Informe de daños en la 43 Asamblea General de la OEA

Ya hemos podido tener acceso a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la OEA en su 43 periodo de sesiones ordinarias. Gracias a Dios, y a la presión que realizamos, el daño fue mucho menor: Colombia no firmó ninguna de las dos convenciones que hubieran criminalizado la doctrina católica sobre la homosexualidad. Tampoco fue aprobada la resolución favorable al Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará, que presionaba a favor de la legalización del aborto.

El lunar de la asamblea, aparte de la elección de tres pro-aborto para la CIDH, José de Jesús Orozco, de México, Paulo de Tarso Vanuci, de Brasil, y James Cavallaro de los EE.UU., fue la aprobación de la Resolución ‘Derechos Humanos, Orientación Sexual, e Identidad y expresión de Género’, que introduce conceptos como “Identidad y expresión de género”, que no sólo carecen de definición en el Derecho Internacional, sino que lejos de circunscribirse a los actuales “LGBTI”, deja la puerta abierta como categoría de no-discriminación a cualquier comportamiento sexual, por aberrante que resulte. Afortunadamente, la resolución no crea ninguna obligación para los Estados, aunque si puede ser utilizada como instrumento jurídico para justificar demandas políticas. La resolución fue aprobada “por consenso”, aunque tuvo reservas por parte de Belice, Dominica, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Honduras, Saint Kitts y Nevis, Granada, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Surinam, Guyana y Guatemala.

Afortunadamente esta resolución no es vinculante, como si lo es la Convención Interamericana Contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, que ya firmaron Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Brasil y Argentina, donde la única forma para evitar que se vuelvan vinculantes, es que los congresos de esos países no la ratifiquen. De todos modos, es fundamental que estemos alerta ante cualquier intento de la diplomacia colombiana por firmar esa convención. Es de recalcar el hecho de que ni siquiera países tan comprometidos con el homosexualismo político con EE.UU. o Canadá, quisieron firmar la Convención.