El día de hoy, con la presencia de Medios de comunicación, fue presentado el estudio “El Costo de la Atención Postaborto y del Aborto Legal en Colombia” realizado por investigadores del Instituto Guttmacher, tanque de pensamiento de la multinacional abortista International Planned Parenthood Federation. Ya en mayo del 2012 un estudio liderado por el profesor Elard Koch expuso cómo las cifras del Instituto Guttmacher sobre aborto en Colombia (los supuestos 400.000 abortos al año) carecían de fundamento real, y por el contrario habían sido infladas artificialmente por lo menos unas 18 veces.
Este nuevo estudio sobre los costos al sistema de salud que tendrían los abortos practicados ilegalmente, no es fortuito, sino que se inscribe en una campaña del Lobby abortista por exigir un desmonte de los límites que la sentencia C-355 de 2006 estableció para la despenalización del aborto. Según los activistas pro-aborto, las condiciones con las cuales se verifica que la mujer que solicita el aborto se encuentre dentro de las tres causales (Demanda por violación, certificados médicos, etc.) constituyen “barreras” en la prestación del “servicio de IVE” (Recordemos que tal concepto pertenece al anulado Decreto 4444 de 2006).
De ahí que recomienden “que se eliminen las barreras para los servicios legales, y que se mejore la difusión de la información sobre criterios legales entre mujeres, jueces y personal médico”, pero además pretendan que “Los servicios de anticoncepción de alta calidad—incluida la consejería dirigida a mejorar la regularidad y efectividad del uso actual de anticonceptivos, así como un mayor acceso a la anticoncepción de emergencia—reducirán los embarazos no planeados y la necesidad que tienen las mujeres de recurrir al aborto” cuando según sus propios datos, los “embarazos no deseados” habrían aumentado del 52% en 1989, al 67% en 2008, no obstante la promoción abierta que el Estado ha hecho de la anticoncepción durante los últimos 20 años. Como se puede ver, detrás del estudio no hay más que un interés por canalizar más inversión hacia la industria que Planned Parenthood (Profamilia, en Colombia) controla.
Pero, dado el precedente, desmentido por el profesor Koch, tenemos también razones para desconfiar de los datos presentados por el Instituto. Un examen superficial del estudio confirma nuestras sospechas: La metodología usada en este caso usada por el instituto Guttmacher fue exactamente la misma que en 2011, carente de datos objetivos basados en hechos reales:
La metodología es una variante del “enfoque de componentes” (ingredients approach) para estudios de costos, y depende principalmente de datos provistos por informantes clave—proveedores de servicios de salud, que son expertos en aborto y atención postaborto; y que tienen conocimientos sobre la prestación de estos servicios en sus instituciones. En consecuencia, el método genera estimaciones confiables, más que valores exactos de los costos. (…) los informantes estimaron la proporción de pacientes de atención postaborto que en sus instituciones reciben tratamiento por cada tipo de complicación, la proporción de casos que son atendidos por cada tipo de proveedor de servicios de salud en sus instituciones, así como el número promedio de minutos que cada tipo de proveedor dedica a atender a la paciente en el transcurso del tratamiento (desde la admisión hasta que se les da de alta). (…) las personas entrevistadas estimaron la proporción de pacientes que recibe cada tipo de medicamento o suministro médico utilizado para tratar la condición, así como la cantidad de medicamento que usualmente se administra.
(…)
Número de casos de atención postaborto en 2012. Las más recientes estimaciones confiables del número de mujeres tratadas por complicaciones de aborto en instituciones de segundo y tercer nivel en Colombia son de 2008. Con el objeto de obtener estimaciones para 2012, se ajustaron las cifras de 2008 con base en la tasa de crecimiento poblacional entre 2008 y 2012 de mujeres de 15–44 años.
Como se puede observar, todo el estudio está basado en estimaciones hechas por personal seleccionado. No existen datos reales acerca del número de abortos practicados o de complicaciones por aborto atendidas, usados en este estudio. De hecho, resulta sorprendente que hayan insistido en la estimación, basada en el mito de los 400.000 abortos al año, siendo que el resultado, 102.000 mujeres atendidas por complicaciones post-aborto, supera en más de 10 veces el número de abortos que se practicarían al año según el Informe de seguimiento a la sentencia C-355 hecho por la Procuraduría General, el cual sí está basado en datos oficiales acerca del número de abortos practicados. Recordemos que según el Informe, entre 2006 y 2010 se habrían practicado en Colombia 4.710 abortos de manera legal, y unos 34.000 se habrían practicado ilegalmente, lo que da un total de 38.710 abortos en cuatro años. En resumen, el estudio no sólo presenta información imaginaria, sin otra fuente más que la percepción subjetiva de los entrevistados, sino que además es abiertamente contradictoria con la información disponible basada en hechos reales. Estamos ante un ‘publirreportaje’ de Planned Parenthood con el fin de hacer promoción de sus “servicios”, y si no lo denunciamos a tiempo, veremos a las instituciones públicas justificando políticas en fraudes como este.
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