Reproducimos el siguiente artículo del periodista Eduardo Mackenzie, publicado originalmente en el Periódico Debate.
Hay una fuerte persecución contra los católicos y, en general, contra los cristianos de Colombia. Esa persecución, que puede llegar a concretizarse en muertes violentas, amenazas y expulsiones forzadas de los territorios, es poco conocida en el exterior e incluso en las ciudades colombianas aunque ese fenómeno se amplía como una mancha vergonzosa por todo el país, sobre todo en las regiones rurales, apartadas o no.
La prensa de las capitales poco informa al respecto y las autoridades departamentales y municipales, y los jueces respectivos, no se muestran muy inclinados a investigar y sancionar ese tipo de crímenes. No obstante, se trata de una persecución real, sistemática, violenta y hasta bárbara.
Esa calamidad nacional es invisible pues muchas de las víctimas sufren o padecen en silencio, y se hallan casi siempre en regiones alejadas de Bogotá. Y porque los actores violentos, sobre todo las bandas comunistas (FARC, ELN, EPL), quienes durante décadas han perseguido y asesinado sacerdotes, pastores, monjas y misioneros católicos y protestantes por razones ideológicas, hacen todo lo posible por camuflar ese tipo de delito.
En septiembre pasado, el Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, héroe del rescate del Palacio de Justicia de Bogotá que había sido asaltado e incendiado por una banda castrista el 6 de noviembre de 1985 --donde mataron 33 magistrados, 11 miembros de la fuerza pública, 7 empleados--, le envió al Papa Francisco, en vísperas de su visita a Colombia, una carta abierta en la que le explica cómo en Colombia hay centenas de víctimas cristianas de la violencia marxista. La carta incluye una detallada lista de algunos “casos documentados de sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica asesinados” por las bandas narco-comunistas, así como algunos casos de crímenes cometidos por esa gente contra pastores y misioneros no católicos.
Ese documento cita los nombres de 20 sacerdotes asesinados entre octubre de 1989 y julio de 2017. Describe, en el mismo periodo, los casos de 11 sacerdotes secuestrados, 2 torturados, 4 heridos, 2 amenazados de muerte y 6 expulsados de sus parroquias. Allí indica igualmente que, según el Consejo Evangélico de Colombia, en los últimos diez años, fueron asesinados 133 pastores evangélicos. El Coronel Plazas cita las cifras de la Conferencia Episcopal. Esta dice que, entre 1984 y 2017, 83 sacerdotes fueron asesinados, entre ellos un arzobispo y un obispo. Agrega que en ese periodo otros 17 obispos y 52 sacerdotes fueron amenazados. En sólo 2013, tres sacerdotes fueron asesinados y cinco obispos, 27 sacerdotes, un misionero y un diácono fueron secuestrados. El informe señala que 58 iglesias fueron atacadas o destruidas por esas bandas.
Fuera de esa atroz persecución hay en Colombia otras formas de presión anticatólica, sobre todo en el terreno político-electoral. Los grupos de laicos católicos y cristianos que rechazan, como tantos otros sectores, lo pactado en La Habana por el gobierno de JM Santos y las FARC, y que fueron un factor central del rechazo de tales pactos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, y que jugaron después un gran papel en las manifestaciones anti FARC y anti ideología de género de 2017, son objeto ahora de maniobras para marginarlos de la participación política. Sus voceros, activistas y candidatos son acusados de ser “ultraconservadores”, “homófobos” y “retrógrados”.
Para indicar que su persecución contra la Iglesia Católica seguiría sin descanso, las FARC proyectaron, el 2 de septiembre de 2017, el símbolo de su brazo político sobre la catedral primada de Colombia, durante un mitin nocturno, lo que desató una ola de protestas en todo el país. El presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, Monseñor Pedro Mercado, calificó esa proyección como un “acto de violencia ideológica e irrespetuosa provocación”. Sin embargo, desde entonces la presión para aislar y desalojar a los católicos de la campaña electoral se ha intensificado.
Un candidato presidencial, Alejandro Ordoñez Maldonado, ex procurador general de la nación, ex miembro del Partido Conservador, del que se retiró en vista del apoyo que sus directivas ofrecían al gobierno de Santos, es objeto de una muy organizada campaña hostil. Las facciones seguidoras del presidente Santos y las organizaciones de izquierda, comunistas y verdes que respaldan al gobierno y a las FARC y son adictas al relativismo moral, a las falsas innovaciones morales de la época, como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y el lobby LGTBI, están en plena ofensiva para impedir que el célebre jurista logre registrar su candidatura y sea elegido candidato de una vasta coalición de centro-derecha que pueda ganar la elección presidencial de mayo de 2018. Para los sectores que buscan la continuidad de la política pro-FARC de Santos, Ordoñez es la mayor amenaza.
