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viernes, 14 de septiembre de 2012

Procurador General de la Nación: No rectifiquen las decisiones de la Procuraduría en materia de Aborto.

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Apoyamos todas las decisiones y acciones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, y sus Procuradoras Delegadas, Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño, en defensa del derecho a la vida de los niños por nacer y la protección de la familia.

La información que alerta sobre el aborto químico (Píldora del día después) es verídica y no debe ser rectificada. La protección de la vida está consagrada de manera inviolable en la Constitución y los tratados internacionales, de forma que la imposición de la Corte Constitucional viola la Constitución y la Ley.

La Procuraduría debe continuar cumpliendo su deber y garantizando el Derecho a la Vida y a la Objeción de Conciencia. La renuncia de las Procuradoras Delegadas ocasionada por la presión de la Corte Constitucional no debe ser aceptada y la Sala Plena de la Corte Constitucional debe revisar la decisión de la sentencia T-627 del 10 de Agosto de 2012 de la sala Octava de Revisión de Tutela.

Por esta razón suscribimos el siguiente comunicado:

COMUNICADO EN DEFENSA DE LOS DEFENSORES DE LA SOCIEDAD

La Red Futuro Colombia y las organizaciones ciudadanas de todo Colombia que promueven la defensa del Estado Social de Derecho y la garantía  la divulgación de la verdad sobre el respeto de los derechos humanos, la vida y la familia, manifiestan su apoyo total a la labor que realizan desde la Procuraduría General de la Nación el Señor Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado, y sus Procuradoras Delegadas Doctora María Eugenia Carreño y  Doctora Ilva Myriam Hoyos Castañeda. De igual forma comparten totalmente las afirmaciones que se han hecho en representación de la sociedad como Ministerio Público en sus intervenciones públicas y judiciales, las cuales se ajustan en todo a la verdad, y por tanto sustentan una posición legítima de las autoridades del Estado.  

Consideramos que las decisiones de la Corte Constitucional, señaladas en la sentencia T-627 del 10 de Agosto de 2012 de la sala Octava de Revisión de Tutela, compuesta sólo por tres Magistrados, son excesivas y arbitrarias.  La sentencia,  firmada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva,  es contraria a la constitución, la ley la jurisprudencia y las evidencias científicas sobre el aborto químico. 

Por este motivo, no podemos aceptar que se haga efectiva la renuncia de las Procuradoras delegadas que han cumplido su deber y pedimos que permanezcan en sus cargos,  pues  el debate judicial no ha concluido y las acusaciones que se han hecho son falaces. La decisión de esta tutela ignora muchas otras decisiones que sobre la  misma materia han expresado otros jueces en Colombia, como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia,  que archivó y desestimo las acusaciones en la investigación disciplinaria al Procurador sobre estos mismos hechos. Estas acciones en contra de la Procuraduria son promovidas por una organización extranjera, Womens Link World Wide,  a través de su representante en Colombia,  Mónica Roa.  Este tipo de acciones violan los propios estatutos de dicha organización, lo cual ha sido denunciado ante la Cámara de Comercio de Bogotá para cancelar su personería internacional en Colombia.

También denunciamos que  la decisión Tutela  T-627/12  se opone a muchas normas superiores y a las decisiones de otras autoridades judiciales y organismos internacionales,  como la Sección Primera del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura o la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que ordenan proteger la vida desde la concepción y que son opuestas a la decisión de la Sala de Tutela. 

La sociedad civil exige la intervención de la Sala Plena la Corte Constitucional para que revise y corrija los excesos de tres magistrados de sala de Octava de Revisión de  Tutela que ignoran de esta forma las normas Constitucionales, la ley y otras sentencias de la misma Corte Constitucional y autoridades. Se hace evidente que los mismos jueces de la República están debatiendo posiciones muy distinta a las señaladas por tres Magistrados de la Corte Constitucional.

Bogotá D.C. 14 de Septiembre de 2012.

 

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