Transcribo una columna de Salud Hernández-Mora en El Tiempo.
Un puñado de fundamentalistas nos quiere imponer sus criterios. Solo porque creen tener la verdad revelada y porque muchos de quienes opinan en los medios de comunicación están de su lado tenemos que agachar la cabeza y seguir sus preceptos.
Para su religión, es legítimo que magistrados de la Corte Constitucional dicten sentencias conforme a sus ideas, abusando de su toga, y que prediquen en público que su fin sagrado es transformar la sociedad para ajustarla a su modelo. Es legítimo, claro está, siempre y cuando sigan su línea de pensamiento, es decir, si apoyan el aborto libre, por poner un ejemplo.
En ese caso sí está permitido que los magistrados extralimiten sus funciones, que antepongan sus criterios personales a los jurídicos y que los fallos vayan más allá de lo incluido en la Carta Magna.
¿Que la despenalización del aborto solo está aprobada en tres supuestos concretos y los fundamentalistas quieren ampliarlo a todos los casos, en todas las circunstancias? No hay problema. Dictan sentencias que se ajusten a esas aspiraciones, violando los preceptos.
El último show de la Corte Constitucional así lo refleja. En el reciente fallo donde obligan al Procurador y a dos de sus colaboradoras a rectificar un rosario de opiniones y medidas, pedir público perdón y mostrar arrepentimiento llegan al exabrupto de acusarlos de violar y amenazar, con sus actuaciones, "el derecho fundamental a la vida, a la salud física y mental, al libre desarrollo de la personalidad" de las mujeres colombianas.
Por lo tanto, si cumplen la muy peculiar sentencia (con imposición de tiempo límite -48 horas-, cuando ellos siempre exceden los plazos, no en horas sino en años), estarán confesando que conforman una banda peligrosa.
Al margen de más aspectos ridículos del fallo de la Corte -exigir que los procuradores solo llamen "píldora" a una "píldora abortiva" y nieguen sus inocultables efectos secundarios-, hay una cuestión de fondo clave: el derecho a la objeción de conciencia de la comunidad médica.
Según los fundamentalistas, solo pueden ejercerlo quienes trabajen en el sector privado. Un médico de hospital público o de centro sanitario que reciba algún dinero oficial estará, dicen, obligado a practicar un aborto. Tampoco dejan que cobije a instituciones. Si los jesuitas tienen su Hospital San Ignacio, les deniegan el derecho a rechazar unas prácticas que atentan contra sus fundamentos básicos.
Por lo expuesto, las dos procuradoras -personas serias, respetadas y honestas- no deberían aceptar que mintieron, tergiversaron, amenazaron y violaron derechos. Obvio que no pueden seguir en sus cargos sin acatar la sentencia, por sesgada que sea, pero sería indigno cumplirla. De ahí que hayan hecho bien en irse.
Lo del Procurador es otro cuento. Sabe que forma parte de la campaña por evitar reelegirlo, como demandarlo ahora por nombrar familiares de magistrados de la Corte Suprema, el roscograma tantas veces aquí denunciado. Me fascinaría asistir a una audiencia donde integrantes de dicha Corte o del Consejo de Estado lo juzguen por darles los puestos que ellos pidieron para los suyos.
Puestos a tener Procuraduría -yo suprimiría esa ía y dejaría que la Fiscalía asumiera sus competencias-, mejor que la presida un duro con carácter e independencia, como Ordóñez, que un esbirro del Gobierno o seducido por radicales.
NOTA. Por respeto al proceso de paz, aunque esté en desacuerdo, no comento las cínicas declaraciones de dos delegados de las Farc. Pero si el Gobierno quiere que no critiquemos, que les calle la boca y dejen de provocar a las víctimas e insultar nuestra inteligencia con sus hirientes y clamorosas mentiras.
Salud Hernández-Mora
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