Esta mañana, en un acto protocolario, el presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, por el cual reglamenta la Ley 1620 sobre convivencia escolar en que fusionaron un ley contra el matoneo escolar, con el mico de los ‘Derechos Sexuales y reproductivos’. Así, la ley quedó convertida en un caballo de Troya de la agenda pro-aborto, convirtiendo en ‘derecho’ el inicio de vida sexual por parte de menores de edad.
El decreto se concentra en desarrollar el funcionamiento de los comités de convivencia escolar y la ruta de atención integral a los casos de matoneo. Sin embargo, mantiene los “Derechos sexuales y reproductivos” como parte del ejercicio de los derechos humanos, y además agrega la “perspectiva de género” como lineamiento en los programas de convivencia escolar.
El concepto de “Derechos sexuales y Reproductivos” ha sido utilizado por la Industria abortista internacional para tratar de forzar la legalización del aborto en los países donde es ilegal. Aunque internacionalmente no existe ninguna definición legal de ese concepto que vaya más allá de los derechos que cada país ya haya reconocido, el lobby abortista, junto con gobiernos como el de Barack Obama en los EE.UU., ha tratado de conseguir, sin éxito, la inclusión del “derecho al aborto” en los DSyR. También organizaciones como Planned Parenthood han tratado de influir en la burocracia de organismos internacionales de Derechos Humanos para que se interpreten los DSyR de forma tal que socaven la tutela de los padres sobre su hijos.
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