El gobierno nacional, representado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, ha expedido el decreto 1227 de 2015, por medio de cual reglamentan el trámite para que quien lo desee, pueda cambiar en su registro civil el sexo por uno distinto del que fue registrado al nacer. La Corte Constitucional ya ha venido fallando varias tutelas para obligar a la Registraduría a realizar el cambio, pero hasta ahora el cambio sólo se podía hacer por orden judicial.
En la nueva reglamentación, sólo se requiere solicitar una escritura pública ante Notario con una declaración juramentada de que se quiere modificar el registro civil en ese sentido. “La declaración hará referencia a la construcción sociocultural que tenga la persona de su identidad sexual” dice el decreto, y a la vez prohíbe cualquier otro requisito o prueba adicional, con lo cual ni siquiera es necesario que la persona se haya sometido a tratamientos hormonales, mutilación genital o acostumbre travestirse, basta con decir que quiere ser registrada como del sexo contrario. Relativismo en estado puro. Pero para mantener las apariencias, el gobierno pone como restricciones que la inscripción sólo pueda corresponder a los sexos masculino y femenino, la modificación sólo se podrá hacer hasta dos veces, y nunca en un plazo menor a 10 años.
La situación no podría ser más orwelliana: El supuesto “cambio de sexo” es un absurdo en sí mismo, y por esta misma razón, sus autores pretenden utilizar la capacidad coercitiva del Estado para obligar por la fuerza a toda la sociedad a sumarse a este absurdo. No importa que la pared sea blanca, si el Estado te dice que es negra, pues te callas y obedeces, que al Gran Hermano no le gusta que le recuerden la realidad.
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