi delegación espera sinceramente que nuestros esfuerzos durante este periodo de sesiones, y en el año próximo, sean útiles para que estos sentimientos se transformen en acciones concretas, de tal modo que esta organización y sus miembros sean un punto de referencia, expresión de fraternidad entre las naciones y los pueblos. Empezamos bien cuando hemos identificado con claridad cuáles son los retos que amenazan nuestro recurso más preciado, la persona humana, y cuando nos comprometemos en modo consistente y permanente a proteger ahora y siempre, este inmenso tesoro. Gracias Sr. Presidente.
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