En su columna semanal de El Espectador, la profesora Catalina Uribe critica el pronunciamiento de Mons. Juan Vicente Córdoba en que anunció que si el gobierno insiste en obligar a las instituciones de salud a practicar la eutanasia, la Iglesia se verá obligada a cerrar todos sus hospitales. La columna entera está planteada sobre una falacia tal, que nos lleva a pensar si la columnista conoce la postura de la Iglesia sobre la eutanasia, o si siquiera sabe lo que es la eutanasia.
El núcleo del argumento de la columnista se encuentra en el tercer párrafo del artículo:
La Iglesia, al oponerse a la buena muerte, está impidiendo que la vida siga su curso. Si dios existe y nuestra vida le pertenece, habría que pensar que tal vez en ciertos casos es esta fuerza superior quien nos reclama. ¿A qué juega la religión cuando le pide a la ciencia que prolongue la vida en condiciones que la más básica piedad impediría? A veces parecería que no es la ciencia la que juega a ser dios, sino la misma Iglesia.
La Iglesia jamás ha pedido que se prolongue la vida artificialmente. Antes por el contrario, la Iglesia reconoce como moralmente lícito que el paciente renuncie al uso de medios terapéuticos “desproporcionados”, es decir, que sean excesivamente costosos o peligrosos o que no ofrezcan esperanzas reales de mejoría. Esto, que es justamente “permitir que la vida siga su curso”, nada tiene que ver con la eutanasia, que es el homicidio del paciente a manos del médico. En la eutanasia no es “una fuerza superior” la que reclama la vida del hombre, sino el médico que a través de una inyección letal ciega la vida que juró proteger.
La eutanasia es un crimen, y cuando el Ministerio de Salud pretende obligar a las instituciones a practicarla, está forzando a los médicos y al personal del hospital en general a convertirse en cómplices de este. Al negar la posibilidad de que las instituciones objeten la práctica, el gobierno pone a los hospitales de la Iglesia entre la espada y la pared, pues o renuncian a sus principios institucionales y a se suman al delito, o incumplen con la resolución y se atienen a las sanciones que el gobierno les quiera imponer. Con esta resolución el gobierno está emprendiendo una persecución abierta contra la Libertad Religiosa de las instituciones de salud de la Iglesia al pretender obligar a los fieles a pecar.
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