El pasado 17 de septiembre, el periódico Ámbito Jurídico publicó una nota acerca de las demandas por “nacimiento erróneo”, conocidas en el mundo anglosajón como wrongful birth o worngful life. Estas demandas son presentadas bajo el argumento de que si se hubiera conocido la condición especial del niño antes de nacer, se le hubiera podido abortar legalmente. Como puede verse, esto va mucho más allá del supuesto “Derecho a decidir” que el lobby pro-aborto reclama, y pretende imponer la eugenesia a gran escala y establecer el aborto como fin natural de toda persona con condición especial.
Las demandas wrongful birth o worngful life, son presentadas generalmente por el menor hacia sus padres “para que estos le indemnicen los perjuicios que supuestamente ha padecido por el hecho de nacer con la mencionada discapacidad, sin que sus progenitores tomaran oportunamente la decisión de abortar”, o por los padres contra el médico por no haber detectado o informado sobre la anomalía, a tiempo para que estos pudieran abortar. Evidentemente, en estos casos lo que hay detrás es un interés puramente económico: tanto en un caso como en otro, lo que se busca es conseguir una indemnización vitalicia. Sin embargo, las implicaciones jurídicas de estas demandas, muestran el absurdo que se abre en la relativización del derechos a la vida con el aborto legal.
No es de extrañarse que sean los mismos promotores del aborto, la ONG Women’s Link Worldwide, quienes apoyen las maniobras argumentativas para estos absurdos:
En sentido similar se expresa Ariadna Tovar, abogada de la organización Women’s Link Worldwide: “El hecho del nacimiento en sí mismo no puede ser un perjuicio, pues se consideraría un ejercicio retroactivo de derechos. Así, se enfrentarían los derechos de la mujer gestante que decidió continuar con su embarazo, frente a los de alguien que sin nacer no puede disponer de derechos”, puntualiza
(…)
El punto de partida para las acciones wrongful birth es el reconocimiento de la titularidad de la madre como sujeto de derechos. “Es a través de ella que se garantiza el amparo jurídico de quien no ha nacido, ya que ningún instrumento de derechos internacional ha reconocido el derecho a decidir si se nace o no”, señala Tovar, al recoger los fundamentos del caso Artavia vs. Costa Rica, fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012.
Precisamente, “el hecho de nacer no es un perjuicio, sino el hecho de que esos defectos sean producto de la negligencia del profesional de la salud, al no informar de manera completa a la madre”, agrega.
Este absurdo jurídico, considerar como ‘error’ la existencia de una persona, no es más que la consecuencia natural de la mentalidad anticonceptiva de considerar “no deseados” a los niños por nacer. Las demandas por “nacimiento erróneo” demuestran las obviedades que el abortismo se empeña en tapar a toda costa: Que el niño en el vientre es la misma persona después de nacer. Cuando se considera la vida del otro como una “amenaza a mis derechos”, ya no importa que sea antes o después del parto, al fin y al cabo es la misma vida. Hablar de “embarazo no deseado” es etiquetar a una persona como ‘indeseable’ para toda la vida.
Como bien hace notar el autor del artículo, detrás de esto se encuentra el mismo utilitarismo que jurídicamente han introducido tras el concepto de “vida digna”, sobre la idea de que hay vidas que no merecen ser vividas. Hacer depender el valor de la vida humana de su utilidad práctica, “máximo nivel de bienestar”, lleva inevitablemente a revivir la eugenesia a gran escala. En los casos hasta ahora presentados, el resultado ha sido favorecedor para los demandantes pues han obtenido con ello indemnizaciones millonarias. No obstante, las mismas tesis esgrimidas por los demandantes podrían servirle a un juez para legalizar el infanticidio, llámese “aborto posparto” o “eutanasia infantil”. De todos modos, si la vida del otro es la que amenaza mis derechos, su muerte será la forma lógica de restituirlos.
Por último, el apoyo del lobby abortista a estas demandas no tiene otro propósito más que intimidar a los médicos obstetras, pues son estos quienes han tenido que indemnizar a los demandantes, para que estos se sientan presionados a proponer siempre el aborto en primer lugar, aún cuando haya dudas sobre la condición del niño por nacer. Gracias al aborto y la eutanasia, la profesión médica se ha vuelto irreconocible: una vez se ha obligado al médico a condicionar la vida del paciente a su utilidad subjetiva, es claro que el juramento hipocrático será desechado como “una reliquia de tiempos bárbaros”.
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