2018: un año de elecciones ¿Qué tanto está en juego?

Este año estará atravesado por las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Es un hecho. Toda la primera mitad estará consumida por la campaña electoral, y la segunda mitad del año está sumida en incertidumbre pues depende irremediablemente del resultado de aquellas. Muchos estarán acostumbrados a ver que las elecciones van y vienen sin que nada cambie en el país. No obstante, cuando se evalúa las agendas que se ponen a prueba en las próximas elecciones, se ve que en esta oportunidad es mucho más lo que está en juego que en la mayoría de las elecciones anteriores.

En primer lugar, todos están de acuerdo en que el debate central estará en la implementación de los acuerdos con las FARC. Lo primero que tendrán que tener presente los votantes es que votar por un candidato que defiende la implementación de los acuerdos (Fajardo, Petro, De la Calle, Timochenko) será darle a la agenda de las FARC la victoria irreversible que no tuvieron el 2 de Octubre de 2016. La victoria de cualquiera de los candidatos del SI, sin importar su color político o talante personal, significará necesariamente la consolidación del “régimen de transición” que las FARC anunciaron que convierte lo firmado en los acuerdos en la agenda de transformaciones a nivel político, económico y social que gobernará al país durante los siguientes años.

Ahora bien, esto no significa necesariamente que votar por alguno de los candidatos que rechazan los acuerdos nos vaya a librar automáticamente del régimen bolivariano que inauguró Juan Manuel Santos. La pelea por revertir la agenda de La Habana no será fácil y el presidente que la quiera dar necesitará el apoyo del Congreso y de la sociedad civil para enfrentar el aparato institucional, mediático e internacional que se ha ido construyendo alrededor de los acuerdos. Asumir una posición conciliadora, de no derogar los acuerdos sino reformarlos, seguramente terminará conduciendo a la consolidación de lo pactado mientras su implementación simplemente se postergue por un tiempo, en virtud de mecanismos como la Comisión de Verificación o la Justicia Especial para la Paz.

Por otra parte, en cuestiones de vida y familia el lobby progresista ve en estas elecciones la oportunidad de dar el gran golpe de gracia en Colombia. En 2014 advertimos que de ganar Juan Manuel Santos se ampliaría el aborto, se legalizaría el “matrimonio” y la adopción homosexual, y se impondría la “educación en derechos sexuales y reproductivos” así como la ideología de género en los colegios. No sólo acertamos en todo esto, sino que el gobierno Santos, representado en el ateo recalcitrante Alejandro Gaviria, de paso legalizó la eutanasia y el consumo de marihuana, y autorizó el cambio legal de sexo por vía notarial. El gobierno Santos ha sido el gran apogeo del lobby anti-vida y anti-familia, que ha triunfado en todo aquello que ha querido, con apenas una excepción: En agosto de 2016, debido a la masiva manifestación de docentes y padres de familia, y valga mencionar, a la proximidad del plebiscito sobre los acuerdos de La Habana, el gobierno Santos tuvo que frenar la implementación de la Ideología de Género en los colegios.

La implementación quedó suspendida, no cancelada, y del resultado de las elecciones de mayo dependerá que se reanude o no. La irrupción del lobby homosexual en las aulas de clase para separar a los hijos de sus padres y adoctrinándolos según su ideología es la cereza del pastel que consolidará todos los exabruptos jurídicos que la Corte Constitucional ha regalado al país y que sin embargo no han conseguido hacerle cambiar su forma de pensar. Y tratar de impedir este golpe de gracia contra la institución familiar parece ser aún más dificil, viendo la baraja de candidatos a la presidencia. Pues si respecto a los acuerdos con las FARC existen dos bandos de candidatos más o menos definidos, en los temas de vida y familia, hasta dentro del conservatismo y el uribismo hay quienes defienden mantender y consolidar la agenda del lobby homosexual (Iván Duque y Marta Lucía Ramírez).

Viendo todo lo que está en juego, no parece una situación tal en la que los católicos puedan darse el lujo de abstenerse de ir a las urnas. Valga recordar lo que al respecto mencionaba el Papa Pío XII “Pesada es, en consecuencia, la responsabilidad de todo el que –hombre o mujer– goza del derecho político del voto, sobre todo cuando los intereses religiosos están en peligro: en este caso, la abstención es, de por sí, sépanlo bien, un grave y fatal pecado de omisión. Por lo contrario, hacer uso y buen uso de este derecho, es trabajar con eficacia por el verdadero bien del pueblo, es obrar como leales defensores de la causa de Dios y de la Iglesia.” (Alocución Vous vous présentez)