El eje de la campaña anti Ordoñez, el único candidato presidencial que se declara católico y defensor de la vida, es simple: destruir su buena reputación mediante la calumnia. La técnica consiste en lanzarle apelaciones infamantes como “extremista”, “reaccionario” y “homófobo”. Pero tales esfuerzos no parecen mellar la determinación del ex procurador, ni la de los electores. En sólo cinco meses de viajes y mítines por el país, Ordóñez recogió más de dos millones 200 mil firmas de respaldo. El espera que al superar con creces la cifra que exige la ley para tal inscripción, la autoridad electoral registre oficialmente su candidatura presidencial y pueda él participar en la consulta inter-partidaria de marzo.
Esos éxitos acrecentaron la furia de la izquierda pero también la de editorialistas que militan en el partido uribista, que esperan reconquistar la presidencia de la República con Iván Duque, un candidato que se dice “de extremo centro”. Alfonso Monsalve, escribió, en efecto, un violento artículo en el portal web Debate, el que, sin mencionarlo, acusa a Alejandro Ordóñez de todo. Dice que “hay gente de derecha que se asume como del Centro Democrático (…) que cree que [la política] consiste en asumir el clericalismo político, es decir, la necesidad de tener un estado confesional, en nuestro caso, cristiano”.
Ese estado, según Monsalve, sería “excluyentemente católico, o excluyentemente cristiano”. El estima, además, que Ordóñez quiere “imponerle sus creencias a los demás por la fuerza” y que él “apela exclusivamente al sentimiento religioso para ganar las elecciones”.
El exaltado redactor está convencido de que Ordóñez “una vez en el poder [comenzará] a imponer sus concepciones sobre la vida, el cuerpo y lo que [él entiende] por buenas costumbres”.
Su delirio llega al extremo de sugerir que si Alejandro Ordóñez gana la presidencia de la República, lo que sigue es la guerra civil. Pues en ese gobierno los católicos, según Monsalve, “perseguirán a los protestantes” y a otras religiones. La conclusión es grandilocuente: con Ordóñez “la violencia estará servida”.
En ese sartal de mentiras y postulados falsos no podía faltar la advertencia fingida contra el autoritarismo: Ordóñez va a imponer una “verdad oficial” de obligatorio cumplimiento “sobre la familia y la sexualidad”, entre otras cosas. Pues para Alejandro Ordóñez, según el cronista uribista, “no hay una moral social distinta a la religiosa que profesa”, ni puede haber “una ética pública ni una política de estado que no se reglen” (sic) por la religión cristiana.
Ese esfuerzo de deformación de la personalidad y del ideario político de Alejandro Ordóñez no se explica por la sola confrontación izquierda-derecha, ni centro-derecha. Es algo que va más allá y que muestra hasta dónde puede llegar el odio anticatólico, incluso en formaciones políticas como el Centro Democrático que no había insultado hasta ahora así a sus aliados y que, por el contrario, había trabajado armoniosamente con Ordóñez durante la campaña por el No antes del 2 de octubre de 2016. Hasta hoy muchos veían al CD como una formación de derecha popular dirigida por un ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, que no ocultó jamás su catolicismo y su respeto por las creencias políticas y religiosas ajenas.
Ese partido parece ser cosa del pasado. El nuevo CD tiene una cara dura y sectaria. En el texto de Monsalve, no cuestionado por nadie hasta ahora, hay como una declaración de guerra contra una de las personalidades conservadoras del país que tienen más opción para capitalizar el enorme descontento popular por la capitulación del gobierno de Juan Manuel Santos ante las FARC. Pues las ambigüedades del candidato Duque sobre los acuerdos de La Habana y sobre ciertos valores de izquierda, suscitan recelos en el seno del CD. La perorata de Monsalve también apunta, por alusión, contra el ex ministro conservador, vicepresidente del CD, Fernando Londoño Hoyos, director del popular noticiero La Hora de la Verdad, cuando amonesta a “ese sector de la derecha [que] desde una tribuna radial o un portal pretende dividir al Centro Democrático”. Increíble.
Así va el partido uribista, el mismo que se presenta como “incluyente” y “unitario” y como vencedor sin necesidad de nadie más de la elección presidencial de mayo próximo.
El artículo de Monsalve contiene otros errores, como su valoración del pensamiento de Karl Popper. Monsalve ignora que uno de los primeros filósofos liberales en erigirse contra el relativismo moral fue Popper. Él decía que esa postura “es la amenaza más grave que planea sobre nuestra civilización”. La moral del todo se vale, todo es relativo, todo es civilización, todo depende de la época, como las entidades políticas que Alejandro Ordóñez critica, debe ser repudiada por los bloques de opinión que ganaron el plebiscito. Monsalve no entiende que la sociedad abierta de Popper supone el triunfo de la verdad discernible sobre la verdad relativa, “verdad” donde todo vale y todo cabe, desde el colectivismo marxista hasta las libertades “burguesas”. Pero eso será tema de otro artículo.
@eduardomackenz1
3 de enero de 2018
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